Yadira Llaven Anzures / La Jornada
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el desmantelamiento de vehículos robados en la entidad no solo es un problema de delincuencia común, sino que opera bajo el “permiso” y la presunta complicidad de autoridades de cinco municipios de la zona del triángulo rojo.
Señaló directamente a las administraciones de Esperanza, Ciudad Serdán, Tecamachalco, Palmar de Bravo y Quecholac, donde este fenómeno habría echado raíces debido a la omisión o participación de los gobiernos municipales.
En conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que “el mayor número de vehículos que se desmantelan después de ser robados en Puebla es con el permiso de muchas autoridades locales, principalmente en Esperanza, en la zona de Ciudad Serdán, Tecamachalco, Palmar y Quecholac”.
Armenta Mier subrayó que, para enfrentar la inseguridad, es necesario un “juicio social” que asuma la corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno y la ciudadanía, ante el robo y desmantelamiento de vehículos que terminan en talleres o bodegas de esas demarcaciones con la anuencia de quienes deberían garantizar el estado de derecho.
“El mayor número de vehículos que se desmantelan después de ser robados en Puebla se desmantelan con el permiso de muchas autoridades locales”, insistió el gobernador.
Llamado a recomponer el tejido social
Más allá de la persecución del delito, el titular del Ejecutivo estatal llamó a padres de familia, maestros, líderes religiosos y medios de comunicación a fortalecer los valores y evitar que la población se convierta en cómplice de actos delictivos.
Alejandro Armenta recalcó que la paz no se construye con un solo video o un “spot”, sino con una labor educativa permanente desde el núcleo familiar y las comunidades.
Afirmó que su gobierno, alineado con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, promueve la libertad plena y el respeto a los derechos humanos, pero sin dejar de señalar las deficiencias que vulneran la seguridad de los poblanos.
El gobernador aseguró que su administración trabaja de manera interinstitucional y sin distracciones para revertir esta situación, y dejó abierta la puerta a posibles investigaciones sobre el desempeño de policías y funcionarios municipales en el triángulo rojo y zonas aledañas, donde el robo de vehículos y transporte de carga sigue siendo uno de los principales retos de seguridad.
Fuente: La Jornada