Por Dr. Fidencio Aguilar Víquez
El oficialismo ha salido a festinar la elección judicial del pasado domingo. En su retórica a proclamado que somos el país más democrático del mundo, porque elige a los tres poderes públicos clásicos. Los 13 millones de electores son mucho más que los 9.6 millones que obtuvo el PAN, o los 5.7 millones que logró el PRI en 2024, proclama la presidenta como si fuera una verdad científica. Ahora sí, con la voluntad del pueblo se acabará la corrupción y se saneará la administración de la justicia.
Veamos; tal y como fue planteada la reforma del Poder Judicial, donde no se toca para nada a las fiscalías —locales y federal—, muy difícilmente las causas y procesos tendrán horizonte eficaz, eficiente e imparcial. Por una sencilla razón, en dichas fiscalías comienza la falta de denuncia, la ineficacia y, sobre todo, la corrupción. Si no se quita el tapón corrupto de dichas fiscalías, ¿llegará la justicia de los juzgadores, ahora sí limpios e impolutos, emanados de la elección del 1 de junio? ¿Alguien lo cree?
Sí, quizá sí, los 13 millones de votantes. Pero también, quizá no, los casi 87 millones de electores que decidieron no hacerlo, ya sea porque no creyeron en esa premisa, ya sea porque no les interesó participar en esta “histórica” elección, como la califica el oficialismo y sus propagandistas. En esto algo es claro: No porque el oficialismo diga que algo es de tal manera, realmente lo sea. La mayoría de los electores no creyó en lo que el oficialismo decía sobre la elección. La mayoría del pueblo no avaló la elección.
La presidenta, en tono de mofa —y en eso sigue a su mentor—, señaló que ni el PRI ni el PAN lograron lo que la elección de juzgadores. Comparó peras con manzanas. Cualquier estadístico sabe que, para que la estadística funcione, hay que comparar elecciones a cargos de elección popular de la misma naturaleza —incluso distinguiendo las locales y las federales—. No es científico comparar elecciones distintas, lo sabe cualquier estudiante de prepa. Tampoco hay que pedir peras al olmo.
La mandataria federal también ha dicho que, con la elección judicial, somos el país más democrático del mundo. Seguramente se figurará que mejor que Dinamarca, Suiza, Canadá, incluso los Estados Unidos. La absorción de los poderes Legislativo, que ya estaba desde López Obrador, y ahora el Judicial, por parte del Ejecutivo, no se da en ninguna de esas democracias. Ya se ha discutido con bastante amplitud que la democracia mexicana —joven e inmadura— ha muerto no sólo en su ejercicio, sino en su mismo origen: la participación ciudadana y la organización electoral imparcial.
Desde ahora veremos elecciones similares a las del domingo 1 de junio: sin que los funcionarios de casilla cuenten los votos ni se den a conocer los resultados en las casillas mismas; sin Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); lo peor, con la admisión de “acordeones” en la casilla, avalados por las autoridades electorales (al fin y al cabo, el Tribunal Electoral habrá surgido de esta elección judicial recientemente pasada). En suma, tendremos elecciones no-democráticas y una democracia también no-democrática.
La demagogia siempre hablará en nombre del pueblo, pero sin el pueblo, como se ha visto en la elección judicial. En realidad, la demagogia no puede apropiarse del pueblo, salvo a la fuerza, como lo está haciendo ahora. Primero, no respetando la voluntad popular: el oficialismo —con un INE colonizado— se hizo de una mayoría artificial en las cámaras del Congreso de la Unión; la autoridad jurisdiccional electoral la avaló. Luego “convenció” a dos senadores “perredistas” y uno “panista” e impidió llegar a uno emecista a la sesión, para lograr la aprobación de la reforma del Poder Judicial. Al Capone sería un niño de pecho comparado con los líderes morenistas en el Senado.
En segundo lugar, la elección judicial fue menospreciada por la mayoría del pueblo, no por otra cosa, sino porque la reforma judicial no fue legítima (aunque haya sido legal). Los totalitarismos siempre vuelven legales sus decisiones, precisamente para tratar de justificarse. Así lo hicieron los nazis en Alemania y quisieron hacerlo en toda Europa; así lo hicieron también los fascistas en Italia. ¡No se diga! Así también lo hicieron los comunistas en la Unión Soviética. Así lo hacen Maduro y Ortega en sus países.
Con estos antecedentes, el oficialismo —que se ha burlado del voto del pueblo—, ¿pretende sanear al Poder Judicial? Si no logró sanear al Poder Ejecutivo, ¿cómo lo hará con el Judicial? Ahí están los casos de SEGALMEX, las millonarias inversiones del Tren Maya, la refinería de Dos bocas, el endeudamiento público, toda una millonada que no se ha transparentado, ¿así se saneará al Poder Judicial? ¿Así habrá una justicia para todos, imparcial y profesional? En el oficialismo no vemos que se haya ido la corrupción, sólo vemos que se ha tapado.
Vivimos tiempos recios. Con los poderes públicos sometidos, el siguiente paso del oficialismo morenista es el sometimiento de los medios de comunicación. Los ámbitos universitarios, como ya lo hacen de hecho, solos se autocensurarán. La esperanza que pervive es la que propicia y gestiona la sociedad civil, las familias y las comunidades cercanas.
La amenaza a la sociedad civil ya no sólo son las mafias del crimen organizado, ahora también lo será el poder omnímodo del Estado. Y, claro, habrá quienes aplaudan este sometimiento, diciendo que están “felices”. Han caído los privilegios, se imaginarán. En realidad, esos privilegios se han redistribuido en las nuevas castas oficialistas, algunos de cuyos integrantes formaban parte de las castas del pasado. El oficialismo gobierna en nombre del pueblo, pero sin el pueblo.
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