Diputados de PAN, PRI y PRD anunciaron que promoverán amparos colectivos de padres de familia y buscarán realizar foros para analizar los volúmenes.
REDACCIÓN PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD anunciaron que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los nuevos libros de texto gratuito de educación básica.
Integrantes de las bancadas que integran la coalición legislativa Va por México, aseveraron que los nuevos libros de texto gratuitos están politizados, vulneran la Constitución y contienen diversas inconsistencias y errores.
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En ese contexto dieron a conocer que emprenderán una serie de acciones legales para frenar la entrega de estos ejemplares en las escuelas.
En conferencia de prensa informaron que acudirán a la Corte por la violación al artículo tercero de la Carta Magna, además de que promoverán amparos colectivos de padres de familia y buscarán realizar foros en la Cámara de Diputados para analizar los libros juntos con los sectores involucrados en el tema.
El coordinador perredista Luis Espinosa Cházaro sostuvo que, más allá de la discusión ideológica, los nuevos libros de textos gratuitos están plagados de errores y de falta de rigurosidad científica, por lo que, dijo, es necesario frenar su distribución.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó a la Secretaría de Educación Pública de desacatar la sentencia judicial que otorgó la suspensión para la distribución de esos libros de texto, en tanto no se verifique que se cumplió con el procedimiento legal.
“Está en suspensión por el Poder Judicial su distribución y se siguen distribuyendo, porque para este Gobierno la ley, pues es un cuento y las sentencias, por lo visto, igual”, aseveró.
Romero Herrera demandó la comparecencia de la secretaria de Educación Pública para que explique el contenido de estos libros de texto que se pretenden distribuir el 28 de agosto.
A su vez, la diputada del PRI, Carolina Vigginano Austria, calificó de “inaceptable e indignante” que el Presidente de la República esté obsesionado con la adulación y pretenda contar la historia a su manera, alterando hechos históricos a costa de la educación de millones de niñas y niños.
“No estamos hablando de errores de edición solamente en los libros de texto, estamos hablando de una acción deliberada que se viene gestando desde que Delfina Gómez era secretaria de Educación. Los errores que se están encontrando en cada libro se pudieron haber evitado si no hubieran actuado en lo oscurito, violando la ley”, aseveró.
Cuestionó que se esté reservando la información sobre el proceso de elaboración de estos libros de texto, lo cual, dijo, es violatorio de la ley; ningún modelo educativo puede hacerse en lo oscurito, porque esto, el tema educativo debe tener una visión de Estado, no una visión partidista.
“Cada uno de los funcionarios que acompañaron este proceso incurrieron en faltas administrativas al omitir un proceso que implicaba la conformación de planes y programas de estudio en el que participaban estados, maestros, padres de familia y sabían perfectamente que su plan de adoctrinamiento no iba a prosperar si alguien más lo conocía. Gastar el dinero de los mexicanos violando la ley también es un acto de corrupción”, asentó.
La diputada priista Cinthya López Castro (PRI), secretaria de la Comisión de Educación, informó que por la mañana acudió con madres y padres de familia a clausurar simbólicamente la SEP, ya que están consternados por la entrega de estos libros.
sLa diputada priista convocó a las y los padres de familia a una resistencia social, el próximo 21 de agosto de 2023, afuera de las instalaciones de la SEP, para exigir que se frene la distribución de los libros de texto gratuitos.
La panista Mariana Gómez del Campo informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios de la SEP por incumplir una sentencia del Poder judicial que mandató frenar la entrega de libros de texto gratuitos, hasta que se aclare si cumplieron con el proceso legal.