Para que los candidatos puedan cumplir con sus promesas es forzoso hacer una reforma fiscal para recaudar más impuestos, de no ser así quitarán recursos a sectores clave de desarrollo, estimaron académicos del Colmex en el ciclo de seminarios “2024 año de elecciones, año de reflexiones”.
Sara Pantoja / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las grandes apuestas de los candidatos a la Presidencia de la República de crear y ampliar programas sociales y otras iniciativas para conseguir el voto de los mexicanos tienen un “pequeño” obstáculo que preocupa a especialistas del Colegio de México (Colmex): ni Claudia Sheinbaum, de Morena-PT-PVEM, ni Xóchitl Gálvez, de PAN-PRI-PRD, incluyen una reforma fiscal que resulta fundamental para hacer posible su cumplimiento, mientras que Jorge Álvarez Máynez, de MC, sólo ha mencionado el tema con ligereza.
El riesgo, alertan, es que de no hacer una reforma fiscal que le genere mayor recaudación de impuestos al Estado, el próximo gobierno tendría que quitar recursos a sectores básicos como educación, salud e infraestructura, para destinarlos a las pensiones de adultos mayores, las becas universales, el apoyo a personas de 60 a 64 años y otros nuevos programas que prometen.
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Peor aún, los especialistas alertan que los aspirantes a gobernar México de 2024 a 2030 son poco claros o nulos en la explicación de cómo obtendrán los recursos para cumplir con sus otras promesas de campaña, lo mismo en materia educativa, de salud, medio ambiente, combate a la corrupción, entre otros.
La economía, el empleo, la inflación, la pobreza y la desigualdad, así como el cambio climático y el desarrollo sustentable, son los temas que los tres candidatos van a exponer este domingo 28 en el segundo debate presidencial rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio.
Raymundo Campos, director del Centro de Estudios Económicos (CEE) del Colmex, analizó las plataformas de los tres candidatos en materia económica y resaltó que tanto Sheinbaum Pardo como Gálvez Ruiz ya han dicho explícitamente que, de ganar la elección, no promoverán una reforma fiscal; mientras que Álvarez Máynez ha hablado de una reforma “progresiva” con impuestos verdes, mayores cargas a productos nocivos a la salud y con transparencia para los grandes contribuyentes.
Durante su participación en el ciclo de seminarios “2024 año de elecciones, año de reflexiones”, inaugurado el pasado miércoles 24, enfatizó que con la recaudación que México tiene ahora, que apenas equivale a 14% del PIB, “cualquier cosa que queramos aumentar, ¿de dónde va a salir?”.
Doctor en Economía por la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos, Campos presentó un cálculo de lo que significa una de las principales propuestas de las dos candidatas hacia el año 2030, según una simulación del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, con base en el cambio demográfico proyectado para el final del sexenio.
De la morenista, el programa de apoyo mensual a mujeres de 60 a 64 años con la mitad de lo que equivale a la pensión de adultos mayores, serían unos 55 mil millones de pesos; mientras que, de la aliancista, el mismo apoyo, pero para hombres y mujeres en ese mismo rango de edad, equivalente a más de 200 mil millones de pesos.
“¡Es un montón de dinero! Se calcula que para 2030, el plan de Xóchitl Gálvez sería 7.7% del PIB y el de Claudia, 7.2%. Sólo en pensiones, eso implicaría más de la mitad de lo que estamos recaudando. Falta meterle todo lo que le damos a los estados, municipios, participaciones, aportaciones. Entonces, ¿de dónde va a salir esto?”.
Inquirido por Proceso sobre si esas proyecciones y la negativa de las candidatas punteras a hacer una reforma fiscal deben preocupar a los votantes, el profesor-investigador del Colmex y Premio al Mérito Económico 2022, aseguró: “Sí debe preocuparnos, porque si no aumentamos la capacidad recaudatoria del Estado, simplemente hay que quitar recursos en otros rubros”.
En este año, dijo, el gobierno decidió “meterle cinco puntos del PIB de déficit y preguntó: “¿Es esto sostenible? ¿Podemos tener este déficit todos los años? ¡No! Y si no tenemos este déficit, debemos recortar de otras áreas”.
Y alertó: “Lo más probable que se quite en educación, salud, infraestructuras, carreteras, y simplemente ya no vamos a poder invertir lo mismo que veníamos invirtiendo antes si no aumentamos la capacidad recaudatoria del Estado. Para mí sí es un aspecto de preocupación, porque nos evitaría enfrentar los problemas más importantes del país en términos de índices de pobreza y desigualdad”.
Desconfianza al gobierno
Entre los estudiantes surgió la pregunta de por qué Sheinbaum y Gálvez no proponen una reforma fiscal. Campos respondió: “La gente no quiere pagar, hay aversión a pagar impuestos y las candidatas no quieren tener ese costo político”.
En otra estimación, advirtió: “Hicimos cálculos para ciertas cosas, como el sistema nacional de cuidados que proponen, las transferencias de recursos, reformar el sistema de salud y nos da cinco puntos del PIB. ¿Eso se puede obtener sólo con impuestos a los más ricos y a herencias? Probablemente no. Tendrían que aumentar los impuestos a toda la población”.
En el mismo panel, José Luis Méndez, profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, con más de 40 años de experiencia en la administración pública, fue más simple: “No se propone una reforma fiscal porque hay una desconfianza muy fuerte de los ciudadanos en su gobierno. La gente no quiere pagar impuestos porque cree que no le van a regresar su dinero en servicios, en bienes públicos”.
Luego, comparó el 14% de recaudación como porcentaje del PIB de México, con el 35% en promedio de los países europeos y el 45% de los escandinavos. “Eso revela un nivel de confianza de los ciudadanos en el profesionalismo y el bajo nivel de corrupción en los gobiernos de esos países”, elemento que carece México y otros países de América Latina.
Propuestas sin el cómo
En el seminario del Colmex, los especialistas tocaron otros temas como educación, programas sociales, salud, medio ambiente, combate a la corrupción y migración. En cada uno de los rubros encontraron coincidencias entre las tres propuestas, en particular en la oferta de continuar y ampliar programas sociales que ya existen.
Sin embargo, el elemento común en sus comentarios hacia las tres plataformas fue la falta de claridad en el cómo las llevarán a cabo y con qué recursos e instrumentos.
Laura Flamand, del Centro de Estudios Internacionales y coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio, se ocupó de las plataformas de gobierno en materia de salud y dijo que los tres son “complementarios”, ante el panorama “bastante preocupante” que hay en el país. Y dio un dato: seis de cada 10 mexicanos se atienden en consultorios privados; de esos seis, cuatro van a consultorios de farmacias.
Emilio Blanco, del Centro de Estudios Sociales y experto en educación, aseguró que las propuestas de los tres aspirantes a gobernar México “son muy amplias y, además, salen carísimas y nadie se anima a hablar, bueno salvo Álvarez Máynez muy de pasada, sobre una reforma fiscal para financiarlas”, en particular en lo que respecta al incremento de las becas estudiantiles y la construcción de planteles en todos los niveles educativos.
Luicy Pedroza, del Centro de Estudios Internacionales y experta en temas de migración, acusó que ninguna de las tres plataformas tiene una propuesta clara ni trata el fenómeno como un asunto de política pública; peor aún, dijo, “algunas son vagas y contradictorias” y les falta visión de colaboración con Centroamérica.
Nain Martínez, del Centro de Estudios Internacionales y experto en Gestión Ambiental, aseguró que hay consenso entre los tres aspirantes en materia de transición energética y en la necesidad de hacer acciones urgentes para enfrentar el cambio climático.
Por último, Fernando Nieto, también del Centro de Estudios Internacionales y experto en procesos de cambio y las patologías burocráticas en las organizaciones gubernamentales, acusó que en el tema de combate a la corrupción, los candidatos ofrecen “muchas ideas, pero pocas metas. Son propuestas con ideas que ya se han barajado antes, como la Agencia Federal Anticorrupción que propone Sheinbaum, pero que ya venía del Pacto por México propuesto con el presidente Enrique Peña Nieto y que no llegó a un puerto. Y hay otras que ya existen, por ejemplo, la de Gálvez, de que todos los funcionarios hagan declaración patrimonial. ¡Eso ya lo tienen que hacer!”.
Y cerró: “En transparencia y combate a la corrupción, las propuestas se quedan cortas en aspecto de organización e implementación, hay muchas preguntas sobre cómo van a funcionar, cuáles son los instrumentos que se van a desplegar, no hay información sobre de dónde van a salir los recursos para hacer todas estas cosas y no hay respuesta sobre si se va investigar a la administración actual.