La desaparición del INAI fragmentó el sistema de transparencia y debilitó la obligación de las autoridades para abrir información pública; especialistas advierten más riesgos de opacidad en corrupción, seguridad, megaproyectos y desapariciones
Por OTILIA CARVAJAL / La Silla Rota
La transparencia en México entró en una etapa de retroceso. Con un sistema fragmentado, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejó un vacío en la vigilancia del acceso a la información pública y debilitó la capacidad para obligar a las autoridades a transparentar datos de interés público. Especialistas advierten que, actualmente no hay criterios homogéneos y en temas sensibles como corrupción, megaproyectos, seguridad y desapariciones, el acceso a la información depende cada vez más de los propios gobiernos. En ese contexto, las solicitudes ciudadanas de información cayeron 27% entre 2024 y 2025, tras varios años consecutivos con más de un millón de peticiones anuales.
De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2024 se interpusieron un millón 16 mil 82 solicitudes de información; para 2025, la cifra cayó a 797 mil 22. Entre 2022 y 2024, se registraron arriba de un millón de solicitudes al año, tendencia que se interrumpió en 2025 tras la desaparición del INE. De enero a abril de 2026, se han ingresado 259 mil 217 peticiones de información mediante la PNT, es decir, un promedio de 64 mil solicitudes al mes. La desaparición del INAI se concretó en marzo de 2025 tras la publicación de las reformas para simplificación orgánica en el Diario Oficial de la Federación, aunque fueron aprobadas por el Congreso en diciembre de 2024. Hasta marzo de 2026, 18 estados concretaron sus reformas para desaparecer a los organismos encargados de transparencia. Sus funciones fueron asumidas por Transparencia para el Pueblo, un organismo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en México, que durante 2025 recibió 5 mil 991 recursos por inconformidades de la información proporcionada por dependencias. https://geo.dailymotion.com/player/x8bic.html?playlist=x7g1kr#amp=1
Mayor opacidad por información reservada, señala excomisionada
La excomisionada del IFAI, Jacqueline Peschard, advirtió que se fragmentaron los criterios para determinar en qué casos la información es pública o reservada, porque en lugar del INAI se tiene órganos garantes a nivel federal y estatal. Apuntó que la propia ley ha aumentado las causales de reserva y hay menos elementos para protegerse ante respuestas como restringir datos por seguridad nacional.https://c47b61b7d6d98f3665ae7220498d08a2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0
Te podría interesar
- SeguridadDiputado exige transparencia sobre la llegada de soldados estadounidenses a Hidalgo
- Universidad VeracruzanaTransparencia verificable: UV reafirma manejo responsable de recursos
Señaló que también se ha perdido la relevancia social de la transparencia. “Sobre todo los temas más más graves, el huachicol fiscal, las desapariciones, no podemos tener datos sobre las desapariciones, porque quien controla la definición de la información pública, pues es el propio gobierno”. https://c47b61b7d6d98f3665ae7220498d08a2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0
La socióloga consideró ha perdido centralidad, la importancia de la transparencia que es uno de los requisitos fundamentales pues de un régimen democrático o que esté interesado en proteger derechos fundamentales.
Te podría interesar
En 2024, el último año completo de operaciones del INAI, se emitieron 6 mil 671 respuestas como información reservada o confidencial, total o parcialmente. Por sujeto obligado, los más frecuentes fueron el Servicio de Administración Tributaria (882), el Instituto Mexicano del Seguro Social (502), la Auditoría Superior de la Federación (278) y el Instituto Nacional Electoral (162). En contraste, en 2025 la cifra de respuestas en este grupo fue de 5 mil 779. Sin embargo, en este año se presentaron un 27% menos de solicitudes.
Las dependencias con más casos en ese periodo fueron el IMSS (449), el SAT (449), el INE (270), la Comisión Federal de Electricidad (231) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (170). Destacan casos como la reserva de los estudios, dictámenes, auditorías y evaluaciones relacionadas con el impacto ambiental del Tren Maya, que determinó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados en octubre de 2025, la secretaria Alicia Bárcena confirmó daños en cavernas y cenotes ubicados entre Playa del Carmen y Tulum por la construcción del tramo 5 del tren, sin embargo, afirmó que se trabajaba para regularizar las obras.
En 2023, La Silla Rota publicó que la Auditoría Superior de la Federación reservó por cinco años la investigación contra el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) sobre el pago de servicios médicos a trabajadores fallecidos, que ocasionó un daño al erario por casi 5 millones de pesos. Con base en datos de la Cuenta Pública 2021, el INDEP, a través del Fondo de Pensiones del Sistema de Banrural, pagó servicios médicos a pacientes que no cumplieron con los requisitos necesarios para recibir el apoyo o que ya habían fallecido.
Otro caso ocurrió cuando la Secretaría de Hacienda reservó información relacionada con el descalfo de 15 mil millones de pesos de Segalmex durante la gestión de Ignacio Ovalle como reveló Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La dependencia rechazó entregar datos sobre el grupo intersecretarial que colaboró con la FGR para fortalecer el expediente del caso. Transparencia del Bienestar desecha 17% de impugnaciones Transparencia para el Pueblo entró en funciones a partir del 21 de marzo de 2025, para asumir las tareas que correspondían al Inai como la atención de recursos de revisión de 480 sujetos obligados a nivel federal. En ese periodo se recibieron 5 mil 991 recursos, de los cuales fueron desechados mil 22 y fueron admitidos 4 mil 965. Sin embargo, sólo en 788 casos se aceptó revocar la resolución de la dependencia.
Los más frecuentes fueron contra Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo (597), IMSS-Bienestar (347), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (290), Secretaría de Educación Pública (280), Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN (274) e IMSS (266). Hay otras autoridades cuyos órganos garantes son los propios Órganos Internos de Control: INE, FGR, CNDH, INEGI, Banco de México, instituciones educativas como la UNAM, UAM y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; también la Cámara de Diputados, Senado, Poder Judicial y la Auditoría Superior de la Federación.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que Transparencia para el Pueblo no apela a la apertura de la información gubernamental, sino que se ha convertido en una especie de “corte de apelaciones”, aunque sus estadísticas son parecidas al del INAI. “No se diseñó como un promotor de la transparencia, sino se diseñó como un recurso de revisión institucional”, apuntó.
TAMBIÉN LEE: Advierten retrocesos en transparencia
TAMBIÉN LEE: Investigan a extitular del INAI por entrega irregular de archivos
Uno de los principales problemas es que hay un menor costo por ser opaco, dijo, pero que tiene un origen más social que institucional. Planteó que las personas buscan medios inmediatos como la inteligencia artificial para investigar, hacer verificación de datos, sin que necesariamente sea información verídica.
Por su parte, Cuauhtémoc Cruz, secretario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en Puebla, señaló que se dispersó el sistema de transparencia que se había construido en los últimos 10 años, tanto a nivel federal como estatal.
“Puede haber una transparencia opaca, de un dato que no me dice nada, que un poco de repente nos quedamos con algunos elementos así en los portales de transparencia y tendríamos que caminar a una transparencia clara de cómo reutilizamos esa información, cómo los formatos se vuelven accesibles para la población”, apuntó. Consideró que se ha generado cierta desconfianza al momento de interponer un recurso de revisión, sobre todo en los estados, porque antes se tenía la opción de acudir al INAI, y ahora este proceso debe hacerse con los nuevos órganos garantes.
VGB