El gobierno del estado aceptaría que la edil de Acatlán sea sustituida por su madre
Isaí Pérez Guarneros / La Jornada
Tras más de dos meses de conflicto político y social en Acatlán de Osorio, el Congreso de Puebla inició formalmente el proceso para analizar la revocación de mandato de la edil morenista Guadalupe Lucero Bárcenas, luego de las solicitudes presentadas por integrantes del cabildo y la Secretaría de Gobernación estatal. El Legislativo prevé emitir una resolución antes del 15 de septiembre.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales abrió el expediente y facultó a su presidente, Julio Huerta Gómez, para realizar las diligencias, investigaciones y solicitudes de información necesarias, además de garantizar el derecho de audiencia a las partes involucradas.
Entre los elementos que serán revisados se encuentran las denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración municipal y la situación de ingobernabilidad que persiste en la demarcación.
Huerta Gómez señaló que la Comisión está a la espera de información de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para integrar las constancias que permitan determinar lo procedente.
“Vamos a revisar, nosotros estamos por recibir información de la Auditoría Superior del Estado y en base a todas las constancias y los documentos que tengamos vamos a proceder”, afirmó.
El presidente de la Comisión de Gobernación indicó que uno de los escenarios que tendrá mayor peso durante el análisis es el planteamiento de la Secretaría de Gobernación respecto a que en Acatlán existen condiciones que podrían constituir causas graves de ingobernabilidad.
“El supuesto más fuerte que nosotros tenemos, como pasa en el documento que hemos recibido, de Gobernación, es que son causas graves de ingobernabilidad”, subrayó.
Por separado, el presidente del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, informó que el expediente ya fue integrado y que las partes involucradas tendrán derecho de audiencia antes de que los diputados adopten una determinación.
Explicó que la Ley Orgánica Municipal establece un plazo de entre uno y 15 días para garantizar este derecho, por lo que estimó que el procedimiento podría resolverse antes del 15 de septiembre.
“La ley marca de uno a 15 días para que se dé el derecho de audiencia, de ahí integraremos el expediente y veremos qué pasa en Acatlán. Son los tiempos que marca la ley, 12 o 13 días”, puntualizó.
El análisis del Congreso no se limitará necesariamente a la permanencia de la alcaldesa. De acuerdo con Huerta Gómez, los diputados deberán determinar, a partir de las investigaciones, qué integrantes del ayuntamiento podrían ser separados de sus cargos.
Entre los escenarios se encuentra la posibilidad de que la determinación alcance únicamente a Bárcenas o que tenga consecuencias sobre otros integrantes del gobierno municipal.
Uno de los puntos que será considerado es la situación de la suplencia de la alcaldesa, pues Isabel Bárcenas, madre de Guadalupe Bárcenas, forma parte de la fórmula que llegó al gobierno municipal en las elecciones de 2024.
La eventual llegada de la madre de la alcaldesa a la presidencia municipal, en caso de una separación del cargo, también ha generado cuestionamientos políticos. Mientras que la propia Guadalupe Bárcenas ha defendido que la candidatura de su madre fue respaldada por el voto ciudadano y rechazó que exista nepotismo.
El origen del conflicto
El conflicto entre la alcaldesa y un grupo de integrantes del cabildo comenzó a escalar en junio, cuando regidores cuestionaron la conducción de la administración municipal y plantearon solicitar al Congreso la revocación de mandato de Bárcenas.
Entre los señalamientos expuestos estuvieron presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia financiera, diferencias salariales y supuestos abusos de autoridad. La alcaldesa rechazó los señalamientos y sostuvo que sus opositores buscaban incrementar sus percepciones económicas.
La confrontación se agravó a mediados de junio, cuando pobladores se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir la salida de la presidenta. Las protestas derivaron en un despliegue de la Policía Municipal y en acusaciones de agresiones y detenciones durante los disturbios. En ese contexto, el cabildo aprobó también la salida del entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez, y del secretario general del ayuntamiento, Álvaro Cruz.
Los regidores formalizaron posteriormente ante el Congreso la solicitud de revocación de mandato. El documento incluyó señalamientos relacionados con el funcionamiento institucional, administrativo, financiero y laboral del municipio.
Entre las acusaciones más recientes se encuentran presuntos pagos por obras que, según los inconformes, no habrían sido ejecutadas por un monto superior al millón de pesos; Bárcenas ha rechazado esas acusaciones y ha sostenido que cuenta con documentación para acreditar los trabajos.
Fuente: La Jornada