Familiares de los estudiantes desaparecidos afirman que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso construir su propia “verdad histórica” del caso al sostener que el Ejército ya entregó toda la información de ese episodio
Rafael Croda / Proceso
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace una década en Iguala, Guerrero, afirman que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso construir su propia “verdad histórica” del caso al sostener que el Ejército ya entregó toda la información de ese episodio y que los militares mexicanos son víctimas de una campaña internacional de descrédito.
Para Bernabé Abraján y Clemente Rodríguez, padres de dos de los estudiantes desaparecidos, la decisión de López Obrador de respaldar al Ejército en su negativa de entregar los 800 folios de información sobre el caso Ayotzinapa que la institución castrense mantiene ocultos es una muestra del poder que tienen los militares.
“En este país manda el Ejército”, dice a Proceso Bernabé Abraján, padre del normalista desaparecido Adán Abraján de la Cruz y quien sostiene que los militares “no le hacen caso ni al presidente” pues él les ordenó entregar todos sus archivos sobre los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y ellos no lo hicieron.
Clemente Rodríguez sostiene que los padres de los 43 normalistas desaparecidos esa noche están seguros de que el Ejército “controla todo y tiene mucho poder”.
Y Bernabé Abraján sostiene que al presidente “lo pararon los militares, pues, porque no le hacen caso realmente, hemos visto que en la Sedena (la Secretaría de la Defensa Nacional) no le hacen caso”. López Obrador, señala, les ordenó entregar toda la información sobre el caso, “y hasta ahora, nada”.
A seis días de que se cumpla el décimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, representantes del Comité de Madres y Padres de los 43 y el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, participaron en un foro para conmemorar el hecho e insistir en que el caso permanece impune.
En un salón de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), plantel Del Valle, los padres señalaron que el presidente López Obrador incumplió su compromiso de esclarecer el caso y terminará su sexenio “con un invento” de que hay una campaña internacional para desprestigiar al Ejército mexicano.
Eso lo dice para distraer la atención de lo que ni hizo, pero nosotros vamos a seguir luchando por saber dónde están nuestros hijos, y lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias”, señaló Bernabé Abraján.
Los padres expresaron su frustración por llegar al décimo aniversario de ese crimen de lesa humanidad sin conocer el paradero de sus hijos y sin que se haya hecho justicia, de lo cual culpan a los gobiernos de Enrique Peña, que construyó una ”verdad histórica” que se desmoronó a la postre, y de López Obrador, quien llegó “hasta donde quisieron los militares”.
Clemente Rodríguez sostuvo que las madres y padres de los normalistas desaparecidos se sienten defraudados por el mandatario y líder de Morena, tanto como se sintieron en el gobierno de Peña Nieto, que “inventó” la “verdad histórica” según la cual los 43 jóvenes fueron incinerados la madrugada del 26 de septiembre en el basurero de Cocula.
Dijo que si bien el gobierno de López Obrador avanzó en las investigaciones y desquebrajó la “verdad histórica” con las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la fiscalía especial de Omar Gómez Trejo, cuando se quiso avanzar más los militares impidieron el acceso a 800 folios de información reservada sobre el caso.
“Entonces nos sentimos decepcionados totalmente, porque uno pensaba que al llegar al gobierno de López Obrador, que viene de la lucha, viene del movimiento de lucha social, pues pensaba que íbamos a tener una respuesta, sí, una respuesta. Y cosa que pues no sucedió. O sea, estamos en lo mismo”, aseguró Rodríguez.
Para el padre del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los tres cuyos restos han sido identificados, lo que ha quedado claro en estos años es que “los militares tienen el control del país”.
Y piensa que eso ocurre porque en las filas militares “hay corrupción, involucramiento con los grupos criminales”.
¿Y usted que por eso no quieren dar toda la información del caso Ayotzinapa? –se le pregunta al señor Clemente.
–O sea –responde–, no quieren dar la información de los 800 folios, por eso, porque los puede comprometer.
Clemente Rodríguez dice que en las reuniones que han tenido con López Obrador y en las que ha estado presente el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, este permanece callado, serio, “como estatua”, y sólo hablan el presidente y el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina.
“Los otros están como muñecos ahí, no dicen nada, no dan ni un reporte ni nada, pero el presidente dice lo que el Ejército le dice”, asegura.
Bernabé Abraján, también representante de los padres de los 43, dice que el presidente “nos falló a nosotros y más que nada le falló a la sociedad, porque realmente yo sé que hay otras cosas a las que les está dándole solución y no a lo que lo que son los derechos humanos, a respetar lo que son los derechos humanos”.
“Él prefiere atender otras cosas de su interés y no lo que es el caso Ayotzinapa”, asegura.
Y señala que cuando el presidente culpa de la falta de avances a un supuesto complot internacional contra los militares mexicanos “está mintiendo, porque si él hubiera querido, nos hubiera dado solución”.
Para Bernabé Abraján y Clemente Rodríguez lo que hace el presidente con el supuesto complot es tratar de construir una verdad alternativa sobre el caso, tal como lo hizo Peña Nieto con la “verdad histórica”.
Ambos padres señalan que todos los familiares de los 43 tienen la expectativa de que el gobierno de Claudia Sheinbaum, que inicia el próximo 1 de octubre, retome la investigación donde la dejó el GIEI y exija a los militares liberar los 800 folios de información sobre lo que ocurrió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 y los días previos y posteriores al suceso.
Los padres creen que esa información puede conducir a dar con el paradero de todos los estudiantes.
También quieren que Sheinbaum le pida al GIEI que regrese “porque ellos (los expertos internacionales) son los que mejor saben de las líneas que hay que seguir”, como lo muestran los seis pormenorizados informes que han presentado sobre el caso.
“Ellos se fueron porque el Ejército les cerró las puertas”, señala Clemente Rodríguez.
El padre del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43, recordó que una de las reuniones con López Obrador le dijo al presidente:
“Cuando esté en su rancho (La Chingada, en Palenque) acuérdese que faltan 43 y muchos miles mexicanos”.
Señala que tanto el gobierno de Peña como el de López Obrador han tratado de dividir al grupo de padres, a quienes les han ofrecido dinero –indemnización o reparación del daño, le llamaban los emisarios gubernamentales–, a pesar de lo cual “nos hemos mantenido unidos”.
El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, señaló que al principio del gobierno de López Obrador se registraron avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa, pero después, al topar con el muro militar, “afloraron las peores mañas del Estado” y en el afán del presidente de “limpiarle la cara al Ejército” la investigación se vino a pique.
Aguirre aclaró que debe precisarse si el Ejército actuó por acción u omisión en la desaparición de los normalistas, pero lo que debe hacer este gobierno y el siguiente es abrir los folios que mantiene ocultos la Sedena y “quitar a los funcionarios nefastos”, como el actual subsecretario de Gobernación, Arturo Medina.
“No henos tenido un Estado a la altura de la dignidad de las víctimas”, señaló.
Como parte de la conmemoración del décimo aniversario de la desaparición de los 43, los padres de los normalistas y agrupaciones de derechos humanos realizan una serie de movilizaciones, foros y mesas sobre el caso, tanto en la Ciudad de México como en Guerrero y otros puntos del país.
El próximo 26 de septiembre, día del aniversario, familiares y compañeros de los 43, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos realizarán una gran marcha en la Ciudad de México para exigir verdad y justicia.
Fuente: Proceso