Por Luis Armando Soriano Peregrina
La violencia no se queda en las cifras de homicidios ni en los reportes de seguridad. También puede cerrar una clínica, interrumpir la vacunación, obligar a una familia a abandonar su casa o hacer que niñas y niños dejen la escuela. Ese vínculo entre violencia y derechos sociales estuvo presente en la revisión que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas hizo a México del 2 al 5 de noviembre de 2026.
Conviene distinguir este examen del Examen Periódico Universal, conocido como EPU. El EPU revisa la situación general de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU, bajo el Consejo de Derechos Humanos. La revisión a inicios del mes de noviembre 2027, estuvo a cargo de un comité especializado y se centró en las obligaciones que México asumió al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son mecanismos diferentes, pero ambos permiten contrastar los compromisos de un Estado con la realidad que viven las personas.
Las preguntas del Comité mostraron que la violencia puede afectar derechos que, a primera vista, parecen alejados de la seguridad. Las personas expertas preguntaron por regiones donde el personal médico teme acudir a trabajar y donde eso puede repercutir en la vacunación. También preguntaron por familias que han tenido que huir de sus hogares debido a la actividad de grupos criminales. Y pusieron sobre la mesa la situación de familiares de personas desaparecidas: algunas pierden sus medios de vida y su salud se deteriora; sus hijas e hijos pueden abandonar la escuela, si que exista instancia pública que vea por estás personas.
Estas preguntas obligan a mirar la violencia en toda su dimensión. Cuando una persona deja de recibir atención médica porque la clínica no puede operar con normalidad, el problema no es exclusivamente de seguridad. Cuando una familia abandona su vivienda, también quedan en riesgo su estabilidad, su acceso a servicios y sus posibilidades de sostenerse. Y cuando la búsqueda de una persona desaparecida absorbe el tiempo y los recursos de sus familiares, el impacto puede alcanzar el trabajo, la salud y la educación de toda la familia.
Por eso, hablar de derechos económicos, sociales y culturales no significa hablar de asuntos secundarios. La salud, la educación, la vivienda y el trabajo son condiciones para llevar una vida digna. Si la violencia impide acceder a ellas, el Estado tiene el deber de responder de manera coordinada y efectiva. No basta con que esos derechos estén reconocidos en las leyes: deben poder ejercerse también en las comunidades más expuestas.
El Comité expresó preocupación por los asesinatos, las desapariciones y los ataques contra personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Durante el diálogo, la delegación mexicana informó que alrededor de 2 mil 300 personas defensoras habían recibido beneficios de programas de protección, incluidas 400 defensoras ambientales. Esa cifra corresponde a lo expuesto por el Gobierno. Por sí sola, no permite saber si las medidas llegan a tiempo, si responden al nivel de riesgo ni si ofrecen seguridad duradera. La pregunta relevante es qué protección reciben las personas en peligro y qué ocurre después de que se activa una medida.
El examen también registró avances que el Comité reconoció, entre ellos la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo. Reconocer esos avances es necesario; también lo es examinar las brechas que persisten. Al cierre del diálogo, el experto que encabezó la revisión señaló que México cuenta con un marco institucional y normativo amplio, pero necesita reducir la distancia entre las normas y la realidad. El Comité prepararía sus observaciones finales, con tres recomendaciones prioritarias para los próximos dos años.
Esa distancia entre las obligaciones y la vida cotidiana debe orientar el seguimiento. Propongo mirar la respuesta pública en cuatro momentos que se complementan: prevención, reacción inmediata, acompañamiento y reincorporación a la vida cotidiana, social y productiva.
Prevenir requiere identificar dónde coinciden la violencia y las barreras para recibir servicios: clínicas sin personal suficiente, escuelas con asistencia interrumpida, comunidades aisladas o familias desplazadas. Esa información debe servir para preparar alternativas de atención y continuidad educativa, con participación de las personas que conocen las condiciones del territorio.
La reacción inmediata significa actuar cuando una clínica deja de operar, una comunidad queda aislada o una familia debe abandonar su hogar. Las autoridades deben coordinarse para proteger a las personas y mantener, hasta donde sea posible, los servicios esenciales. No puede recaer en cada familia la tarea de resolver por sí sola una emergencia que compromete sus derechos.
El acompañamiento implica brindar información clara, orientación, atención psicosocial y continuidad en los servicios a las familias de personas desaparecidas, a las personas defensoras y a las comunidades desplazadas. También supone escucharlas e incluirlas en las decisiones que afectan sus vidas. Una respuesta que no toma en cuenta su experiencia puede dejar intactas las causas del daño.
Finalmente, la reincorporación debe ayudar a reconstruir proyectos de vida. Si una familia perdió su vivienda, su trabajo o la continuidad escolar de sus hijas e hijos, una ayuda aislada puede ser insuficiente. La respuesta debe considerar qué hace falta para recuperar la estabilidad, respetando las necesidades y decisiones de cada persona.
La revisión del Comité no fue una sentencia ni una sanción. Fue un diálogo de supervisión internacional, y ahora corresponde leer sus observaciones finales y dar seguimiento a sus recomendaciones. Habrá que preguntar qué autoridades deben actuar, qué recursos se destinan y qué cambios concretos se alcanzan.
La pregunta de fondo permanece: ¿cómo garantizar los derechos cuando la violencia impide llegar a una clínica, asistir a la escuela o permanecer en el propio hogar? La respuesta exige prevenir, actuar a tiempo, acompañar a quienes enfrentan el daño y apoyar la reconstrucción de sus vidas. Los compromisos internacionales adquieren sentido cuando se convierten en protección efectiva y servicios accesibles para las personas y comunidades.
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