La acusación presentada en Nueva York señala a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntamente proteger operaciones de Los Chapitos a cambio de sobornos.
Redacción / EF
La entrega de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, a las autoridades de Estados Unidos pone bajo presión a los políticos señalados por el Departamento de Justicia de tener presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
La acusación formal, presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, incluye a diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, a quienes se les atribuye haber protegido operaciones de narcotráfico, filtrado información oficial y recibido sobornos millonarios.
Según la investigación de los fiscales, la red operó desde distintas posiciones de los gobiernos estatales y municipales para facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Las autoridades afirman que los implicados ofrecían protección institucional y policial al grupo criminal a cambio de dinero, apoyo electoral y favores.
Los señalados por EU por nexos con Los Chapitos
Enrique Díaz Vega
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, es señalado por autoridades estadounidenses como un operador político y financiero dentro de la presunta red de protección al Cártel de Sinaloa.
Fiscales sostienen que Díaz Vega ayudó a los líderes de los Chapitos a instalar funcionarios corruptos para proteger las operaciones de narcotráfico, además de servir como enlace entre el cártel y el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
El documento apunta que, antes de las elecciones para gobernador de Sinaloa en junio de 2021, en las que Rocha Moya fue elegido gobernador, Díaz Vega entregó a Los Chapitos los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya, para amenazarlos y obligarlos a retirarse de la contienda.
Díaz Vega también se habría reunido con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros miembros de alto nivel del cártel.
Enrique Inzunza Cázarez
Enrique Inzunza Cázarez, actual senador de Morena y exsecretario General de Gobierno de Sinaloa, también aparece entre los funcionarios acusados por la fiscalía estadounidense. El documento judicial lo ubica como parte de la estructura política que presuntamente brindó respaldo institucional a integrantes del Cártel de Sinaloa.
Según la acusación, Inzunza Cázarez se reunió con líderes de Los Chapitos para acordar una supuesta protección al cártel de parte del gobierno sinaloenese, a cambio de favores que ayudaran al senador y a otros funcionarios corruptos a permanecer en el poder.
Juan de Dios Gámez Mendívil
Juan de Dios Gámez Mendívil, el alcalde con licencia de Culiacán, es otro de los funcionarios incluidos en la acusación federal estadounidense. De acuerdo con la investigación, autoridades municipales de la capital sinaloense habrían participado en mecanismos de protección y colaboración con integrantes del grupo criminal.
La fiscalía señala que como alcalde, Mendívil recibió sobornos de Los Chapitos a cambio de permitir que el cártel opere en Culiacán sin interferencia gubernamental, protegiendo las operaciones de narcotráfico de la organización en su jurisdicción, además de proteger a sus miembros de ser arrestados.
Dámaso Castro Saavedra
Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa quien también pidió licencia al cargo, es señalado de recibir sobornos de Los Chapitos a cambio de proteger a sus integrantes de arrestos. También se le acusa de alertar a los delincuentes sobre “operaciones policiales planificadas respaldadas por Estados Unidos.”
Saavedra es acusado por la corte de Nueva York de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. En las listas de pagos mensuales de Los Chapitos recuperadas en México en relación con esta investigación muestran que Saavedra, referido como ‘Culiacán Regio’ en la lista, recibió sobornos de aproximadamente 200 mil pesos mensuales.
Marco Antonio Almanza Avilés
Marco Antonio Almanza Avilés fue el jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa desde 2017 hasta noviembre de 2022. En su cargo, Avilés recibió sobornos del cártel para permitir que operaran libremente en el estado.
Entre otras cosas, Avilés emitió órdenes de arresto para los enemigos de Los Chapitos cuando estos lo solicitaron y permitió que los envíos de productos químicos utilizados para producir el fentanilo fueran transportados a través de Sinaloa.
El acuerdo entre Avilés y Los Chapitos se discutió y estableció inicialmente en una reunión que tuvo lugar en 2017 o 2018, con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, en uno de los ranchos de Iván en Sinaloa.
Alberto Jorge Contreras Núñez
Alberto Jorge Contreras Núñez, también conocido como ‘Cholo’, sucedió a Marco Antonio Almanza Avilés como jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en noviembre de 2022, cargo que ocupó hasta febrero de 2026.
Entre otras cosas, Contreras Núñez ordenó la liberación de miembros de Los Chapitos que habían sido arrestados por sus actividades de narcotráfico y ayudó al grupo a localizar y matar a sus enemigos, incluidos miembros de cárteles rivales.
José Antonio Dionisio Hipólito
José Antonio Dionisio Hipólito, también conocido como ‘Tornado’, fue subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa desde 2017 hasta aproximadamente 2022.
A cambio de sobornos, ‘Tornado’ permitió que el cártel operara sin interferencia en su jurisdicción e instaló a otros agentes que estaban en la nómina de Los Chapitos en puestos de poder dentro de la Policía Estatal de Sinaloa.
Juan Valenzuela Millán
Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, excomandante de la Policía Municipal de Cualiacán, enfrenta cargos adicionales relacionados con el secuestro y homicidio de un informante de la DEA y un familiar. La acusación estadounidense lo identifica como uno de los operadores más violentos dentro de la estructura investigada.
Millán recibió sobornos mensuales de Los Chapitos para él, sus comandantes y más de 40 agentes de la policía municipal, a cambio de utilizar a la policía y sus recursos para mantener su control sobre Culiacán, incluyendo el arresto, secuestro y/o asesinato de enemigos.
Rubén Rocha Moya
Rubén Rocha Moya es gobernador con licencia de Sinaloa y el funcionario de mayor rango incluido en la acusación presentada por fiscales federales de Nueva York. De acuerdo con el expediente, el mandatario habría mantenido una alianza con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con Los Chapitos, durante su administración.
El Departamento de Justicia sostiene que Rocha Moya habría recibido apoyo político y financiero de la organización criminal, mientras presuntamente permitía que integrantes del cártel operaran con protección institucional.
La acusación también señala que funcionarios bajo su mando compartían información sensible sobre operativos y acciones de seguridad. El gobernador ha rechazado públicamente los señalamientos y los calificó como “acusaciones sin sustento”.
Fuente: El Financiero