Patricia Méndez. / La Jornada de Oriente
A ritmo acelerado avanzan las obras en un segundo predio de aproximadamente tres hectáreas en la zona de la exfábrica La Covadonga, donde supuestos paracaidistas han iniciado la construcción de muros y cimientos sin que las autoridades municipales acudan a inspeccionar el lugar, de acuerdo con la Fundación “Julita”.
La falta de intervención oficial persiste, pese a que la agrupación denunció apenas esta semana que termina, la invasión ante la Contraloría Municipal, al señalar a la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, por omisión en la inspección del inmueble ubicado en el kilómetro 12 de la carretera antigua a Tlaxcala, muy cerca de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza.
El apoderado legal de la Fundación, Jesús González Schimal, explicó que el predio en disputa —y otras dos hectáreas anexas donde también se construyó de manera irregular y posteriormente se demolieron viviendas por orden judicial el pasado 19 de julio— pertenece legalmente a la organización civil.
La Jornada de Oriente realizó un recorrido en la zona en la que constató que hace una semana comenzaron maniobras a gran velocidad: primero la limpieza y aplanamiento del terreno, luego la colocación de cimientos y en pocos días, el levantamiento de alrededor de seis muros.
De acuerdo con observaciones directas de este medio de comunicación, no sólo se trabaja a cielo abierto en los muros, sino que otras construcciones emergen al interior de una zona enmallada y cubierta con plásticos, lo que dificulta el acceso visual.
En el lugar, entre ocho y 10 trabajadores laboran diariamente rodeados de materiales y herramientas, mientras vecinos —que pidieron anonimato por temor a represalias — corroboran el rápido avance y relatan episodios previos de agresión por parte de presuntos invasores.
La Fundación sostiene que, aun existiendo denuncias administrativas y una querella penal —tras la agresión a elementos de la Policía Auxiliar durante el despojo—, las autoridades municipales y de desarrollo urbano se mantienen ausentes en el sitio, sin ejercer acciones de inspección o freno a las obras. Los habitantes advierten que la omisión oficial se traduce en vulnerabilidad jurídica para el legítimo propietario y en un precedente de riesgo para otras zonas en litigio.
En medio del conflicto destacan los antecedentes inmediatos: el 19 de julio, por mandato judicial, se demolieron casas que también habían sido levantadas irregularmente en las dos hectáreas anexas al predio principal, pero actualmente —señala la Fundación— la invasión persiste sin que alguna autoridad municipal responda, pese a la urgencia de frenar las nuevas edificaciones.
El caso del predio de Covadonga evidencia la compleja situación de la tenencia de la tierra y la pasividad institucional ante el fenómeno de la invasión, lo que agrava la tensión social y legal en una de las zonas históricamente industriales de Puebla.