Por Luis Soriano Peregrina / Voz Ciudadana
@LuisSorianoVC
Desde el pasado lunes 7 de septiembre está en marcha, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, el sexagésimo tercer periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que concluirá el 7 de octubre. Durante estas semanas, los 47 Estados que integran el Consejo, entre ellos México, revisan conflictos, crisis y desafíos que afectan a personas y comunidades en distintas partes del mundo.
Al inaugurar los trabajos, el presidente del Consejo, Sidharto Reza Suryodipuro, dio paso a la actualización mundial presentada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk. Entre sus reflexiones hubo una que me parece especialmente sugerente: los derechos humanos, dijo, son portadores de esperanza, una brújula en tiempos turbulentos y una fuente de soluciones concretas.
Me quedo con esa imagen porque una brújula no hace el camino por nosotros. Indica el rumbo, ayuda a no perderlo y permite corregir cuando nos desviamos. Después hay que avanzar.
Uno de los asuntos que abordó Türk fue la Inteligencia Artificial. Advirtió que una IA avanzada podría representar un riesgo existencial para la humanidad y planteó la necesidad de establecer garantías de seguridad antes de que sea demasiado tarde. También anunció su intención de dialogar con las empresas del sector para plantear líneas rojas y mecanismos de verificación independiente.
La advertencia merece atención. La tecnología avanza a una velocidad que muchas veces supera la capacidad de las instituciones para regularla y, mientras construimos las reglas, ya están apareciendo problemas que no podemos dejar para después. ¿Qué ocurre con la privacidad cuando nuestros datos alimentan sistemas cada vez más sofisticados? ¿Cómo evitamos que una herramienta reproduzca discriminaciones que ya existen en la sociedad? ¿Quién responde cuando una decisión automatizada provoca un daño? No son preguntas del futuro; forman parte de las decisiones que estamos tomando hoy.
Esto tampoco significa colocarnos en contra de la Inteligencia Artificial. Bien utilizada, puede ser una herramienta extraordinaria para analizar información, mejorar procesos, detectar riesgos y apoyar la toma de decisiones. El problema aparece cuando comenzamos a atribuirle a la herramienta una responsabilidad que corresponde a las personas y a las instituciones.
En Puebla, como en muchas partes del país, la tecnología ya forma parte de la vida cotidiana de las instituciones: trámites, análisis de datos, sistemas de videovigilancia y distintas herramientas para procesar información. Frente a ello, el reto no consiste únicamente en saber qué puede hacer una tecnología, sino en establecer con claridad para qué se utiliza, bajo qué controles y quién responde por sus consecuencias. La innovación puede avanzar, pero la dignidad humana tiene que permanecer como límite.
La agenda del Consejo, por supuesto, va mucho más allá de la tecnología. Durante este periodo se revisan situaciones relacionadas con Gaza, Sudán, Myanmar, Ucrania, la República Democrática del Congo, Afganistán y Haití, además de asuntos como las desapariciones forzadas, la protección de civiles, la discriminación, el cambio climático, la contaminación, el agua y los derechos de los pueblos indígenas.
Desde México, algunos de estos asuntos pueden parecer lejanos. Sin embargo, detrás de cada informe, cada resolución y cada debate internacional hay personas concretas que esperan respuestas. Esa es la razón por la que los derechos humanos no pueden quedarse en el lenguaje de las declaraciones.
Los informes y compromisos internacionales cumplen una función indispensable porque establecen estándares, visibilizan problemas y obligan a los Estados a rendir cuentas. Pero su verdadero significado aparece cuando se convierten en decisiones concretas y verificables.
Hoy podemos pedirle a una herramienta de Inteligencia Artificial que redacte en segundos un mensaje impecable sobre dignidad, justicia o esperanza. Puede hacerlo con gran precisión. Pero ningún texto, por perfecto que sea, resuelve por sí mismo el problema de una persona.
Si una persona está desaparecida, necesita una búsqueda efectiva, coordinada y sin demora. Si alguien ha sufrido una violación a sus derechos, necesita protección, investigación y acceso a la justicia. Y cuando una institución identifica que algo falló, tiene que corregirlo y generar las condiciones para que no vuelva a ocurrir. Es ahí donde las palabras dejan de ser discurso y adquieren contenido.
México forma parte directamente de esta conversación. Nuestro país integra el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2026-2028, por lo que participa en las discusiones internacionales, pero también asume la responsabilidad de que sus propios avances y desafíos sean observados.
Durante esta sesión se presentarán informes relacionados con México. Uno deriva de la visita del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión de sustancias y desechos peligrosos; otro corresponde a la visita del Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana.
En su actualización, Volker Türk también reconoció como un avance la adopción por México de un protocolo para investigar determinados delitos. Es relevante porque un protocolo no debería ser simplemente un documento institucional: debe convertirse en una ruta de actuación que haga más rigurosa y clara la investigación y, sobre todo, que coloque las necesidades de las víctimas en el centro.
Esa es la posición particular de nuestro país: tener voz en el debate internacional y, al mismo tiempo, la obligación de mostrar resultados en casa.
Por esto es que Ginebra deja de estar tan lejos y debemos de verlo como un vínculo directo con nuestro País, lo que sucede en aquella región, pues todo lo que se está discute en Naciones Unidas cobra sentido en México, en Puebla y en cada comunidad cuando una persona toca la puerta de una institución porque necesita ser escuchada, protegida y atendida; más cuando se trata de que ha vivido una constante revictimización que motivó tocar en la ventanilla de las instituciones de derechos humanos.
Por eso regreso a la imagen de la brújula. Los derechos humanos nos permiten saber hacia dónde debemos caminar, pero el rumbo por sí mismo no transforma la realidad. Para avanzar hacen falta decisiones, presupuesto, instituciones capaces, personal preparado y, sobre todo, la voluntad de reconocer cuando algo no está funcionando y corregirlo.
En una época en la que podemos producir un discurso en cuestión de segundos, lo verdaderamente importante sigue siendo mucho más sencillo: que detrás de las palabras existan decisiones y que esas decisiones le sirvan a alguien.
Al final, todo se puede medir. En el mundo real, medir significa analizar el momento exacto en que alguien necesita proteger sus derechos. La verdadera pregunta es si los ciudadanos encuentran hoy, o encontrarán mañana, una institución especializada que los atienda con dignidad, asertividad y empatía. ¿O seguiremos pateando la lata y mandando a la gente de un lado a otro sin resolver nada?
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