No hay fecha para regreso a su domicilio; se espera impugnación de Lydia Cacho
Isaí Pérez Guarneros / La Jornada de Oriente
El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, procesado penalmente por la presunta tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, por segunda ocasión habría recibido el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo el argumento de problemas de salud y su avanzada edad. En esta condición permanecería a la espera de recibir sentencia, luego de haber pasado más de cinco años privado de la libertad.
Sin embargo, aún no existe una fecha para su traslado a su domicilio en la colonia Xilotzingo de la capital poblana, ya que la resolución vía amparo que le concedió la prisión domiciliaria todavía puede ser impugnada. El próximo jueves vence el plazo para que la defensa de Lydia Cacho presente ese recurso; posteriormente, el tribunal resolverá si la medida cautelar queda firme o es revocada.
Por lo anterior, la periodista Lydia Cacho informó a través de su cuenta de instagram que el exmandatario priista permanece bajo custodia en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “El Altiplano”. Además, desmintió versiones difundidas por algunos medios de comunicación sobre un supuesto traslado inmediato a su domicilio este martes.
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“Es falso que hayan liberado al exgobernador Mario Marín. Sigue en La Palma (antiguo nombre de la prisión de “El Altiplano”)”, escribió.
El caso ocurre casi dos años después de que Mario Marín obtuvo por primera vez el beneficio de prisión domiciliaria. En diciembre de 2024 fue trasladado a su vivienda en Puebla, donde permaneció bajo vigilancia permanente con brazalete electrónico, restricción para salir del país y resguardo de su pasaporte y visa.
No obstante, semanas después un tribunal federal revocó esa medida tras recursos promovidos por la Fiscalía General de la República y la asesoría jurídica de Lydia Cacho, por lo que fue reingresado al penal de El Altiplano.
Mario Marín fue detenido el 3 de febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer casi dos años prófugo. La Fiscalía General de la República (FGR) le imputó el delito de tortura por su presunta participación en la detención ilegal y las agresiones cometidas contra la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005.
La captura de Cacho ocurrió después de la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que documentó una red de explotación sexual infantil presuntamente protegida por empresarios y personajes políticos. La periodista denunció que durante su traslado por carretera de Cancún a Puebla fue amenazada, intimidada y sometida a actos de tortura.
El caso cobró relevancia nacional el 14 de febrero de 2006, cuando se difundieron grabaciones telefónicas entre Mario Marín y el empresario Kamel Nacif. En ellas se escucha al entonces gobernador agradecer el “coscorrón” dado a la periodista, conversación que desató un amplio escándalo político y judicial.
Tras años sin avances, el Comité contra la Tortura de la ONU determinó en 2018 que el Estado mexicano era responsable de violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho y ordenó reabrir la investigación, sancionar a los responsables y garantizar una reparación integral.
A partir de esa resolución internacional, la FGR reactivó el expediente y obtuvo órdenes de aprehensión contra varios de los presuntos involucrados. No obstante, el empresario Kamel Nacif permanece en Líbano, donde no ha podido ser extraditado debido a la inexistencia de un tratado con México.
A más de dos décadas de los hechos y cinco años después de la captura de Mario Marín, el caso continúa sin una sentencia firme contra los principales implicados. Mientras el exgobernador sigue sujeto a proceso, otros acusados continúan litigando su situación jurídica y la investigación permanece sin una resolución definitiva.
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