Muchos menores que han perdido a sus madres no están recibiendo ningún tipo de apoyo o no saben a dónde dirigirse
Alba Espejel / El Sol de Puebla
La Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla no cuenta con un Protocolo de Atención Integral para menores víctimas directas o indirectas de violencia de género, ni dispone de guarderías para huérfanos por feminicidio.
Esta situación es crítica para quienes defienden los derechos de las mujeres y la infancia, ya que una atención adecuada puede prevenir el agravamiento de traumas. Actualmente, muchos menores que han perdido a sus madres no están recibiendo ningún tipo de apoyo o no saben a dónde dirigirse para solicitar ayuda.
El Protocolo debería garantizar la implementación de medidas efectivas para proteger a los menores, asegurando su bienestar físico y emocional en situaciones de violencia. Por otro lado, las guarderías ofrecerían un espacio seguro mientras un familiar busca estabilizar su vida y proporcionar un entorno saludable.
El Sistema Estatal DIF confirmó que actualmente no cuenta con guarderías ni con un protocolo específico como parte de su atención a la ciudadanía. Sin embargo, el departamento de Clínicas de Prevención y Atención del Maltrato se encarga de atender casos de violencia de género contra niñas y adolescentes mediante un “equipo multidisciplinario” de profesionales en psicología, trabajo social y derecho.
El DIF indicó que el personal de este departamento sigue el manual de procedimientos titulado “Atención al Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes”, que permite identificar situaciones que puedan constituir un delito y, en su caso, iniciar las acciones pertinentes para la restitución.
Esta información fue proporcionada a través de una solicitud de información con folio 211204924000077 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Natalí Hernández Arias, coordinadora del Centro de Análisis y de Formación e Iniciativa Social (CAFIS), organización civil que promueve un desarrollo social inclusivo, garantizando el respeto y ejercicio de los derechos humanos, pero con perspectiva de género, enfatizó que, ante la falta de estas medidas, las autoridades deben apegarse al marco nacional existente.
Hoy en día, se cuenta con el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, así como el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia. En caso de que los servidores públicos desconozcan su contenido, sugirió que se actualicen en el tema.
Puebla sin implementar medidas de Alerta de Violencia de Género
En Puebla, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) pretendía implementar medidas de procuración de justicia y la creación de una estrategia que permitiera a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio acceder a servicios de atención temprana, así como a asistencia jurídica, médica y psicológica.
También se propuso la creación de un registro que incluyera a las víctimas directas e indirectas, especialmente a los menores de edad y dependientes económicos de las mujeres asesinadas, pero, hasta el día de hoy, no se ha concretado.
«Existe una brecha entre el número de casos que llegan a las instituciones y aquellos que requieren atención integral. Hay infancias y adolescencias en orfandad por feminicidio o desaparición que no reciben ningún tipo de apoyo» lamentó Hernández.
Detalló que esta situación se relaciona con varios factores, como el contexto social que rodea el duelo por la pérdida de una madre, que a menudo desatiende el acceso a los derechos. Además, hay escasa información sobre los servicios disponibles para las víctimas y las instituciones involucradas.
“Acceder a estos servicios suele implicar una serie de trámites burocráticos, y en ocasiones, la calidad de la atención no es adecuada o carece de seguimiento. Estas dificultades institucionales, junto con el fenómeno de la violencia feminicida, representan obstáculos significativos para el acceso a derechos, reparación del daño y justicia para las víctimas, tanto directas como indirectas”, concluyó.
Por su parte, Cinthya Ramírez, integrante de Redefine Puebla, subrayó la necesidad de establecer un Protocolo local que responda a las necesidades de este sector de la población.
Los derechos de niñas, niños y adolescentes no solo se ven vulnerados cuando son víctimas directas, sino también cuando sufren de violencia de manera indirecta afirmó.
Ramírez consideró que la protección y garantía de sus derechos humanos son fundamentales para su pleno desarrollo. Es necesario adoptar una visión integral y desarrollar políticas públicas que aborden estas necesidades, lo que requiere destinar presupuesto y personal capacitado.
“En un país y un estado con altos índices de feminicidios, es vital que el gobierno asuma la responsabilidad de garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, para que, en la medida de lo posible, puedan desarrollarse plenamente”, finalizó.
Fuente: El Sol de Puebla