Esta semana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional para realizar labores de seguridad en Acapulco en sustitución de la seguridad municipal y estatal de Guerrero
REDACCIÓN LA SILLA ROTA
La devastación del huracán Otis, así como la presencia de más de 15 mil elementos del Ejército, Marina y de la Guardia Nacional en Acapulco, no han parado los asesinatos, así como las actividades ilícitas del crimen organizado. En Acapulco el gobierno federal reconoce la presencia de más de 10 organizaciones criminales. Entre las principales se encuentran: los cárteles Independiente de Acapulco (CIDA); Jalisco Nueva Generación (CJNG); Sinaloa, así como Los Rojos, Tlacos y del Sur. Las actividades de los grupos criminales están documentadas en los millones de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya.
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A dos semanas del paso del fenómeno meteorológico por el municipio, las ejecuciones en colonias populares del puerto son reconocidas por el gobierno federal a través de la base de datos de Homicidios Dolosos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como reportes de la fiscalía de la entidad. Medios de comunicación locales, también han publicado los homicidios dolosos cometidos en Acapulco en las últimas dos semanas.
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Según la base de datos de Homicidios Preliminares, entre el 3 y 7 de noviembre cinco personas fueron asesinadas. Tres de ellas, el 3 de noviembre. Antes y después del paso del fenómeno meteorológico, los grupos del crimen organizado no han parado sus actividades delictivas, adecuándose al nuevo mercado de la devastación.
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En el servicio Forense, ubicado a las afueras de Acapulco, los trabajadores reconocen que se encuentran rebasados por los cuerpos localizados tras el paso de Otis, pero también, mencionan que los cadáveres con contusiones por armas de fuego y punzo cortantes no han parado de llegar a pesar del paso del huracán. Al no tener con la capacidad para tenerlos en refrigeración serán depositados en la fosa común.
Fuentes del gabinete de seguridad nacional reconocen el aval del crimen organizado para robar joyerías, cajeros, tiendas de motocicletas, de computación, ropa, celulares, así como comercios de primera necesidad ubicados en la zona costera tras el paso de Otis. Los robos incluyeron cadenas comerciales y de fabricación de distintos artículos de primera necesidad en colonias populares.
Hornos para preparar pan, maquinaria para la fabricación de tortillas, así como cableado, son parte de los atracos en algunas tiendas comerciales hechos por personas que contaron con la ayuda de maquinaria y vehículos para trasladarlos a través de una operación dirigida y coordinada. Incluso, después del paso del huracán, habitantes que comparten su vivienda con sucursales bancarias denunciaron y “golpes en los muros” y presencia de personas armadas. Los reportes fueron hechos a los soldados apostados en la Diana. Su respuesta fue: “ya informamos, no podemos hacer nada”.
La rapiña llevó a los dueños de comercios que pagan derecho de piso o extorsión a pedir ayuda a las organizaciones criminales para impedir los saqueos. Algunos establecimientos fueron respetados, pero la convocatoria y la participación de miles de personas superó la falsa seguridad ofrecida por las organizaciones criminales en Acapulco.
Los encargados de algunos establecimientos informaron a los dueños de los saqueos. La respuesta fue permitir los robos porque se contaba con aseguradora para garantizar las pérdidas.
Tras el paso del huracán, los grupos del crimen organizado comenzaron a controlar la venta de productos de primera necesidad. Los nuevos precios son impuestos desde Chilpancingo y aplicados en lo que quedó de la Central de Abastos de Acapulco, así como mercados de la zona periférica que continúan vendiendo productos.
Botellas de agua de dos litros hasta en 40 pesos, un kilo de huevo en 100 pesos, el kilo de pollo en 200 pesos, refrescos en 40 pesos, combustible en 40 pesos un litro o un kilo de tortilla en 80 pesos, son parte de los precios ordenados por las organizaciones del crimen organizado para subsanar la evidente pérdida de recursos ilícitos obtenidos tras la suspensión de venta de droga, turismo sexual, extorsiones, secuestros y lavado de dinero a través de comercios populares saqueados tras el paso de Otis.
Gobierno municipal, estatal y federal rebasados
Esta semana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional para realizar labores de seguridad en Acapulco en sustitución de la seguridad municipal y estatal de Guerrero.
Durante recorridos realizados por La Silla Rota se observa a los guardias nacionales dirigiendo el tránsito de vialidades, cuidando tiendas y comercios reabiertos, así como saqueados en la zona costera y principalmente en la zona Diamante, la cual fue abandonada por sus dueños y robada por el crimen organizado.
La presencia de los guardias nacionales, bajo el mando del militar en retiro, David Córdova Campos es invisible en colonias populares en el día y principalmente durante las noches en zonas donde los habitantes siguen en la penumbra ante la falta del suministro eléctrico.
Los militares de la 27 zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, comenzaron a llegar al puerto horas después del paso de Otis. Por orden de sus mandos solo presenciaron el robo a comercios. La instrucción fue permitirlos para evitar un mayor caos por la cantidad de personas participantes.
Las autoridades municipales y estatales recibieron la instrucción de no intervenir y permanecer al margen. Uno de los motivos fue el que sus equipos, incluidos armas de fuego estaban inservibles por la lluvia. Para contener la falta de un Estado de derecho y garantizar la seguridad de los habitantes de Acapulco, el gobierno federal inició el despliegue de militares y marinos para la asistencia social en apoyo a las personas damnificadas.
El 4 de noviembre pasado se tenía un registro de más de 10 mil elementos, entre ellos, 6 mil 500 de la Guardia Nacional. Hasta el 6 de noviembre, según el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 10 mil guardias se encontraban en Acapulco solo para garantizar la seguridad.
Según el proyecto del gobierno federal es instalar 38 cuarteles en colonias de Acapulco. Cada uno de ellos contará con 250 elementos. “Se van a construir 38 instalaciones para la Guardia Nacional, 10 mil elementos distribuidos para garantizar la paz, la tranquilidad y que con la seguridad siga siendo visitado Acapulco, por muchos turistas. Ya estamos trabajando en eso”.
Entre las colonias donde la federación busca imponer cuarteles, se encuentran las consideradas de mayor violencia e inseguridad. Acapulco tiene más de 400 colonias. La Guardia Nacional se instalarán en 38 de ellas, como Renacimiento, Coloso, Colosio, Emiliano Zapata, Progreso, Infonavit, La Laja, El Jardín, Llano Largo, Bella Vista, Magallanes, La Venta, Tres Palos, La Postal, Hornos, Las Cruces, así como la Garita, esta última, donde en 2006 se registró una balacera, considerada por los habitantes como el inicio de la violencia.
Estado nunca respondió
El especialista en seguridad nacional, David Saucedo, considera que el gobierno se vio rebasado por la crisis social permanente en e puerto desde hace más de dos décadas. De acuerdo con el experto, el gobierno permitió las operaciones del crimen organizado tras el paso del huracán y ahora solo busca restaurar la mala imagen generada por las actividades ilícitas.
“Hubo dos tipos de robo, el que comandó el crimen organizado y el que realizaron habitantes que realizaron los habitantes, principalmente de las zonas urbanas. Las autoridades permitieron los robos al verse rebasadas. Ahora sus actividades no son de rescate. Ahora son para la seguridad por la falta de capacidad de las autoridades para realizarla. No se pudo evitar el saqueo, ahora, solo buscan restablecer el orden y que el crimen organizado no siga realizándolo”.
De acuerdo con David Saucedo, el gobierno debe evitar el comercio de alimentos y medicamentos, así como otros artículos que controla el crimen organizado. “Acapulco es la una de las principales ciudades con más homicidios del país. La devastación del huracán no frenó los crímenes y las actividades ilícitas”.
Durante las últimas dos décadas el gobierno federal ha buscado tener el control a través de operativos “Guerrero Seguro” o “Todos por Acapulco”, sin embargo, el combate enfocado a desarticular a un solo grupo llevó al surgimiento de nuevas células que hoy tienen presencia en el puerto.
La instalación de cuarteles anunciados por el gobierno federal tiene la misma lógica hecha por gobiernos anteriores, solo se trata de saturar para hacer presencia, pero al crimen organizado no se le combate masivamente, se le ataca por células, los narcotraficantes no son ejércitos, se les combate con trabajo de investigación. No va a tener un impacto la presencia de la Guardia Nacional. Va a pasar lo mismo que los cuarteles construidos en Chihuahua o Baja California”, comenta David Saucedo.
En entrevista, considero que el negocio de la extorsión, secuestro, turismo sexual y venta de drogas están colapsados, por lo que el crimen va a mutar a otras actividades del mercado negro. Además, adelanta que “pueden llegar otros grupos a tratar de obtener un beneficio de la tragedia, como la Familia Michoacana. Los criminales van a obtener dinero de la reconstrucción a través de las empresas que reciban dinero para la rehabilitación del puerto. Acapulco es foco de atención de los cárteles a través de las constructoras, muchas de las cuales van a comenzar a tener cuota o derecho de piso. Esto se repite como en años pasados donde el crimen organizado aprovecha las condiciones para adaptarse y sacar provecho de desastres naturales, covid o cualquier situación para sacar provecho”.