El control que el gobierno federal busca sobre los organismos electorales, vía sus crisis gubernamentales internas, contribuirá a que las trampas en las elecciones de 2024 se validen como actos consumados, periodo que ya se había superado, advierten especialistas y exconsejeros.
JOSÉ GIL OLMOS / PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En pleno periodo de organización de las elecciones presidenciales, de renovación del Congreso de la Unión y de nueve entidades del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación (TEPJF) atraviesan una etapa de confrontaciones internas que, de acuerdo con exconsejeros y especialistas, muestran una debilidad que favorecería el control gubernamental del resultado electoral y evitar posibles conflictos.
“Es obvio que hay una intención explícita, directa, del presidente Andrés Manuel López Obrador de controlar esos órganos electorales porque no confía en ellos. No es una interpretación decir esto, lo ha dicho en las mañaneras repetidamente. No hay que hacer muchas conjeturas, es evidente que el presidente no está conforme con la actuación del INE ni del Tribunal Electoral”, sostiene el exconsejero electoral Mauricio Merino.
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Se trata, asevera el profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), del intento de implantar una “autocracia electoral”, legitimada por órganos electorales sumisos al gobierno, la cual pasa por las urnas, pero que no reflejan realmente la voluntad libre de las personas, sino el éxito de los aparatos políticos orquestados para mantener el poder.
Para Jorge Márquez Muñoz, experto en temas políticos y profesor de la UNAM, la idea del control que busca el presidente en estos órganos electorales, sometiéndolos a una crisis de gobernabilidad interna, creará un círculo vicioso: “Más infracciones con menos recursos, y menos funcionalidad de las instituciones electorales por lo que será más difícil sancionar las irregularidades”, advierte.
Tanto el INE como el TEPJF han mostrado en las últimas semanas divisiones y confrontaciones internas entre grupos bien definidos que están contra las presidencias que encabezan Guadalupe Taddei Zavala, en el primero, y Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral, quien dejará su cargo el 31 de diciembre.
Ambas instituciones están cojas en la integración de sus estructuras. En el INE el Consejo General tiene pendiente para nombrar 17 cargos de primer nivel, 11 de los cuales se mantienen con encargados de despacho. Destacan la Unidad de Servicios de Informática, la Dirección de Proyectos e Innovación Tecnológica, la Dirección de Sistemas y la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, que son puestos clave dentro de la operación tecnológica del instituto y para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le faltan ocho magistrados. En el Senado no se han puesto de acuerdo para elegir dos magistrados de la Sala Superior, a cinco magistrados de salas regionales y a un magistrado de la Sala Especializada. Además de que se formó un bloque para exigir la renuncia del magistrado presidente Reyes Rodríguez.
En esas condiciones de división interna, confrontaciones y presiones desde Palacio Nacional y las dirigencias de los partidos, están operando ambas instituciones fundamentales para la organización y la calificación de la elección de 2024 en la que se definirá la Presidencia de la República, los integrantes de las cámaras de diputados y senadores, ocho gobernadores, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 20 mil cargos de diputaciones locales y presidencias municipales en casi todo el país.
“Hay áreas críticas del INE que ya están bajo el mando de Morena, la más importante es la comisión de quejas y denuncias. Ya tuvo su primera consecuencia grave al permitir que, con gran anticipación comenzaran las campañas de Morena, especialmente la presidencial”, expone Jorge Márquez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, autor de Las Claves de la Gobernabilidad y otras tres obras más sobre la gobernabilidad en México.
Advierte en entrevista que, dado que no procedieron las sanciones de los actos anticipados de campaña, la oposición también adelantó su campaña presidencial.
“Así, la primera consecuencia ha sido que Morena rompe la ley, no tiene consecuencias y entonces se normaliza la violación de la ley. La segunda consecuencia, también referente a esa misma comisión es que ahora todos los precandidatos de Morena hacen también actos ilegales, anticipados de campaña.
“Son campañas costosas que se hacen visibles ya en todos los pueblos y ciudades de nuestro país. La tercera consecuencia del dominio de Morena en el INE es la ingobernabilidad de la institución misma. A falta de liderazgo de la consejera presidenta, y a falta de interés por negociar, vemos la parálisis en algunos temas clave. Una parálisis que, quizá con el tiempo, vamos a ir descubriendo que le conviene a Morena. Morena no quiere un INE que funcione”, denuncia el profesor.
El riesgo del Plan C de AMLO
Respecto de la crisis del Tribunal Electoral, Jorge Márquez Muñoz señala como consecuencias la ingobernabilidad de la institución, la inestabilidad de los presidentes del tribunal y la parálisis institucional.
“A falta de un tribunal que funcione regularmente, vamos a ver demora en las resoluciones, lo cual ayudará a quienes hagan trampas en las elecciones porque una vez que se concluyen las elecciones y se da la toma de posesión, es casi imposible tirar la elección. Es decir, la parálisis institucional contribuirá a que elecciones tramposas se validen como actos consumados”.
De esta manera, al perder credibilidad el Tribunal las irregularidades en las elecciones aumentarán y se creará una atmósfera de impunidad, y el manejo de las infracciones, al crecer estas en número, será cada vez más difícil para las autoridades.
Mauricio Merino, consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), también advierte que la intención del presidente López Obrador es que, ante el fracaso del famoso Plan B de llevar a cabo la reforma electoral, se ha optado por la polarización interna en los órganos electorales.
“Mediante procedimientos formales, como ha sido la asignación de consejeras y consejeros electorales, también de magistrada y magistrados, haciendo uso de la mayoría legislativa que tiene Morena, ha habido una mecánica muy visible y notoria que ha consistido en ir insertando gente a fin a los intereses del gobierno, que a todas luces han venido actuando con obediencia a esa posición gubernamental.
“Eso se evidencia, por ejemplo, con las campañas anticipadas que se hicieron, aún antes de que iniciara el periodo de precampaña ya estaban en campaña con eufemismos, que fueron aprobadas tanto por el Tribunal como en el INE, que convalidaron lo que a todas luces era ilegal”, apunta Merino consejero electoral entre 1996 y 2003.
–¿Hacia dónde nos encaminamos?
–Sabemos por la experiencia comparada y propia que hay dos rutas: una es que cuando los órganos electorales pierden fuerza, se impone la vía de los hechos. Es decir, las reglas dejan de cumplirse y el poder real, a secas, es el que acaba imponiendo las decisiones.
“Por el otro lado en México particularmente vivimos por décadas con órganos electorales a modo del gobierno, controlados por el PRI en aquel momento, donde los dirigentes del partido arreglaban sus resultados electorales en sus escritorios. Se iba a las urnas en cumplimiento de las elecciones, pero sólo como un proceso de legitimación controlado por los gobiernos.
“Habíamos salido de ahí, hacia el final del siglo XX tuvimos varias elecciones en las que el voto por fin contó y en las que el régimen político cambio gracias al voto y hubo alternancia de manera pacífica. Hoy estamos viendo un intento de regresar a aquellas épocas del control gubernamental”.
–¿Qué significa eso?
–Pues que el resultado se puede arreglar en la mesa por la vía de los hechos, simplemente legitimando las elecciones con autoridades electorales a modo.
Merino, coordinador de la Red por Rendición de Cuentas, destaca que en esta elección no sólo está en juego la Presidencia, sino también las mayorías en el Congreso, que es el famoso Plan C de López Obrador por el control en las cámaras de Diputados y Senadores.
Hace una nueva advertencia de cara a las elecciones de 2024: “Va a haber una recomposición del poder en México, y me queda claro que el gobierno quiere aprovechar este momento para, de una vez, controlar el conjunto de las instituciones políticas del país.
“Y si las autoridades electorales no cumplen su labor y se van rindiendo, como en los hechos lo viene haciendo, es muy probable que lo logre. Es decir, controlar todas las instituciones políticas del país.
Y denuncia: “Indiscutiblemente es una decadencia democrática, el avance de una estrategia que conduce a lo que los especialistas llaman ‘autocracia electoral’. Esto es, gobiernos autocráticos que se cobijan bajo el argumento de la mayoría, una mayoría fabricada con recursos públicos, con presión política, con las fuerzas armadas y legitimada con órganos electorales obedientes”.
