El representante de Donald Trump en México acumula polémicas y desencuentros con el Gobierno de Claudia Sheinbaum en su primer año en el país
Ernesto Núñez / El País
México
La campaña oficialista en contra de la injerencia extranjera ha alcanzado al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. El diplomático ha protagonizado esta semana un desencuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum a raíz del discurso del domingo, cuando la mandataria protestó por la intromisión norteamericana en la política interna de México. Johnson, el embajador enviado por Donald Trump para presionar en el combate a los carteles de la droga, respondió con un mensaje en redes sociales, al que la presidenta ha dado acuse de recibo casi de inmediato: “Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”.
El mensaje que incomodó a la presidenta lo difundió Johnson la tarde del lunes, un día después del mitin en el que Sheinbaum celebró dos años de su triunfo electoral con una nueva defensa de la soberanía y un reproche directo a Estados Unidos por haber hecho pública la acusación de presuntos nexos con el narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve personas más. Sheinbaum quiso suavizar el tono el lunes exculpando al presidente Trump de las supuestas campañas contra México, emprendidas por “sectores de la ultraderecha”, pero el diplomático reaccionó con contundencia: “La lucha contra los carteles debería unirnos, no dividirnos… Cada momento dedicado a convertir este desafío compartido de seguridad en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra asociación y proteger a las personas a las que servimos”.
Las palabras de Johnson, un coronel en retiro con amplia experiencia en el aparato de inteligencia estadounidense, no fueron bien recibidas en Palacio Nacional. No es la primera vez que el embajador agita las aguas de la relación bilateral en tiempos recientes, con mensajes que han tocado los dos temas más espinosos de la actualidad: Chihuahua y Sinaloa. En México han dado pie a un agrio debate entre el Gobierno y la oposición, que se acusan mutuamente de alentar el intervencionismo y solapar la narcopolítica.
Los mensajes de Johnson
El embajador Ronald Johnson dio a conocer el domingo 19 de abril la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente automovilístico en Chihuahua. “Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades…”, escribió. Lo que parecía un pésame convencional se convirtió en una revelación delicada: la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, lo que colocó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, militante del PAN, bajo el fuego del Gobierno y Morena por haber autorizado operaciones terrestres de agentes extranjeros en el territorio nacional.
El caso Chihuahua provocó que el Gobierno mexicano enviara una nota diplomática a Estados Unidos solicitando una explicación por la participación de personal de sus agencias de seguridad e inteligencia en México, y que convocara al embajador a una reunión con funcionarios del gabinete de Seguridad. La Fiscalía General de la República abrió además una investigación que a la fecha sigue su curso y Morena amagó con promover un juicio político contra Maru Campos, cuyo trámite decidió no ratificar.
Apenas cuatro días después del accidente en Chihuahua, el embajador norteamericano visitó Sinaloa para atestiguar el inicio de un proyecto llamado Mexinol —una planta de producción de metanol de bajas emisiones— y aprovechó su discurso para lanzar un par de dardos en un evento al que no acudió el entonces gobernador sinaloense Rubén Rocha. “Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. Si queremos que proyectos como este tengan éxito, si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser, la corrupción ni la extorsión deben tener cabida”, dijo el embajador en un Estado donde Morena gobierna desde 2021 y bajo sospecha de proteger al Cártel de Sinaloa desde la primera presidencia de Trump (2016-2020).
Una semana después, el miércoles 29 de abril, Johnson subió a sus redes un mensaje que informaba sobre la presentación de cargos penales en contra del gobernador Rubén Rocha y nueve personas más, por parte de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York. Aunque el embajador destacó, otra vez, la “estrecha coordinación” y el combate a la corrupción como “prioridad compartida” de ambos Gobiernos, también enfatizó: “La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de Estados Unidos”. Al unísono, el Departamento de Justicia hizo pública la acusación del Gran Jurado en contra de Rocha; el senador morenista, Enrique Inzunza; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros funcionarios. La tormenta política apenas iniciaba.
En los días posteriores, el Gobierno de Sheinbaum reprochó que Estados Unidos haya hecho público el expediente del caso Rocha, a pesar de contar con los medios diplomáticos y de la reserva a la que estaría obligada la comunicación entre las instancias de justicia de ambos países. Sheinbaum personalmente cuestionó la solicitud de detención con fines de extradición, afirmando que no hay pruebas contundentes que incriminen a Rocha y demás políticos sinaloenses militantes de Morena. Y, desde entonces, la presidenta colocó en la agenda pública la defensa de la soberanía nacional como prioridad de su Gobierno y su partido-movimiento. “Frente al embate exterior debe haber unidad nacional”, dijo el 1 de mayo. “México no es piñata de nadie”, afirmó el último día del mes, en su mensaje por los dos años de su victoria electoral y cuando las relaciones bilaterales ya se han resentido por este episodio.
Para la internacionalista Érika Ruiz Sandoval, esta nueva polémica entre la presidenta y el embajador norteamericano muestra que el Gobierno no ha entendido que cambiaron los términos de la relación México-Estados Unidos desde que Trump asumió por segunda vez el poder. La coordinadora de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana opina que en Palacio Nacional se acostumbraron a los tiempos de Ken Salazar, el embajador durante la Administración del presidente Joe Biden, quien visitaba con frecuencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre luciendo su sombrero vaquero y una amplia sonrisa.
“No se dan cuenta de que el embajador está funcionando como heraldo de lo que te va a pasar; el embajador Johnson está siendo más que claro en que los términos de la relación son distintos, y no pactados. Son distintos porque pueden y porque te agarraron con los dedos en la puerta y no tienes ni margen de maniobra, ni capital político internacional, ni reputación alguna que defender”, afirma Ruiz Sandoval. La relación entre Salazar y López Obrador, no obstante, terminó por agriarse cuando el diplomático y exsecretario del Gabinete de Barack Obama, criticó la reforma judicial de Morena. “La relación está en pausa, vamos a darnos nuestro tiempo”, dijo AMLO entonces.
La especialista considera un error la defensa a ultranza de la soberanía a costa de la relación con Estados Unidos, en momentos delicados de la negociación del Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), sin obtener nada a cambio y solo a cambio de la protección a políticos de Morena. “Es un pensamiento de muy corto alcance, de muy pocas luces, que pone en riesgo lo que finalmente es la línea de vida de este país, que es ese TMEC”, añade.