Efraín Núñez / La Jornada de Oriente
El Tribunal de Justicia Administrativa del estado determinó multar e inhabilitar para ocupar cargos públicos al ex alcalde panista Eduardo Rivera Pérez por presuntas faltas administrativas graves. El ex edil anunció que impugnará el fallo, al considerar que tiene un trasfondo político por coincidir con el inicio del proceso electoral de 2027, y sostuvo que es inocente de las acusaciones.
Hasta ahora no se conoce con exactitud la falta específica que se le imputa a Rivera Pérez. Lo único que se sabe es que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó presuntas irregularidades administrativas en la cuenta pública de 2022.
Otra posibilidad que se ha mencionado es que la sanción esté relacionada con un procedimiento por un presunto nombramiento irregular en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El Tribunal de Justicia Administrativa no informa públicamente sobre sus fallos. No obstante, trascendió que la sanción económica asciende a 5 millones de pesos y que la inhabilitación para ocupar cargos públicos sería de 15 años.
Mediante un comunicado, el ex alcalde panista afirmó que recibió una resolución «no definitiva» del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
«Quiero ser muy puntual: la administración que encabecé siempre se condujo con estricto apego a la legalidad. En esta resolución, se me señala por un supuesto abuso de funciones que no fue acreditado y no hay ninguna acción que se le pueda atribuir a mi persona», señaló.
El ex munícipe subrayó que, aunque no se le acusa de un mal manejo de recursos públicos, el objetivo es claro: «quieren multarme e inhabilitarme injustamente». Sostuvo que la resolución no es definitiva, por lo que será impugnada ante las instancias correspondientes.
Destacó que la determinación coincide con el inicio del proceso electoral de 2027, por lo que consideró legítimo cuestionar sus implicaciones políticas.
«Esta acusación se suma a la actuación de la Contraloría Municipal del mes de mayo y constituye un ataque sistemático en mi contra. Atenderé estos señalamientos con pruebas y de frente; exigiendo un proceso justo, imparcial y apegado a derecho», expresó.
En la revisión de la cuenta pública de 2022 de la administración de Rivera Pérez, la ASE detectó anomalías relacionadas con la venta de vehículos chatarra, la compra de box lunch, la organización de una carrera y la contratación de equipo de sonido y baños portátiles.
Asimismo, trascendió que el tribunal también habría impuesto una inhabilitación de 10 años y una multa de 10 millones de pesos a Bernardo Arrubarrena García, quien fue secretario de Administración durante el trienio de Rivera Pérez.
Fuente: La Jornada