Martín Hernández Alcántara / La Jornada
Organizaciones sociales vinculadas desde hace años con la defensa del agua y el saneamiento de la cuenca del río Atoyac cuestionaron la realización de una nueva semana de actividades ambientales convocada por instituciones federales, estatales y académicas, al considerar que nuevamente quedaron fuera grupos de Puebla que han denunciado la contaminación y planteado propuestas para enfrentarla.
La semana de ponencias y actividades, denominada Política Ambiental Nacional y Procesos Globales, está programada a partir de este lunes 7 de septiembre y es convocada por El Colegio de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las secretarías de Medio Ambiente de Puebla y Tlaxcala, la BUAP y El Colegio de Puebla. Para el martes 8 está previsto abordar las acciones para el saneamiento de la Cuenca Alta del Atoyac mediante ponencias y recorridos.
Sin embargo, la Asamblea Social del Agua, la Colectiva por el Bienestar Social, la Demanda Colectiva por el Saneamiento del Atoyac, Iniciativa Puebla por el Atoyac y las Contralorías Sociales del Agua reprocharon que en el programa no aparezcan organizaciones poblanas que han acompañado durante años las denuncias por deterioro ambiental y afectaciones a la salud.
“Están ausentes, nuevamente, los grupos de Puebla”, señalaron las organizaciones, que sostienen que han sido excluidos actores que no sólo han denunciado la degradación de la cuenca, sino que también han formulado propuestas técnicas y sociales para atenderla.
Los colectivos también cuestionaron que los recorridos previstos para el miércoles 9 se realicen únicamente en Tlaxcala. Desde su perspectiva, las acciones que se mostrarán durante esas visitas no están dirigidas al origen principal del deterioro del Atoyac, pues consideran prioritario contener las descargas de los mayores contaminadores.
En el pronunciamiento advierten que se estarían privilegiando “acciones puntuales y secundarias” en lugar de concentrar los esfuerzos en detener las descargas que generan la mayor parte de la contaminación.
Incluso calificaron el encuentro como “un foro más” y acusaron que este tipo de ejercicios pueden servir para encubrir la falta de acciones de fondo y la canalización de recursos a proyectos de menor impacto frente a lo que consideran una emergencia ambiental y sanitaria.
Las organizaciones utilizan una expresión particularmente severa al referirse a la situación de la cuenca: la califican como “un verdadero ecocidio y un desastre para la salud humana”.
62 descargas concentrarían 94 por ciento de los contaminantes
Como parte de sus críticas, los colectivos retomaron las propuestas que difundieron desde octubre de 2025 en el documento Atacar las causas antes que los efectos.
El primer punto es concentrar la estrategia de saneamiento del Atoyac en las descargas que aportan la mayor cantidad de contaminantes. De acuerdo con las cifras de Conagua citadas por las organizaciones, existen 418 descargas identificadas en la cuenca, pero sólo 62 representarían 94 por ciento de los flujos contaminantes.
De ese grupo, 40 serían descargas municipales y 22 corresponderían a empresas. Los firmantes proponen instalar sistemas modernos que permitan monitorear en tiempo real estas emisiones y que la vigilancia incluya también participación de vecinos y comunidades.
Dentro de esas fuentes, colocan en primer lugar las descargas correspondientes al municipio de Puebla operadas por Concesiones Integrales/Agua de Puebla. De acuerdo con el documento, durante el estiaje representarían alrededor de tres cuartas partes del derrame total hacia los ríos, equivalente a unos 3 mil litros por segundo.
El segundo punto crítico, según el pronunciamiento, corresponde a las 22 descargas procedentes de conglomerados industriales, en las que identifican principalmente sustancias químicas nocivas y metales pesados.
También mencionan descargas municipales de demarcaciones como San Martín Texmelucan y Huejotzingo, así como vertimientos domésticos y de pequeñas industrias que llegan directamente a los ríos integrantes de la Cuenca Alta del Atoyac.
Piden reparar plantas existentes antes de construir otras
Otro de los planteamientos es aprovechar y rehabilitar las plantas de tratamiento ya disponibles en lugar de abandonarlas para sustituirlas por nueva infraestructura.
Las organizaciones ponen especial énfasis en la planta de San Francisco, a la que atribuyen una capacidad de tratamiento de mil 500 litros por segundo. Cuestionan la decisión de suprimirla y sostienen que existen otras instalaciones construidas como parte del proyecto original de saneamiento que podrían ser aprovechadas.
Respecto de San Francisco, los colectivos plantean incluso la sospecha de que el cierre pudiera estar relacionado con el valor inmobiliario de los terrenos donde se encuentra la infraestructura.
En su documento señalan que cerrar la planta “no parece tratarse de un procedimiento de corrección ambiental y de la salud humana” y sugieren que podría existir un interés económico vinculado con la plusvalía del predio. Se trata, sin embargo, de un señalamiento formulado por las organizaciones, sin que en el documento se presenten pruebas adicionales sobre una eventual operación de venta de los terrenos.
Atacar las causas antes que los efectos”
La propuesta central de las agrupaciones consiste en invertir el orden que, aseguran, se ha seguido durante años en los programas de recuperación del río.
Consideran que primero deben reducirse las fuentes que generan la contaminación y después atender sus consecuencias mediante plantas de tratamiento, reforestación, limpieza y otras acciones ambientales.
“Primero se deben reducir al máximo las causas de la contaminación antes que paliar sus efectos”, sostienen en el pronunciamiento.
Desde su perspectiva, el criterio de avanzar “de arriba para abajo” en la cuenca termina por dar prioridad a intervenciones menores mientras continúan activas las descargas más significativas.
Piden anular concesión y devolver cobros por saneamiento
El pronunciamiento también retoma uno de los puntos más controvertidos de las organizaciones vinculadas con la defensa del agua en Puebla: la exigencia de anular el contrato o concesión entre el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) y Concesiones Integrales.
Los grupos sostienen que el contrato se encuentra “viciado desde su origen” y que, a su juicio, podría ser anulado sin que las autoridades tuvieran que indemnizar a la empresa. Por el contrario, plantean que la compañía debería responder por daños e incumplimientos que le atribuyen.
Además, demandaron la intervención del Poder Judicial para hacer efectivas resoluciones relacionadas con los cobros efectuados a los usuarios por concepto de saneamiento.
De acuerdo con los colectivos, durante 12 años se habrían realizado cobros por ese servicio sin que el saneamiento se haya cumplido en los términos esperados, por lo que reclaman que los recursos sean reintegrados a la ciudadanía.
Finalmente, entre las propuestas aparece determinar los posibles daños al patrimonio público derivados de la anulación del contrato.
El documento está firmado por la Asamblea Social del Agua, Colectiva por el Bienestar Social, Demanda Colectiva por el Saneamiento del Atoyac, Iniciativa Puebla por el Atoyac y Contralorías Sociales del Agua, organizaciones que reclaman que las estrategias oficiales de recuperación de la cuenca del río Atoyac dejen de concentrarse en acciones aisladas y se orienten, prioritariamente, a controlar a quienes generan los mayores volúmenes de contaminación.
Fuente: La Jornada