José Luis García Parra presentó una cronología de 27 años sobre empresas señaladas por presuntas irregularidades en contrataciones electorales, que habrían acumulado operaciones por 2 mil 740.3 millones de pesos, y respaldó las investigaciones de las autoridades federales
Víctor Rubén Arizmendi Elizalde / Reporte Índigo
Gobierno de Puebla cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldó el esclarecimiento de una presunta red de corrupción en contrataciones de materiales y servicios electorales, al tiempo que exigió que las investigaciones alcancen a todos los involucrados, sin excepciones.
En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, presentó una cronología de 27 años sobre el origen y evolución de un grupo empresarial presuntamente relacionado con compañías fachada y factureras, cuyas operaciones habrían alcanzado aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos.
Señalan antecedentes desde gobiernos anteriores
García Parra sostuvo que la oposición incurre en una doble moral al cuestionar estos hechos y expuso antecedentes institucionales de la trayectoria de Guadalupe Taddei, quien fue designada consejera electoral en Sonora en 2014 por el Consejo General del entonces Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdova, y llegó a la presidencia del organismo nacional en 2023 mediante insaculación.
El funcionario subrayó que dicha trayectoria comenzó antes de la Cuarta Transformación y presentó antecedentes de contrataciones desde 1999 en el Estado de México, así como un contrato por 63.7 millones de pesos en 2005 que derivó en señalamientos y renuncias de consejeros.
De acuerdo con la información pública revisada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, se identificaron al menos seis empresas relacionadas con la presunta red de contrataciones.
Investigaciones federales y cuentas bajo revisión
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la investigación surgió de una revisión de fuentes abiertas y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
García Parra aseguró que el Gobierno de Puebla respetará la autonomía de las autoridades electorales y respaldará las investigaciones, además de promover la transparencia integral de los contratos del Instituto Electoral del Estado (IEE).
Puebla reporta contrataciones por 179.1 millones
Sobre las operaciones en la entidad, el coordinador informó que se identificaron contrataciones por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, así como por 129.7 millones durante 2024 y 2025, montos que deberán ser revisados por las instancias competentes.
Destacó que la administración de Alejandro Armenta mantiene acciones contra la corrupción y en favor de la rendición de cuentas, entre ellas la separación de 315 personas del servicio público por irregularidades detectadas, y reiteró el compromiso estatal con la legalidad y la certeza democrática rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027.
Fuente: Reporte Índigo