Rubén Rocha trata de liberar el aeropuerto de Culiacán, bloqueado por una protesta desde hace más de 24 horas, en un conflicto enquistado entre productores, industrias privadas y Gobierno
BEATRIZ GUILLÉN / EL PAÍS
El conflicto por el precio del maíz en México ha terminado de enquistarse. Este miércoles, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ha llamado a los agricultores a manifestarse en las sedes de las grandes empresas del sector, Gruma, Minsa y Cargill, para desplazar el foco de la protesta que mantiene desde hace más de 24 horas cerrado el aeropuerto de Culiacán, la capital del Estado. Sinaloa se ha convertido en el epicentro del choque entre productores, empresas privadas y Gobierno, pero la lucha por los precios del cereal también afecta a otras entidades del noroeste como Sonora, Chihuahua y Jalisco. Rocha ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que tome medidas para desescalar el enfrentamiento.
“Los invito a que vayamos juntos a protestar contra los verdaderos responsables de que sus cosechas se malbaraten: Gruma, Cargill y Minsa. Soy su aliado y codo a codo con ustedes, exigiré trato y precio justo a su trabajo”, ha escrito Rocha en su cuenta de Twitter. Las palabras del gobernador contra la empresa privada son el último escalón de un conflicto que se recrudece cada semana. El origen del choque está en el bajo precio del maíz, debido en parte a una mayor oferta que demanda que lo ha hecho hundirse de los casi 7.000 pesos (unos 400 dólares) por tonelada que estaba el año pasado, a poco más de 5.000. Este declive está ahogando a los productores, desesperados por colocar un maíz que se sigue acumulando en las bodegas.
Los agricultores llevan meses tratando de llegar a una solución también con el Gobierno federal. En abril, Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) anunció la compra de un millón de toneladas por 6.965 pesos por tonelada, pero solo a pequeños productores de hasta 10 hectáreas. Además, el Gobierno estatal anunció la compra de 500.000 toneladas de maíz —de agricultores de 11 a 50 hectáreas— para retirarlas del mercado, con el objetivo de mejorar el precio. Además, Segalmex adquirirá otras 300.000 toneladas adicionales para la distribución en las tiendas Diconsa. “En total, se estarán retirando 1.800 milllones de toneladas para motivar a los grandes compradores a pagar a un buen precio las restantes 3,5 millones de toneladas que faltan por colocar de la cosecha otoño-invierno”, señaló el Ejecutivo de Rubén Rocha.
Sin embargo, la segunda parte del plan estatal se frustró. El Gobierno no consiguió llegar un acuerdo con Minsa, Gruma y Cargil para todas las toneladas que sobraban. Las empresas aducen que comprar a un precio superior al que marca el mercado obligaría a subir el precio final de otros productos como la tortilla. Esta negativa ha llevado al gobernador de Sinaloa a acusar a las industrias de “sabotaje”. Pero mientras las negociaciones se estancan arrecia la presión que sienten los agricultores.
Además, estos ya no cuentan con la llamada Financiera Rural, la prestamista que durante 20 años prestaba con flexibilidad el dinero a los productores. El Gobierno de López Obrador dio la orden de que dejara de operar en diciembre y desapareció oficialmente en mayo. La salida del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que este viernes deja su puesto para lanzarse a la carrera de ser el candidato de Morena para las elecciones de 2024, ha terminado de hacer estallar la situación.
El martes, los agricultores tomaron el aeropuerto de Culiacán: de momento ya se han cancelado 23 operaciones y el cierre ha afectado a más de 3.200 pasajeros. Ante la presión, Rocha ha pedido a los productores liberar el aeropuerto y dirigirse a las empresas privadas. Pero, los manifestantes se han negado, puesto que el objetivo, apuntan, es presionar al Gobierno federal.
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