Está pendiente la resolución sobre la suspensión definitiva y la notificación está prevista para el 20 de mayo
JUAN CARLOS RAMÍREZ / La Silla Rota
La Plaza de Toros Monumental de Ciudad de México impugnó la semana pasada la suspensión dictada por la jueza primera de distrito en materia administrativa, Minerva Mendoza. Ahora, los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa decidieron que la Plaza México puede albergar corridas de toros con normalidad y legalidad.
La magistrada Ana María Ibarra Olguín sostuvo como criterio aplicable la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que el pasado 6 de diciembre eliminó, en un juicio de amparo distinto, la suspensión para celebrar corridas de toros que duró un año y medio en el caso de la calle Insurgentes.
Para Ibarra Olguín, existe un “estándar elevado para conceder la suspensión”, que no se cumple “por la parte quejosa en el sentido de demostrar un mejor derecho” hasta ahora, con base en lo que ya resolvió la Corte.
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Por ello, entiende la magistrada, la empresa dueña de la Plaza México tiene un permiso “basado en ley”.
La decisión del tribunal ocurre después de aplazarse el viernes pasado la vista para decidir sobre la posible suspensión definitiva, hasta juicio, de las corridas de toros en la Ciudad de México que tenía prevista la jueza Mendoza.
Este lunes se decidió la nueva fecha, el 20 de mayo, para resolver la decisión de suspensión.
Pero tras la decisión del tribunal colegiado sería extraño, aunque no imposible, que prosperara la suspensión definitiva, según explican a EFE juristas expertos.
La de la jueza Minerva Mendoza es la tercera suspensión provisional que dictamina un juez de distrito contra la celebración de corridas de toros en la Plaza México.
En este caso la parte demandante es la asociación civil Va por Sus Derechos y afecta a toda la capital mexicana.
La novedad de esta posible prohibición cautelar es que el argumento aceptado por la jueza es “proteger los derechos fundamentales de los toros, caballos y novillos que están en peligro tanto su vida como su integridad”, según declara en sus redes sociales Va por Sus Derechos.
Existen diferentes puntos de vista sobre las corridas de toros, para activistas en favor de los derechos de los animales, la “fiesta brava” son eventos de crueldad y maltrato; sin embargo, los aficionados a la tauromaquia piensan que es una tradición que genera fuentes de empleo.
En entrevista para el portal de noticias IMER, la vocera del colectivo “Todas y Todos por Amor a los Toros”, Violeta Miranda, expresó que, en el 2022, organizaciones en favor de los derechos de los animales, interpusieron un amparo contra las corridas de toros porque son eventos en donde seres sintientes son sometidos a actos de crueldad y maltrato.
Tras ser desechada la medida jurídica por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en diciembre del 2023, integrantes de “Todas y Todos por Amor a los Toros”, volvieron a solicitar un amparo para que un perito determine si existe crueldad animal en la “fiesta brava”.
“Nosotros apelamos a que se revisara la Constitución, se revisaran los reglamentos y las leyes secundarias para que se determinara que lo que se está haciendo en los espectáculos de toros, es crueldad animal”, explicó la activista en entrevista al IMER.
En este contexto, en julio del 2023, unas 5 mil personas marcharon del ángel de la Independencia hacia el Congreso y al zócalo para pedir que no se suspendan las corridas de toros y las peleas de gallos.
Durante la protesta, los participantes expresaron que la tauromaquia es una tradición que se remonta al año 1535 cuando se llevo a cabo la primera corrida en la Nueva España en honor al virrey Antonio de Mendoza. Además, explicaron que la “fiesta brava” representa una lucha entre el bien y el mal.
“A favor de nuestras tradiciones y además es libertad para todos, normalmente el que no va a las corridas, no les gusta, a nosotros nos gusta, que respeten nuestro punto de vista”, decían algunos de los manifestantes.
El pasado 7 de mayo, una juez federal otorgó una suspensión provisional a la “fiesta brava”, que se había reanudado en diciembre del 2023.