Aclamado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un símbolo de prosperidad, el costo ambiental del Tren Maya ha dividido amargamente a las comunidades situadas a lo largo de su ruta.
LOUISE MORRIS / THE GUARDIAN
Las excavadoras avanzan con dificultad sobre la tierra blanquecina a las afueras de la población de Xpujil, en el estado de Campeche, en el sur de México. Están limpiando el terreno para hacer posible la construcción de la línea del Tren Maya, un polémico megaproyecto que cruzará la península de Yucatán y llevará rápidamente a los turistas desde las playas de Cancún y Tulum hasta los sitios arqueológicos mayas situados en medio de la selva.
Ya se taló una zona considerable de la selva tropical, la segunda más grande de América después del Amazonas, para la ruta de mil 525 km que atravesará tierras habitadas en su mayoría por grupos indígenas.
“Lo que se está haciendo con el megaproyecto del Tren Maya no es maya de ninguna manera. Es una decisión de arriba“, gritó por el megáfono el líder maya q’anjob’al Romel González Díaz en Xpujil a principios de este mes. Lo escuchaban alrededor de 100 líderes indígenas, activistas y observadores internacionales que se habían unido a La Caravana el Sur Resiste, que recorrió los cinco estados por donde transitará el tren, promoviendo la oposición comunitaria al proyecto.
Académicos, científicos y abogados también advierten que el proyecto provocará graves daños medioambientales, en particular en la zona de la ruta que atraviesa la Reserva de la Biosfera de Calakmul, patrimonio mundial de la Unesco, donde antiguas pirámides emergen a través del dosel forestal. En la selva habitan más de 100 especies de mamíferos, entre ellas la población de jaguares más importante de Mesoamérica, 398 especies de aves y 84 especies de reptiles, algunas de ellas en peligro de extinción.
Casi 3 mil familias que vivían a lo largo de la ruta se han visto desplazadas.
El Tren Maya es uno de los proyectos favoritos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que aportará empleo e infraestructuras a una de las regiones más pobres del país. Las obras comenzaron en 2020 y López Obrador quiere verlo terminado antes de que deje el cargo en 2024. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la oficina gubernamental que gestiona el proyecto, señala que está previsto que los primeros trenes de alta velocidad lleguen a Cancún en julio, y que en agosto los probarán en una parte de la ruta. Está previsto que el proyecto, valorado en 20 mil millones de dólares (unos 300 mil millones de pesos), concluya a finales de año.
El gobierno de López Obrador declaró que la línea ferroviaria es un proyecto de seguridad nacional y encomendó al ejército las tareas de patrullaje, protección y supervisión de una parte de la construcción.
Los grupos que viven a lo largo de la ruta han presentado al menos 25 denuncias legales para intentar detener u obstaculizar el avance del tren. En marzo de 2020, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, del que González Díaz es miembro, obtuvo una orden judicial para detener la construcción, aunque las autoridades prosiguieron con las obras.
El jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó que el tren y otras obras de desarrollo urbano no pueden ser declaradas arbitrariamente como cuestiones de “seguridad nacional”. No obstante, el presidente restableció la designación pocas horas después.
La caravana salió de Chiapas en abril para recorrer la ruta. La gente llevaba pancartas en las que se leía “No al tren asesino” y gritaba el lema “Calakmul es un tesoro que vale más que el oro”, y llegó al lugar en el que se pretendía construir la estación de Xpujil después de 10 días. Ahí, González Díaz entregó al guardia un papel que contenía el decreto del juez, mientras los 20 soldados que hacían guardia tomaban fotos de los manifestantes. Los manifestantes saben que corren riesgos al oponerse a un proyecto gubernamental de esta magnitud e importancia. El año pasado, México fue nombrado el país más peligroso del mundo para los activistas medioambientales.
La oposición al tren no es generalizada. Mientras los manifestantes recorrían las calurosas calles de Xpujil, se podían escuchar gritos de “Viva el Tren Maya”. Un hombre se asomó desde su auto para preguntar la razón por la que los manifestantes no quieren que se ponga fin a la pobreza en la zona. Se produjo un momento de tensión cerca de las obras cuando un vehículo se enfrentó a los manifestantes, antes de dejarlos pasar a regañadientes.
Según el gobierno, el proyecto obtuvo una aprobación de casi el 90% en un referéndum realizado en 2019 en los estados implicados. Los opositores señalaron que se registró una baja participación y que gran parte de la información –concretamente los detalles sobre cómo afectará el tren al medio ambiente– estaba mal traducida a los idiomas locales. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que el proceso de consulta del gobierno fue deficiente.
Aunque López Obrador prometió en un principio que no se talaría “ni un solo árbol”, el gobierno reconoce ahora que hasta el momento se han talado 3.4 millones de árboles, aunque los ecologistas sostienen que la cifra real se acerca a los 9 millones.
Para Ezequiel Cauich Cauich, guía turístico de Calakmul, cada árbol es “un hábitat donde hay murciélagos, pájaros, insectos y agua”. A Cauich le preocupa que el daño causado al ecosistema afecte todavía más al suministro de agua en la región en el futuro. El pasado mes de agosto, la Comisión Nacional de Agua de México informó que la disponibilidad de agua en la península de Yucatán había disminuido casi dos tercios en las dos últimas décadas.
Ya es necesario racionar el agua en la temporada de sequía, comenta Cauich, señalando los tanques que hay en los techos de las casas de Xpujil, donde se construirán dos hoteles y un casino.
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La remodelación de un acueducto y la construcción de dos nuevos pozos y una planta de tratamiento de aguas no han logrado mitigar la preocupación existente respecto a la escasez. “¿Cómo vamos a competir con los turistas por el agua?, pregunta Cauich.
A Sara López González, otra integrante del Consejo Regional Indígena y Popular, le entristece la forma en que el tren ha dividido a la comunidad.
López González comenta que Fonatur organizó varias reuniones “para contarnos todo lo bonito que traería el Tren Maya, pero nunca nos hablaron sobre los efectos negativos”. “La consulta estuvo manipulada, la hicieron solo para legitimar” el Tren Maya, que según dice es un nombre inapropiado porque usa el nombre de los indígenas cuyos derechos está vulnerando. López González, que estuvo encarcelada por su activismo, añade: “Dijeron que traería desarrollo, pero será todo lo contrario. Es un megaproyecto de muerte. Es un ecocidio”.
Pedro Uc Be, de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, comenta que está perdiendo la esperanza de que las protestas resulten exitosas. “Ya no sé si tengo esperanza, mi esperanza está hecha pedazos, rota y sellada dentro de cada uno de los cenotes (cavernas subterráneas llenas de agua) que el gobierno ha pavimentado” para permitir el paso del tren. “Es lamentable, pero no vemos un futuro prometedor”.
Fonatur no respondió las solicitudes de comentarios.