
Por Luis Soriano Peregrina / Voz Ciudadana por los Derechos Humanos
Voz Ciudadana por los Derechos Humanos surgió inicialmente como un espacio de vinculación entre todas y todos. En este camino hemos vivido momentos muy agradables, como conocer a miles de personas y formar comités de Voz Ciudadana en colonias y comunidades, pero también momentos muy complicados, como las persecuciones que vivimos durante los gobiernos de Moreno Valle y Barbosa.
Esas experiencias nos dejaron aprendizajes importantes. Nos hicieron más fuertes y solidarios, pero también tenemos que reconocer que durante algún tiempo nos concentramos demasiado en resistir, defendernos y señalar aquello que considerábamos injusto. Y resistir era necesario, pero nuestro objetivo nunca fue solamente resistir.
Nuestro objetivo siempre ha sido proponer.
Por eso hoy queremos recuperar con mayor claridad una idea que puede englobar nuestra manera de entender la vida pública y el papel de la ciudadanía: Gobernar con Dignidad.
Gobernar no consiste solamente en administrar recursos, realizar obras, diseñar programas o tomar decisiones desde las instituciones. Detrás de cada decisión hay personas y comunidades que experimentarán sus consecuencias.
Antes de decidir habría que preguntarnos qué va a significar para una familia, para una comunidad, para quien está en vulnerabilidad. ¿Le ayudará a vivir mejor o estamos generando un problema que después tendremos que atender?
Esa pregunta puede cambiar profundamente la manera de gobernar.
La dignidad no es una palabra abstracta. Tiene que ver con poder vivir con seguridad, acceder a los servicios que se necesitan, encontrar oportunidades, ser escuchado y recibir un trato digno por parte de las instituciones.
Y aquí hay algo que para mí es fundamental: la ciudadanía no puede ser reducida a receptora pasiva de ayudas ni utilizada como simple escenario para la fotografía política.
Esto no significa desconocer la importancia de los programas sociales o de los apoyos públicos. Cuando una persona necesita la intervención del Estado, el Estado tiene que responder. El problema aparece cuando la relación entre gobierno y ciudadanía se reduce a entregar una ayuda, tomarse la fotografía y presentar ese acto como si con ello se hubiera cumplido con la gente.
Gobernar con Dignidad parte de una concepción diferente: la persona no es beneficiaria de la voluntad de un gobernante; es sujeto de derechos.
Reconocer a alguien como sujeto de derechos cambia la relación entre ciudadanía e instituciones. Quien acude ante una autoridad no está simplemente pidiendo un favor. Está ejerciendo un derecho y espera una respuesta de una institución que tiene responsabilidades que cumplir.
También cambia la participación ciudadana. Participar no puede significar únicamente que una autoridad pregunte qué piensa la gente para después tomar una decisión que ya estaba determinada. La participación tiene sentido cuando permite proponer, opinar, cuestionar, vigilar y conocer qué ocurrió con aquello que la ciudadanía planteó.
No significa que el gobierno tenga que hacer todo lo que cada persona propone. Significa reconocer que quienes viven directamente los problemas poseen conocimientos y experiencias indispensables para tomar mejores decisiones públicas.
Una familia que lleva meses buscando una respuesta sabe dónde se está atorando un proceso. Una comunidad que enfrenta un conflicto conoce sus causas y consecuencias. Quien utiliza diariamente un servicio público puede identificar problemas que no necesariamente aparecen en un informe elaborado desde una oficina.
Escuchar ese conocimiento ciudadano no es una concesión del gobierno. Es una manera de gobernar mejor.
Y la ciudadanía también tiene que poder exigir resultados.
Si una autoridad anuncia que resolverá un problema, la sociedad tiene derecho a conocer qué se hizo, cuánto se destinó, qué resultados se obtuvieron y qué se modificará cuando aquello no haya funcionado.
Ahí comienza una relación diferente entre ciudadanía e instituciones: una relación basada en derechos, responsabilidades, participación, transparencia y confianza.
La confianza no se decreta. Se gana cuando una persona pide ayuda y recibe respuesta; cuando una comunidad es escuchada antes de que su conflicto escale; cuando la ciudadanía participa y puede conocer qué sucedió con su propuesta.
Aquí aparece otro elemento central: la prevención.
Durante mucho tiempo hemos construido instituciones que reaccionan cuando el problema ya ocurrió. Necesitamos investigar cuando existe una denuncia, atender cuando hay una emergencia y responder cuando una persona ya fue afectada. Todo eso es indispensable.
Pero también necesitamos desarrollar la capacidad de llegar antes del daño.
Los grandes problemas generalmente no aparecen de la nada. Antes de una violencia pueden existir discriminación, abandono, desigualdad o un conflicto que nadie quiso atender. Antes de que una familia pierda la confianza en una institución puede haber meses de indiferencia. Antes de que una situación se convierta en una crisis suele haber señales.
Prevenir significa aprender a identificarlas y actuar cuando todavía estamos a tiempo.
Y cuando el daño ya ocurrió, la responsabilidad tampoco termina con la primera reacción. Es necesario dar seguimiento, buscar la restitución de los derechos afectados, atender las consecuencias y generar condiciones para que aquello no vuelva a suceder.
La misma lógica debe aplicarse al uso de los recursos públicos.
El dinero público pertenece a la sociedad y tiene una finalidad pública. Cuando un recurso se desvía, se desperdicia o se utiliza indebidamente, las consecuencias no se quedan en una cifra. Terminan afectando la vida de las personas.
Un servicio que no llega, una escuela que no recibe lo necesario o una comunidad que continúa esperando una solución son también consecuencias de decisiones sobre recursos públicos.
Por eso, prevenir la corrupción también es proteger derechos humanos. Combatirla no puede limitarse a perseguir irregularidades una vez que ocurrieron; también implica fortalecer la prevención, la transparencia, la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas.
Pero Gobernar con Dignidad tampoco significa pensar que todo está mal y que debemos empezar de cero.
Una de las ideas que queremos defender desde Voz Ciudadana es construir sin destruir.
Hay instituciones que funcionan, servidores públicos que hacen bien su trabajo, programas que han dado resultados y experiencias que merecen conservarse. Se trata de reconocer lo que funciona, aprender de lo que no funcionó y corregir aquello que sea necesario.
También existe una responsabilidad ciudadana. Pero hablar de corresponsabilidad no puede servir para trasladar a la sociedad obligaciones que corresponden al Estado. El Estado tiene obligaciones que debe cumplir; la ciudadanía tiene la responsabilidad de participar, organizarse, proponer, vigilar y exigir.
Por eso una de las ideas que mejor resume nuestra visión es cuidarnos unos con otros, no cuidarnos unos de los otros.
Podemos pensar diferente sin convertirnos en enemigos. Podemos tener posiciones políticas distintas, historias distintas y maneras diferentes de entender la sociedad, y aun así encontrar aquello que nos une.
De ahí surge también nuestra visión sobre los procesos de paz.
La paz no significa que desaparezcan los conflictos. Los conflictos forman parte de cualquier sociedad. Lo que debemos transformar es nuestra capacidad para procesarlos. Un conflicto escuchado y atendido oportunamente puede encontrar una salida; un conflicto ignorado puede crecer hasta convertirse en violencia.
Por eso los procesos de paz deben estar cerca de la gente: en las colonias, las comunidades, las escuelas, las universidades, los centros de trabajo, los espacios públicos y las familias.
Esa es la apuesta concreta de los Comités Paz con Voz en colonias y comunidades: ser el espacio donde se previene antes del daño, se dialoga el conflicto y se vigila que cada decisión pública se traduzca en dignidad.
Esta es la ruta que queremos recuperar desde Voz Ciudadana por los Derechos Humanos: una ciudadanía capaz de dialogar con las instituciones, exigirles, colaborar cuando corresponda, vigilar el ejercicio del poder y señalar cuando las cosas no se están haciendo bien.
Queremos ciudadanía con ciudadanía.
Hablamos de una utopía porque necesitamos un horizonte que nos permita saber hacia dónde queremos ir. Todo comienza con una pregunta concreta: ¿qué va a significar cada decisión pública en la vida de las personas?
Cuando esa pregunta guía la manera de gobernar, de participar, de administrar los recursos y de relacionarnos con nuestras comunidades, la vida pública puede ser distinta. Esa es la propuesta de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos: Gobernar con Dignidad, construir sin destruir, cuidarnos unos con otros y fortalecer procesos de paz.
No necesitamos estar de acuerdo en todo, pertenecer al mismo partido ni tener la misma historia. Necesitamos reconocer lo que nos une y organizarnos para hacerlo posible.
Ciudadanía con ciudadanía.
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