Fermín Alejandro García / LJO
Los fallos judiciales que resuelven temporalmente los conflictos políticos de los municipios de Chignahuapan y Venustiano Carranza –emitidos este miércoles en la Ciudad de México—dejan en claro que las autoridades electorales de Puebla son insostenibles, pues no garantizan los principios rectores de la democracia que son: legalidad, imparcialidad y respeto a la pluralidad.
Han sido exhibidas en su actuar y en lugar de conducirse con decoro en sus papeles de árbitros e impartidores de justicia de los comicios locales, se han comportado como si fueran el ala de organización electoral de Morena.
Una visión que se aplica por igual para los conejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE), encabezado por Blanca Yassahara Cruz García, y los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Puebla (TEEP), que tienen como presidenta a Idamis Pastor Betancourt.
Las actuales autoridades electorales siguen reproduciendo los mismos vicios del pasado, como cuando el IEE y el TEEP eran una especie de oficialía de partes de los intereses particulares del exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas o del mandatario priista en turno.
Solo que con una grave diferencia: cuando el PRI y el PAN gobernaban, había “una regla de oro” que era aceptar en tiempo y forma los fallos judiciales del ámbito federal sobre los resultados electorales, aunque no les fueran favorables. Ahí terminaba la lucha por las alcaldías y las diputaciones locales.
Ahora Morena, junto con el IEE y el TEEP, han rebasado los límites y se niegan a acatar la regla más importante: que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la última palabra en torno a todos los procesos electorales del país.
Pareciera que a la 4T y las autoridades comiciales en Puebla no les importa en lo más mínimo el orden constitucional, y por esa razón anularon los resultados electorales de Chignahuapan y Venustiano Carranza, pese a que ya habían sido avalados por el TEPJF.
Una situación que no ocurre en ninguna otra parte del país.
Dos ejemplos claros, en que la 4T si respetó la institucionalidad:
A mediados de septiembre pasado, luego de una larga lucha en el terreno judicial, la sala superior del TEPJF emitió el último fallo a favor de la priista Alessandra Rojo de la Vega en la disputa de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
Hoy Rojo de la Vega lleva 21 o 22 días ejerciendo el cargo y el fallo del TEPJF fue aceptado por su contrincante, Edna Catalina Monreal Pérez, pese a que es hija del poderoso legislador Ricardo Monreal Ávila, de quien se sabe tiene muchas relaciones y complicidades con magistrados electorales.
Otro caso muy sonado, de hace una semana, en que la sala superior del TEPJF concluyó que no había elementos para anular la elección de gobernador de Jalisco y por ende, ratificó la constancia de mayoría a favor de Pablo Lemus Navarro, el candidato de Movimiento Ciudadano, que ya se prepara para asumir la titularidad del Poder Ejecutivo tapatío el próximo 6 de diciembre.
La aspirante morenista Claudia Delgadillo y Morena aceptaron el fallo, por lo cual dieron por concluida la lucha jurídica para ganar una octava gubernatura en torno a los comicios del pasado 2 de junio.
En la Ciudad de México y en Jalisco la 4T respetó el principio de que el TEPJF “tiene la última palabra” y no se inventaron fallos judiciales de última hora, en los tribunales locales, tal como si se hizo en Puebla.
Para el caso de Venustiano Carranza ya era “cosa juzgada”, luego de que hace dos semanas el TEPJF ordenó que se hiciera el cómputo de la elección local y acabara ganando el panista Marco Valencia. Por eso resultó incongruente, que el lunes de la semana anterior, faltando una hora para los relevos de alcaldes, el TEEP volviera a fallar en contra del aspirante albiazul y le prohibiera asumir el cargo.
A eso obedece que, este miércoles, los magistrados federales advirtieran que el TEEP trasgredió un fallo que ya había dictado el TEPJF, que es un órgano superior al tribunal electoral de Puebla. Para que finalmente ordenara regresarle el triunfo a Marco Valencia.
En el asunto de Chignahuapan, por segunda vez, el TEPJF establece que el hecho de que los 27 paquetes electorales de ese municipio llegaron tarde a las oficinas del IEE y no llevaban las firmas de algunos representantes partidistas, no ameritaba que en automático se anulara los comicios. Por tanto, por segunda vez se reconoce a Juan Lira, del Partido Fuerza por México, como ganador de la contienda.
Lo inaudito es que Morena todavía quiere volver a impugnar.
Es de dominio público que Marco Valencia y Juan Lira son personajes obscuros, pero al final de cuentas les dieron el registro como candidatos, contendieron y ganaron la mayoría de los votos. Por ende, se debe respetar el juego democrático y dejarlos gobernar.
Fuente: La Jornada de Oriente