Los cargos de EE. UU. contra un gobernador mexicano detonaron una bomba política en México, han dominado la conversación nacional y han dividido en gran medida al país.
Por Jack Nicas / The New York Times
Reportando desde Ciudad de México
Si se hubieran realizado apuestas sobre qué político mexicano estaba confabulado con los cárteles, el favorito podría haber sido Rubén Rocha Moya.
A Rocha, de 76 años, gobernador de Sinaloa, lo han seguido durante mucho tiempo acusaciones de proteger a la organización criminal dominante de su estado, el Cártel de Sinaloa, un prolífico proveedor de fentanilo y despiadado generador de violencia.
Esas acusaciones alcanzaron su punto álgido en 2024, cuando las autoridades estadounidenses arrestaron al cofundador del cártel, quien luego dijo que creía que se dirigía a reunirse con Rocha.
Sin embargo, en lugar de investigar, los dirigentes mexicanos se apresuraron a salir en defensa de Rocha. El presidente en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cerraron filas rápidamente en torno a Rocha en un escenario en Sinaloa. “Vengo a comprometerme, a seguir luchando junto a ustedes”, dijo Sheinbaum.
Esa promesa acaba de complicarse mucho más.
El miércoles, los fiscales estadounidenses hicieron pública una acusación formal que dio fuerza a los años de señalamientos contra Rocha. En ella se describía un panorama de años de connivencia entre el Cártel de Sinaloa, Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, en el que los líderes del cártel proveían sobornos y votos a cambio de impunidad.
Los cargos detonaron una bomba política en México, han dominado la conversación nacional y han dividido en gran medida al país en dos bandos: los que se alegraron de ver consecuencias por lo que consideraban una corrupción endémica en México y los que se sintieron repugnados por lo que consideraron una intervención ilegal de Estados Unidos.
Rocha negó los cargos, y los calificó de estratagema de Estados Unidos para socavar a Morena, el partido político de izquierda al que él y Sheinbaum pertenecen. Luego, el viernes por la noche, anunció abruptamente que dejaría temporalmente su cargo para centrarse en su defensa.
Para Sheinbaum, el momento le planteó una crisis o una oportunidad. Podría utilizar la acusación como un punto de inflexión para tomar medidas enérgicas contra la corrupción o, como los dirigentes mexicanos han hecho a menudo en el pasado, cerrar filas ante las acusaciones de su vecino del norte.
“Creo que ella quiere justicia”, dijo Enrique Acevedo, presentador principal de En Punto, un importante noticiero nocturno de México. “Pero cada vez que ha tenido que tomar una decisión que pudiera perjudicar políticamente al movimiento que representa, se ha mostrado comedida”.
Añadió: “Si nadie está por encima de la ley, es hora de que la presidenta lo reconozca y actúe en consecuencia”.
En el pasado, Sheinbaum ha decidido no investigar a Rocha. Antes de la imputación, su gobierno había debatido la posibilidad de investigar a Rocha y finalmente se negó a hacerlo, concluyendo que no había pruebas suficientes que lo justificaran, según dos personas informadas de la decisión que hablaron bajo condición de anonimato para describir las discusiones internas.
Desde la acusación, también ha actuado con moderación. Rechazó la solicitud de Estados Unidos de arrestar a Rocha y a otros funcionarios acusados, alegando que la solicitud carecía de evidencias suficientes. Dijo que, en su lugar, la Fiscalía General de México investigaría el caso. Y añadió que, si la investigación no encontraba fundamento para las acusaciones de Estados Unidos, su gobierno consideraría la imputación como una intromisión en la soberanía de México.
“Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero, lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, que es un asunto de dignidad”, declaró a los periodistas el viernes.
Ahora todas las miradas están puestas en cómo manejará su gobierno el caso de Rocha.
Viri Ríos, una destacada analista política mexicana, dijo que el esfuerzo de Sheinbaum por retrasar la solicitud de extradición es una estrategia política inteligente. Detener inmediatamente a Rocha y enviarlo al norte podría alentar al gobierno de Donald Trump a acusar a más funcionarios mexicanos y desestabilizar a su gobierno, dijo.
Pero, añadió, Sheinbaum también debería aprovechar la oportunidad e investigar a fondo a Rocha. “El caso Rocha le brinda a Sheinbaum la oportunidad de demostrar su voluntad de perseguir a los políticos corruptos”, dijo Ríos. “Y cuenta con más apoyo interno dentro de Morena para hacerlo de lo que se suele suponer”.
Pero en historia reciente, los funcionarios mexicanos han vacilado a la hora de llevar a cabo sus propias investigaciones internas, dijo Gina Parlovecchio, una exfiscala estadounidense que dirigió varios procesos judiciales de alto perfil contra líderes de cárteles mexicanos, incluido el de Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo. “Tuvimos poca o ninguna cooperación del gobierno mexicano en ninguna de nuestras investigaciones, incluidas aquellas contra funcionarios públicos”, dijo.
Tomar medidas contra Rocha “sería un cambio radical increíble”, añadió Parlovecchio. “Sería la primera vez que México realmente aceptara públicamente la idea de que tiene un problema significativo de corrupción política”.
Sheinbaum ha dicho que su gobierno lucha contra la corrupción, señalando el desmantelamiento de una extensa red de robo de combustible dentro de la Marina de México y la reciente detención de un alcalde. Algunos miembros de Morena, su partido, también acusan a Washington de socavar a México al impulsar una narrativa de corrupción generalizada en el país.
El gobierno de Estados Unidos quiere dictar “lo que quieran en nuestro territorio por encima de nuestra independencia y soberanía”, dijo Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena que fue presidente del Senado mexicano hasta el año pasado.
Algunos mexicanos también han cuestionado si al gobierno de Estados Unidos realmente le importa la lucha contra el narcotráfico, después de que el presidente Trump indultara recientemente al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien había estado encarcelado en Estados Unidos por ayudar a introducir drogas de contrabando en el país.
Los fiscales estadounidenses han acusado a funcionarios mexicanos de corrupción anteriormente, pero normalmente cuando ya estos habían dejado el cargo y después de arrestarlos dentro de Estados Unidos.
En 2019, los fiscales estadounidenses acusaron a Genaro García Luna, exjefe de seguridad de México, de ayudar a los cárteles. López Obrador, presidente de México en ese momento, era su rival político y no puso en duda los cargos. García Luna cumple actualmente una condena de 38 años de prisión.
En 2020, los fiscales estadounidenses acusaron al general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de Defensa de México, de lo mismo. Pero la respuesta del gobierno mexicano fue muy diferente. López Obrador era un aliado cercano de Cienfuegos y amenazó con expulsar a los agentes estadounidenses de México a menos que este fuera liberado.
Preocupado por la relación bilateral y la solidez del caso, William Barr, entonces fiscal general de Estados Unidos, envió al general de vuelta a México, donde el gobierno lo exoneró rápidamente.
“Eso fue tremendamente devastador”, dijo Parlovecchio, quien ayudó a dirigir el caso contra Cienfuegos. “Pero solo te da un ejemplo de cómo ha cambiado la situación. Eso fue durante el primer mandato de Trump y con un fiscal general diferente, y ciertamente no estaban adoptando una postura tan firme hacia los cárteles como lo hacen ahora”.
Sheinbaum está sintiendo esa presión. Aunque en términos personales la ha elogiado, Trump ha amenazado repetidamente con lanzar ataques militares contra los cárteles en México. Ante esa presión, México ha intensificado su colaboración con las autoridades estadounidenses. Los homicidios han disminuido y se ha capturado a varios líderes importantes de los cárteles.
En una medida muy inusual, el gobierno de Sheinbaum también ha enviado a 92 miembros de alto rango de los cárteles a Estados Unidos al margen del proceso habitual de extradición. Probablemente, las autoridades estadounidenses estén ahora extrayendo información de esos miembros de los cárteles, dijo Parlovecchio, lo que podría acabar dando lugar a más acusaciones formales contra funcionarios mexicanos.
En Sinaloa, la vida ha seguido su curso desde que el gobernador fue imputado. El jueves y el viernes, al menos 10 personas fueron asesinadas y se encontraron otros dos cadáveres.
César Suárez, que opera un puesto de periódicos en la capital, dijo que él y muchos de sus vecinos querían que Rocha se enfrentara a la justicia. Sus expectativas eran bajas.
“Vamos a ver si la presidenta se avienta o todo continúa como siempre, y se hace de la vista gorda, y las cosas siguen”, dijo. “Como siempre ha sido aquí, y en México, que no pasa nada, incluso cuando pasa algo así de grande”.
Colaboraron con la reportería Paulina Villegas desde Culiacán, México; Alan Feuer desde Nueva York, y Maria Abi-Habib, Cyntia Barrera Díaz, Emiliano Rodríguez Mega, Miriam Castillo y Ana Sosa desde la Ciudad de México.
Jack Nicas es el jefe de la oficina del Times en Ciudad de México y dirige la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2026/05/03/espanol/america-latina/mexico-rocha-moya-acusacion-corrupcion.html