Por el Dr. Fidencio Aguilar Víquez
El golpe del gobierno de Claudia Sheinbaum infligido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que culminó con la captura y muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, deja varias heridas sociales abiertas e incógnitas políticas latentes. Si bien se reconoce el mérito táctico y logístico de las fuerzas de seguridad en esa operación castrense, no deja de llamar la atención una serie de contradicciones que terminan lastimando a partes sensibles tanto del gobierno como de la sociedad misma.
Lo primero que lastima es la situación de inseguridad general que vive el país, o al menos enclaves importantes. La situación social y política del país muestra, en los últimos años, un incremento de los delitos tanto del fuero común como del crimen organizado, particularmente las desapariciones y los homicidios dolosos. La semana pasada Puebla vivió un clima de angustia por los asesinatos de varias personas, entre ellos, Alexandro Tello y Karina Ruiz, quienes dejaron huérfanos a tres hijos jóvenes.
Los más de 250 eventos que acaecieron después de conocerse la muerte de El Mencho en plan de boicot y de afectación a terceros por parte de células criminales en diversos estados del país también terminaron lastimando la dinámica social; además de los muertos que produjo la incursión castrense (27 agentes de seguridad y al menos 30 delincuentes) hay que considerar al menos a 16 personas más que murieron debido a las acciones de reacción del CJNG, entre ellas una embarazada.
La herida social está abierta desde hace tiempo; la historia reciente habla de Teuchitlán, que mostró el rostro inhumano del CJNG. Las investigaciones al respecto no continuaron ni culminaron con resultados. Lo único que parecía interesarle al gobierno federal era sostener que no era un campo de exterminio, sino de entrenamiento, como si eso quitara dolor y sufrimiento a las familias que han perdido a sus seres queridos. El ataque del gobierno a este cártel, si no contradice, sí corrige su postura anterior: los “abrazos, no balazos” pasaron el domingo a sólo balazos.
Si bien lo anterior se explica por la presión de los Estados Unidos al gobierno mexicano, no deja de ser una decisión de la presidenta Sheinbaum, lo que la hace similar a su archienemigo Felipe Calderón que quiso enfrentar directamente a los cárteles, al menos en la decisión del domingo 22. Que lo debía hacer porque es obligación del Estado proteger a sus habitantes y ciudadanos es algo incuestionable; pero el contexto de la política tanto exterior como interior explican mejor las motivaciones.
Vuelvo otra vez a las heridas. A la herida social puede añadirse la herida de las mismas fuerzas castrenses. La mayoría de los uniformados que murieron en el enfrentamiento eran jóvenes —entre ellos un poblano, Juan Vázquez—. Es loable morir cumpliendo el deber, sobre todo si éste implica proteger a la sociedad de los criminales, pero, ¿ese sacrificio ha valido la pena cuando el propio gobierno no es capaz de romper la alianza entre esos criminales y algunos actores de la clase política? En otras palabras, ¿de qué sirve la ofrenda de esas vidas si, finalmente, el crimen organizado pervive en altas esferas del poder público? Otros capos y nuevas víctimas es el peor escenario del país.
Si el gobierno de Claudia Sheinbaum se queda sólo en satisfacer los apetitos del gigante del norte y no procede a desmantelar esa alianza nefasta del crimen organizado con actores relevantes del poder público, algunos de su propio movimiento, estaremos entrando en el reciclado de cada sexenio y en ese escenario nefasto antedicho. Si cumple su tarea constitucional, política y moral de enfrentar al crimen organizado, la presidenta puede ayudar a sanar la herida de los jóvenes forzados por aquél a servirlo.
Desafortunadamente no parece ser así. Como varios analistas lo han comentado, es necesario, ahora, desmantelar los recursos de las organizaciones criminales, especialmente los del CJNG, detectar sus nexos con los cerebros financieros que las sostienen. Esto último implicaría romper el flujo de esos recursos a las campañas políticas y electorales; el huachicol fiscal ha sido un cáncer que, por lo visto, no está dispuesta a enfrentar; su propuesta de reforma electoral tampoco lo contempla.
Ojalá la necesidad que tenemos como sociedad de paz, de justicia, de verdad y de bien común vaya despertando en todos una ciudadanía atenta, sensible, solidaria con los más vulnerables (jóvenes, mujeres, pobres, niñas y niños); a partir de ahí, es tarea la formación de una conciencia crítica y moral del poder. A éste siempre hay que cuestionarle todo, porque a partir de la crítica, brota la transparencia y con transparencia se oxigena la democracia, en rictus mortis hoy en día.
Post-facio
Una observación: En Puebla, el domingo 22, hubo algunos incendios, bloqueos de la autopista México-Puebla y del Arco Norte y suspensión de corridas de autobuses, incluso cierre de terminales, según algunos reportes. El gobernador Armenta señaló que no fue reacción del CJNG en la entidad, sino de grupos locales. Si confirmó eso, ¿conoce a esos grupos? ¿Por qué no impidió que llevaran a cabo sus desmanes? ¿Por qué permitió esa parálisis? Y lo más importante, ¿qué espera para desmantelarlos? Esos grupos andan en las calles, ya vimos a varias de sus víctimas. Los resultados son incompletos en algunos casos y en otros nulos. Eso no es pensar en grande.
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