Víctor Hugo Carvente deberá rendir cuentas ante el Congreso sobre las investigaciones por presunta corrupción en el organismo electoral, mientras crecen las dudas sobre su trabajo como cabeza del Órgano Interno Control

Elia Castillo Jiménez / El País
Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de vigilar las cuentas, ha puesto sobre la mesa nuevas cifras sobre la trama de corrupción en el organismo que empujó la renuncia de la presidenta Guadalupe Taddei. El contralor ha informado a la Cámara de Diputados de la apertura de investigaciones por posibles irregularidades en las contrataciones públicas, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
El reporte llega después de que las sospechas sobre la gestión Taddei y su dimisión mantienen bajo escrutinio a la institución responsable de organizar las elecciones en México. La entrega del informe ha dejado una cascada de preguntas sobre la falta de acción del órgano fiscalizador que han derivado en que sea citado a comparecer públicamente ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación y a puerta cerrada, ante los líderes de las fuerzas política del órgano legislativo. En fecha por definir.
El oficio INE/OIC/0182/2026, entregado este lunes a la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo, da cuenta de 16 expedientes de investigación iniciados durante 2025 y 2026. De acuerdo con el documento, 11 corresponden a contrataciones públicas e involucran, al menos, a 15 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 empresas. A estos procedimientos se suman otras 25 investigaciones derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control.
Las cifras describen una trama que va más allá de un contrato. Entre las conductas bajo investigación se establecen posibles simulaciones en los requisitos de contratación, ocultamiento de conflictos de interés, aplicación irregular de recursos públicos y deficiencias en la supervisión de bienes y servicios que podrían haber ocasionado daños patrimoniales. El informe no equivale a una declaración de culpabilidad: se trata de hechos sujetos a investigación y, en su caso, a los procedimientos administrativos o penales correspondientes.
Con todo, la dimensión de las pesquisas contrasta con la escasa información pública disponible sobre su avance, sus plazos y sus posibles consecuencias. La entrega del reporte al Congreso permite conocer la magnitud de las indagatorias, aunque no resuelve las dudas sobre la dilación e inacción con la que actuó el OIC ni sobre la identidad de todos los funcionarios involucrados.

Camila Ayala Benabib (Cuartoscuro)
El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha alimentado las críticas sobre la dilación para frenar y sancionar la red de presunta corrupción en el INE. El legislador confirmó, este lunes, que el OIC investiga desde hace seis meses presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a proveedores cercanos a Taddei, incluidos posibles conflictos de interés. El legislador justificó que aún no haya denuncias porque las indagatorias siguen abiertas y deben respetar el debido proceso.
Las sospechas que pesan sobre el contralor han escalado. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ha acordado citarlo a comparecer. Carvente deberá responder los cuestionamientos de legisladores y dar detalle de las pesquisas sobre contratos, posibles conflictos de interés y desvíos de recursos atribuidos a la gestión de Taddei.
Carvente ha estado antes bajo la lupa. Su nombramiento en el órgano de control en diciembre de 2024 fue motivo de controversia por el respaldo que le dio la mayoría de Morena en San Lázaro. El contralor ha sido señalado por su presunta cercanía con Taddei y con actores del oficialismo. El contralor revivió en 2025 la denuncia que presentó el morenista Sergio Gutiérrez Luna en contra de las consejerías que en 2021 aprobaron pausar la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador por falta de presupuesto, y les notificó que inició un proceso administrativo en su contra por la forma en que votaron. Ese contexto ha sumado dudas y presión sobre su trabajo de fiscalización.
Uno de los puntos más relevantes del informe entregado por Carvente el mismo día en el que Taddei presentó formalmente su renuncia al órgano legislativo está en las contrataciones. En las auditorías se detectaron inconsistencias en la documentación fiscal y de seguridad social presentada por una empresa participante en la licitación. Además, el pasado 9 de octubre se notificaron 45 cédulas de observaciones preliminares derivadas de auditorías a distintas áreas administrativas del instituto.
El órgano de control también ha reconocido disparidades de precios y criterios entre las contrataciones del instituto y las de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). La admisión resulta relevante en medio de las denuncias sobre proveedores que habrían obtenido contratos en distintas entidades y que han sido vinculados públicamente con el entorno de la anterior consejera presidenta. Específicamente con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
En el informe se ha detallado un esquema de sanciones. Desde enero de 2025, informó, se han emitido 20 sanciones administrativas, se han aplicado 19 inhabilitaciones —14 a servidores, exservidores públicos y cinco a particulares—. Las sanciones económicas acumuladas ascienden a 1,6 millones de pesos. Un cúmulo de información que permanecía bajo resguardo antes de que estallara el escándalo. El reporte de Carvente aporta nueva información sobre el alcance de las investigaciones, pero abre otro frente que lo pone bajo sospecha de omisión en la trama de presunta corrupción que se ha destapado en el instituto encargado de organizar las elecciones.
Fuente: El País