En julio de 2014, pobladores de Chalchihuapan se manifestaron en la Puebla-Atlixco para exigir la reinstalación del Registro Civil en la junta auxiliar
Andrea Morales / Ángulo 7
A 10 diez años de que ocurrió la represión policiaca en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Ocoyucan, continúa impune el asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo, menor de edad.
Los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2014 cuando un grupo de pobladores de Chalchihuapan se manifestó en la autopista Puebla-Atlixco y dejó bloqueada la vialidad, para exigir la reinstalación del Registro Civil, porque estaban inconformes con la reforma que se los quitaba a las juntas auxiliares.
Sin embargo, durante la protesta fueron desalojados de manera violenta por elementos de la Policía Estatal, quienes dispersaron a los habitantes que realizaban una manifestación para después provocar un violento desalojo, donde dispararon balas de goma y gas lacrimógeno.
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Tras el ataque, varias personas resultaron heridas entre el menor de 13 años de edad, quien murió posteriormente. Además de que 70 civiles y 49 policías más resultaron heridos.
Ante la situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 2VG/2014, que contempló 11 puntos a cumplir por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, que consistió en la reparación del daño y pedir disculpas públicas a los familiares del menor.
Fue hasta dos años después que el gobernador poblano de Rafael Moreno Valle ofreció una disculpa pública a la madre del niño, Elia Tamayo Montes, así como a otras seis víctimas del caso conocido como Chalchihuapan.
Madre denuncia asesinato de menor
A pesar de que la madre del niño fue silenciada, en septiembre de 2016 denunció ante la FGE a Facundo Rosas exsecretario de Seguridad Pública (SSP), al exprocurador Víctor Carrancá Bourge y a Juan Pablo Piña Kurzcyn, este último señalado de asesorar al gobierno, entonces encabezado por Rafael Moreno Valle, para sostener que el asesinato derivó por un cohetón y no por balas de goma.
Además, exigió al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que iniciará una investigación en contra de los entonces funcionarios por ordenar el violento desalojo y las irregularidades que hubo en el proceso de investigación.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio seguimiento a la investigación e informó que seis policías estatales fueron sentenciados por el desalojo de la comunidad de Chalchihuapan.
Ante ello el mandatario estatal, en septiembre de 2019 , advirtió que iban aplicar la Ley en el caso de Chalchihuapan, para rechazar la impunidad en la muerte del niño, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos justificó que el expediente no podría reabrirse, porque el organismo nacional dio por concluida la recomendación.