Por Rafael Micalco Méndez
De la austeridad al lujo: el gobierno reserva los vuelos hasta 2031, pero los poblanos pagan la cuenta
A los pocos meses de haber iniciado este gobierno, advertí que no era momento de este tipo de decisiones. Hoy, con hechos y argumentos sobre la mesa, hay razones para cuestionar a una administración que parece haber confundido el ejercicio del poder con la opacidad de decisiones y el exceso.
En Puebla, el Titular del Ejecutivo Estatal ya no solamente vuela alto en sus discursos: ahora suma otro helicóptero a su flota oficial. Pasamos de tres a cuatro aeronaves en menos de dos años de administración. ¡Vaya austeridad!
Y no lo digo yo, ahí están los hechos: hoy el gobernador tiene a su disposición cuatro helicópteros. Pero esto no es lo único; también hemos visto cómo este gobierno ha metido de más las manos en las funciones de los poderes Legislativo y Judicial, sin cuidar siquiera las formas. Parece que, en esta administración, los límites entre los poderes y el respeto a sus funciones pasan a segundo plano cuando se trata de ejercer el poder.
Vale la pena preguntarnos: ¿de verdad era ésta la prioridad de Puebla? ¿Cuántos problemas de inseguridad, salud, infraestructura y servicios públicos podrían atenderse con los recursos que implica adquirir y mantener una aeronave de estas características?
El pasado 14 de octubre, el propio Gobierno del Estado anunció la incorporación de un helicóptero Leonardo modelo 2020, bajo el argumento de reforzar la vigilancia carretera y el combate a la delincuencia. Ese es el argumento oficial y, por supuesto, nadie cuestiona que la seguridad deba fortalecerse, considero que debe ser incluso uno de los temas principales que se deban atender.
Lo que sí merece una explicación es por qué se incrementa la flota aérea mientras la información sobre el uso, gastos tripulantes y bitácora de las aeronaves permanece bajo llave. Y es que el problema no comienza con este cuarto helicóptero. Desde hace meses, el uso de las aeronaves oficiales por parte del gobernador ha generado cuestionamientos públicos. En mayo, la difusión de imágenes del Ejecutivo Estatal a bordo de un helicóptero, en el contexto de actividades relacionadas con Morena, abrió una discusión que el gobierno debió atender con transparencia y explicaciones claras.
¿Para qué se utilizó la aeronave? ¿Cuál fue el motivo del traslado? ¿Quiénes viajaban a bordo? ¿Cuánto costó? Son preguntas elementales cuando hablamos de bienes y recursos públicos, no de un servicio de transporte privado pagado de la bolsa de un particular.
Y cuando a eso se suman los señalamientos sobre el uso de aeronaves oficiales por parte de funcionarios y figuras vinculadas al gobierno, la suspicacia ciudadana crece. No porque debamos dar por hecho que existe un uso electoral, sino porque la opacidad alimenta precisamente esas dudas.
Además, estamos entrando en una etapa política que exige todavía más claridad. Con el proceso electoral federal de 2027 ya iniciado y el próximo proceso local en el horizonte en Puebla, la ciudadanía tiene derecho a preguntar cómo se utilizan los recursos públicos y qué controles existen para impedir que los bienes del gobierno se conviertan en instrumentos de promoción partidista.
¿Quién garantiza que un helicóptero oficial se utiliza exclusivamente para fines institucionales? ¿Qué mecanismos permiten distinguir un traslado de seguridad de uno relacionado con actividades políticas?
No basta con responder que todo es por seguridad. La seguridad no puede convertirse en una palabra mágica que cierre cualquier discusión, mucho menos cuando se trata del dinero de los poblanos.
De acuerdo con información publicada por medios de comunicación, el Gobierno del Estado clasificó como reservados los datos relacionados con los vuelos del gobernador, incluidos gastos, bitácoras y pasajeros. La reserva impide conocer esos detalles durante cinco años, pero ¿Cinco años? ¡Qué conveniente! Los ciudadanos pueden esperar cinco años para conocer cuánto cuesta operar los helicópteros, cuánto combustible consumen, cuánto se destina a mantenimiento y qué uso se les dio. Pero el gobierno pretende que aceptemos hoy, sin revisar las cuentas, que todo se hace correctamente.
Yo le diría al gobernador del estado algo muy sencillo: usted puede subir a cualquiera de los helicópteros oficiales, no se preocupe, que los que lo tiran ya no están.
Y recordamos que los gobiernos anteriores también fueron cuestionados por el uso de helicópteros oficiales. Andrés Manuel López Obrador hizo de la austeridad una bandera política; en Puebla, durante el gobierno de Miguel Barbosa, el uso de aeronaves también fue motivo de discusión pública, refiriendo que los iba a vender.
Morena llegó al poder prometiendo acabar con los privilegios. Entonces, ¿qué cambió? ¿La austeridad era una convicción o solamente un discurso útil mientras estaban en campaña?
Porque cuando se trata de criticar los excesos de los adversarios, sobran los señalamientos. Pero cuando el poder está de este lado, parece que las explicaciones se vuelven opcionales y la transparencia puede esperar hasta 2031.
Y no olvidemos algo: todo esto ocurre en menos de dos años de administración. Apenas estamos viendo una parte del sexenio y ya tenemos cuatro helicópteros, una reserva de información por cinco años y más preguntas que respuestas.
Que quede claro: no estoy en contra de que Puebla tenga herramientas para combatir la delincuencia, atender emergencias o proteger a sus habitantes. Estoy en contra de que se pretenda utilizar la seguridad como una respuesta automática para cualquier cuestionamiento sobre el gasto público.
Si el nuevo helicóptero es para atender emergencias, que se informe cómo se medirá su utilidad. Y si su uso es estrictamente institucional, que se establezcan mecanismos de control que permitan demostrarlo sin poner en riesgo la seguridad de nadie.
Porque al final, los poblanos merecen saber si esta nueva aeronave representa una inversión necesaria para su seguridad o si estamos frente a otra decisión de un gobierno que acumula recursos, concentra decisiones y ofrece pocas explicaciones. Y mientras esperamos las respuestas, queda una pregunta que seguramente también se hacen muchos poblanos: si ya tenemos cuatro helicópteros, si no podemos conocer cuánto cuesta operarlos y si hasta 2031 podremos acceder a información hoy reservada, ¿quién nos garantiza que estos aparatos están al servicio de la gente y no de los intereses políticos de quienes gobiernan?
No quisiera pensar que, entre tanta aeronave y tanta reserva, el nuevo helicóptero termine convertido en el juguete de los poderosos. Y entonces sí, la pregunta: ¿es un helicóptero para la seguridad de Puebla o un nuevo juguete para el Coordinador de Gabinete?