Puñados de huesos, identificación y crisis forense en México | El País

Al trabajo de las familias buscadoras mexicanas se oponen el lastre de la omisión estatal y la obstrucción de justicia

Marina Azahua / El País

“Yo no creo que ninguna madre merezca recoger solamente huesos de su hijo”, declara Ceci Flores en un video grabado en el desierto sonorense mientras abraza una pieza ósea blanqueada por el sol. Camina cerca de una carretera solitaria conocida por sus baches, entre Hermosillo y Bahía de Kino, donde su hijo Marco Antonio fue desaparecido en 2019. “Merecía encontrar un cuerpo completo”, agrega, y luego dice tener la esperanza de que una prueba genética logre una identificación. “Por lo pronto, solamente me resta abrazar un puñado de huesos que he encontrado”.

El pasado 27 de marzo, pocos días después, en la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue presentado un informe con la actualización de las cifras de desaparecidos en México, lo que desató un debate álgido. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 132534 personas, pero el informe desglosa las cifras en rubros, resultando en una reducción de números que colectivos de búsqueda, defensores y ONG denuncian como un esfuerzo por desaparecer a los desaparecidos.

Las tensiones aumentaron unos días más tarde, cuando fue hallada sin vida Cecilia García Ramblas Una persona buscadora había sido asesinada, otra más. En ese contexto, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió invocar el Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y solicitar al secretario general de las Naciones Unidas que remitiera con urgencia el tema de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General. En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el 2 de abril de 2026, el Estado mexicano rechazó las conclusiones del CED.

No es la primera vez que se detonan tensiones entre el CED y México. Desde 2015 el organismo identificó desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas calificables como desapariciones forzadas, es decir, perpetradas por agentes del Estado. El contexto no es nuevo ni sencillo. La desaparición en México tiene múltiples aristas, pero también algunas constantes.

Ceci Flores no es la única que ha encontrado ella misma a un familiar desaparecido. Por ejemplo, Mirna Medina, en Sinaloa, fue descubriendo fragmentos del cuerpo de su hijo Roberto entre 2017 y 2022, tras su desaparición en 2014. De acuerdo con información recabada por Medina, fundadora de Las Rastreadoras del Fuerte, el cadáver de Roberto fue ocultado por agentes del Estado. Explicando las circunstancias que la orillaron a buscar ella misma a su hijo, Mirna dijo: “Fui a la Policía Ministerial, pues para ver que me ayudaran con la denuncia. Y me dicen ahí: ‘Es que nosotros no buscamos’. ¡Imagínate que alguien, la autoridad en la que supuestamente tú confías, te diga que no va a buscar a tu hijo!”.

Desde hace décadas, en México las personas desaparecidas son buscadas principalmente por sus familias. Comunidades enteras se han convertido en recabadoras de evidencia y el trabajo de los colectivos se ha elevado ante fallas sistémicas que forman la base de la impunidad. En su visita a México en 2021, el CED señaló que únicamente entre el 2 % y el 6 % de los casos de desaparición habían sido judicializados. De acuerdo a un reporte de Impunidad Cero de 2023, el 99% de los casos de desaparición permanecen impunes en el país. La cifra es devastadora. En este contexto, las familias buscadoras se han convertido en expertas forenses vernáculas, desarrollando sus propias técnicas y protocolos. La identificación se ha vuelto urgente; la justicia, casi un sueño. A la búsqueda de las familias, sin embargo, se oponen el lastre de la omisión estatal y la obstrucción de justicia.

El CED decidió presentar el tema de la desaparición forzada ante la Asamblea General de la ONU con el objetivo de acordar “medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”. Por su parte, México rechazó las conclusiones del CED: describió su informe como “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico en la argumentación”, reclamó que se omitieran “avances contra desapariciones forzadas desde 2018” y se centró, en gran medida, en el tema de la aquiescencia. El comunicado termina afirmando que “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.

Podrán desarrollarse todos los argumentos técnicos y legales posibles a partir de la definición de “desaparición forzada” asentada en el Artículo 2 de la Convención, pero resulta difícil rebatir el tema de la aquiescencia del Estado en México. Casos como la desaparición masiva de los estudiantes de Ayotzinapa o el Operativo Blindaje Coatzacoalcos son contundentes y cumplen a cabalidad la definición. Sin embargo, hay un aspecto que se ha discutido menos, y es que la desaparición forzada incluye el “ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida”.

Es una realidad que en ocasiones las autoridades no solo no buscan, sino que participan en el ocultamiento de los cuerpos de las personas desaparecidas. Este es un tipo de violencia singular. En México, repetida y sistemáticamente, restos humanos han sido desaparecidos por servidores públicos. Casos notables incluyen las inhumaciones irregulares en cementerios como el de Tetelcingo y Jojutla, donde recientemente terminó la quinta etapa de exhumación de cuerpos depositados en lo que es una fosa clandestina del Estado.

La inhumación irregular constituye una obstrucción a la justicia y contribuye al ocultamiento de restos humanos, condenando a las personas desaparecidas a permanecer sin protección de la ley. Si una comisión de la verdad se estableciera únicamente con el propósito explícito de documentar las instancias de omisión y obstaculización de procuración de justicia por parte de servidores públicos y agentes del Estado, tendríamos material suficiente para demostrar crímenes de lesa humanidad en México. En paralelo al fenómeno de la desaparición secundaria, el rezago en identificaciones continúa adquiriendo dimensiones alarmantes. Durante la visita del CED en 2021, este señaló en sus conclusiones que en México había 52 mil personas fallecidas sin identificar. Dos años después, una investigación de Quinto Elemento Lab reportó 5696 fosas clandestinas, y en 2024 detectó un registro de 72200 cuerpos sin identificar en resguardo del Estado.

Superar el rezago forense implicará décadas de trabajo. La mejor herencia de cualquier gobierno sería construir condiciones para establecer un sistema extraordinario de identificación forense capaz de sobrevivir a contextos políticos particulares. Al Estado mexicano le corresponde esclarecer todas las desapariciones forzadas, incluidas las que precedieron al gobierno en turno. Abrirse a la colaboración internacional ayudaría a lograr la tarea tecnocientífica tan compleja que se nos presenta. Rechazar apoyo, en cambio, es como seguir intentando vaciar el mar de la impunidad en el que nos ahogamos usando una cucharita.

Resolver el rezago en la identificación de restos y fortalecer los servicios forenses debe ser prioritario. Santiago Aguirre, abogado experto en derechos humanos, ha señalado que el contexto mexicano se beneficiaría de la cooperación técnica internacional que pudiera surgir de la presentación del caso en la Asamblea General de la ONU. Se remite al ejemplo de otros países donde, gracias al apoyo internacional, se han desarrollado programas extraordinarios de identificación en contextos de violencia masiva. Desde 2018, el CED recomendó establecer un mecanismo internacional de asistencia técnica para procesar miles de cadáveres y restos sin identificar. Por lo tanto, el rechazo de México ante la reciente decisión del CED podría significar la pérdida de una oportunidad histórica de colaboración. Las instituciones forenses y de procuración de justicia del país no superan su colapso de origen. Se han hecho esfuerzos, pero se han topado con límites técnicos, presupuestales o políticos. El cierre del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) son ejemplo de ello.

“El centro de lo que recomienda el Comité es el párrafo 123”, apunta Aguirre. “Ahí, muy claramente, pone a consideración de la Asamblea acciones orientadas a la cooperación técnica y el apoyo financiero y la asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación. Y, en segundo lugar, considera mecanismos para establecer la verdad y brindar asistencia a las víctimas”. La respuesta del Estado mexicano a estas iniciativas no sorprende, pero podría haber sido distinta. De hecho, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y otros colectivos de familiares y ONG coinciden en que la decisión del CED ofrece una oportunidad “histórica” de cooperación internacional. El despliegue de arrogancia solipsista de la respuesta estatal no ayuda a atajar una de las mayores crisis de derechos humanos en la región.

México es un país donde los ciudadanos han tenido que tomar en sus propias manos responsabilidades que correspondían al Estado para buscar a sus familiares desaparecidos. Las familias llevan décadas presionando a las autoridades para que hagan su trabajo, y al mismo tiempo sostienen sus propias búsquedas. A la par, continúa creciendo inconmensurablemente la crisis forense.

En este contexto, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó una visita a México, durante la cual evadió tomar postura sobre la decisión del CED de activar el Artículo 34, pero afirmó que “el tema de la impunidad ha surgido en todas las conversaciones con víctimas y defensoras y defensoras de la sociedad civil; es su mayor reclamo”.

Los métodos de contabilización de personas desaparecidas podrán suscitar debate, pero los huesos y restos humanos no son símbolos: son una realidad innegociable que exige atención urgente. Prueba de ello es que, durante las dos primeras semanas de abril, conforme crecía la controversia sobre desaparición en México, los huesos siguieron brotando de la tierra. De la laguna de La Habana a las afueras de la capital, 1076 restos y fragmentos óseos humanos fueron recuperados.

Para reducir la impunidad es necesaria la investigación. Y para fortalecer la investigación, resulta esencial fortalecer procesos de identificación. Eso ocurrió finalmente con el caso del hijo de Ceci Flores. A inicios de abril, ese puñado de huesos que encontró en el desierto fue identificado y Marco Antonio pudo tener un funeral. Lo mismo merecen todas las personas cuyos restos aguardan.

Fuente: El País