Por Luis Soriano Peregrina / Voz Ciudadana
En la conversación pública sobre corrupción, las cifras suelen imponerse a las personas. Se habla de millones observados, contratos, facturas y expedientes. Sin embargo, cada peso público tiene un destino que debe poder explicarse y, en última instancia, relacionarse con una necesidad colectiva. Por eso la fiscalización municipal no es solo un ejercicio contable: también es una condición para proteger derechos y servicios.
El 30 de octubre de 2026, la Auditoría Superior de la Federación presentó la segunda entrega de resultados sobre la Cuenta Pública 2025. Su portal oficial registra 374 informes individuales en esta entrega. La cobertura incluye 42 auditorías municipales y alcaldías. En la presentación del auditor, reportada por La Jornada, se informó que lo que se refiere a los estados de la República, dijo, “se registraron más de mil 200 mdp pendientes de aclarar, principalmente en los sectores educativo y de salud”. En ese marco, resaltó que “antes de la conclusión de nuestras revisiones, las entidades federativas reintegraron mil 132 millones de pesos, principalmente Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California” y que más de 5 mil 200 millones de pesos quedaron pendientes de aclaración en esas revisiones municipales; el total de recursos por aclarar en la entrega superó los 9 mil millones. Aquí la nota https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/10/30/politica/asf-encontro-mas-de-9-mil-mdp-por-aclarar-en-la-cuenta-publica-2025.
La precisión importa. “Pendiente de aclaración” no significa, automáticamente, que el dinero se robó. Puede haber documentación incompleta, registros que deben conciliarse, recursos por reintegrar u otras situaciones que deben resolverse mediante el procedimiento de fiscalización. Afirmar un delito antes de que exista una determinación sería injusto y jurídicamente irresponsable. Pero tampoco debemos minimizar la señal: si una autoridad no puede mostrar con claridad el destino de fondos públicos, la ciudadanía tiene motivos para exigir explicación, seguimiento y resultados.
La relevancia municipal nace de la proximidad. El gobierno local es, para muchas personas, la cara más inmediata del Estado. Una calle sin reparar, una red de drenaje inconclusa, la falta de alumbrado o la recolección irregular de residuos forman parte de la experiencia diaria de seguridad, salud, movilidad y dignidad. La fiscalización no demuestra por sí misma que una falla de servicio se haya producido por corrupción; sí permite preguntar si el gasto cumplió su propósito y si existe una ruta para corregir lo que no funcionó.
El contexto comparado refuerza la necesidad de atender el problema sin exagerar lo que miden los indicadores. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, México obtuvo 27 puntos sobre 100, frente a un promedio de 42 para las Américas. Colombia obtuvo 37 y Brasil, 35. El índice reúne percepciones sobre corrupción del sector público con base en distintas fuentes; no contabiliza pérdidas presupuestales ni prueba casos individuales. Su valor está en ofrecer una comparación sobre el entorno de integridad y rendición de cuentas. La distancia respecto del promedio regional invita a fortalecer instituciones confiables y verificables.
La confianza pública también depende de los servicios. La encuesta de la OCDE sobre instituciones en América Latina y el Caribe reportó que 40 por ciento de las personas consultadas estaba satisfecha con los servicios de salud y 50 por ciento con la educación; solo 31 por ciento consideraba probable que las personas servidoras públicas rechazaran un soborno. Son promedios regionales, no cifras nacionales mexicanas. Aun así, revelan un vínculo importante: la integridad pública y la experiencia concreta de recibir servicios están conectadas en la percepción ciudadana.
La primera respuesta debe ser preventiva. Publicar contratos, modificaciones, proveedores, avances físicos y pagos en formatos que se puedan comparar reduce espacios de opacidad. La vigilancia no debe depender únicamente de auditorías posteriores: cada proyecto necesita evidencia desde su inicio, responsables identificables, criterios de calidad y mecanismos para detectar retrasos o cambios de costo. En municipios con recursos técnicos limitados, la federación y los estados pueden ofrecer plataformas comunes, capacitación y acompañamiento; exigir controles sin brindar herramientas solo produce trámites de papel.
La segunda respuesta es reaccionar a tiempo. Ante una observación, las autoridades deben conservar documentos, inspeccionar obras y servicios, pedir aclaraciones dentro de plazos públicos y remitir indicios a las instancias competentes. La investigación debe ser independiente y respetar el debido proceso. La ciudadanía necesita conocer el estatus: qué se observó, qué respondió el ente fiscalizador y qué resolución se tomó. La rendición de cuentas no sirve si el hallazgo queda suspendido en un lenguaje técnico que nadie puede consultar.
La tercera es acompañar a las comunidades. Las personas usuarias de un servicio pueden aportar información que no aparece en una factura: una obra que no opera, un equipo que nunca llegó, una calle que se reporta como terminada, pero sigue intransitable. Deben existir canales accesibles y seguros para comunicarlo, con protección frente a represalias y respuesta institucional verificable. La participación ciudadana no reemplaza la auditoría profesional; la complementa con conocimiento del territorio.
La cuarta respuesta es reparar y reincorporar. Si una irregularidad comprobada dejó a una comunidad sin infraestructura o servicio, resolver el expediente no basta. Hay que restablecer la prestación, terminar o corregir la obra, recuperar los recursos que legalmente correspondan y atender el impacto sobre la vida cotidiana y productiva. Para medir el éxito hacen falta dos tableros: uno financiero —aclaraciones, reintegros, responsabilidades y tiempos— y otro social —servicios restablecidos, proyectos concluidos y afectaciones atendidas—.
La continuidad administrativa es igualmente urgente. Cada cambio de gobierno debe asegurar la entrega de contratos, bitácoras, comprobantes, inventarios y bases de datos en sistemas respaldados. Los archivos no son propiedad de una administración: son parte de la memoria pública y de la capacidad de saber qué se hizo con el presupuesto. Un expediente completo protege el patrimonio colectivo y también a las personas servidoras públicas que actuaron correctamente.
Los 5 mil 200 millones pendientes de aclaración son una señal que merece seguimiento y precisión, no un veredicto anticipado. El debate debe evitar dos errores: llamar culpable a quien aún debe responder y aceptar que las dudas permanezcan sin respuesta. Fiscalizar es abrir la puerta a la verdad administrativa; sancionar requiere pruebas y debido proceso; reparar exige mirar a las personas afectadas. La integridad municipal alcanza su propósito cuando el dinero público puede seguirse hasta convertirse en servicios dignos, y cuando la población puede exigir que se corrija lo que no llegó a destino.
+ OPINIÓN: Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor