KARA CASTILLO / LA JORNADA DE ORIENTE
La Procuraduría Agraria apeló la sentencia de amparo que la obligaba a dar a ejidatarios la documentación de la entrega de las 245 hectáreas de tierras del ejido de Santamaría Malacatepec a empresarios inmobiliarios para el proyecto denominado City Lomas Malacatepec en Ocoyucan, así como la copia certificada de su opinión técnica ante lo que ha sido denunciado como un despojo.
En el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito se dirime si la Procuraduría Agraria debe entregar o no: las actas de asamblea en la que fue entregado el ejido, el monto que pagaron los propietarios del fraccionamiento Residencial Lomas de Angelópolis, así como el contrato con la trituradora de piedra que obtiene recursos de los cerros “El Zapote” y Loma Letra” que ha devastado el territorio.
Y es que en diciembre de 2022, ejidatarios de Malacatepec recurrieron a la justicia federal luego que la Procuraduría Agraria –institución de servicio social para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios– se negara a exponer los detalles y documentos que han facilitado al Grupo Proyecta disponer de las tierras comunales. El juez Segundo de Distrito les dio la razón y otorgó el amparo 984/22 ante la falta de respuesta.
El juez ordenó a la institución entregara “copia certificada de su opinión técnica emitida en 2017 y 2018, relativas al proyecto denominado “City Lomas Malacatepec, Ocoyucan Puebla”
Precisó que el procurador agrario debía solicitar al Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido de Santa María Malacatepec la copia certificada de las Actas de Asamblea relativas a 2017 y 2018 en las que se determinó aportar 245 hectáreas de tierras de uso común de ese ejido al lujoso y exclusivo proyecto inmobiliario.
Instruyó al procurador ejidal que solicitara al Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia informar sobre los conceptos y en qué términos los propietarios del fraccionamiento “Residencial Lomas de Angelópolis” realizaron los pagos entregados a los ejidatarios.–
También solicitó se exhibiera el contrato con la trituradora de piedra que obtiene los recursos de los predios “El Zapote” y Loma Letra”, los ingresos, egresos, estado contable y financiero de los últimos cinco años.
En el amparo que consta en esta casa editorial, se advierte el apartado en la que el juez le mandata a la Procuraduría Agraria expedir la copia del convenio de cesión onerosa de las 245 hectáreas de tierra de uso común y le pide gestionar ante el Registro Agrario Nacional la información y todos los documentos citados, dada la negativa del Comisariado Ejidal de Santa María Malacatepec de Ocoyucan para transparentarlos a sus propios ejidatarios.
Procuraduría Agraria recurre al Tribunal Colegiado para no cumplir amparo
El juez condenó la respuesta que dio la Procuraduría Agraria a los ejidatarios de Malacatepec cuando éstos le solicitaron por escrito la información, sosteniendo que no conocía el conflicto de las tierras, que no tenía la documentación solicitada y que debían ser los propios ejidatarios quejosos los que debían allegarse de los documentos e iniciar el trámite ante el Registro Agrario Nacional.
Ante la Justicia Federal quedó expuesta la omisión de la institución que incluso se negó a pronunciarse sobre la solicitud de coordinar una mesa de trabajo interdisciplinaria ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue) y el ayuntamiento municipal de Ocoyucan, para revisar los programas y subprogramas de ordenamiento territorial y programas de desarrollo urbano del municipio de Ocoyucan, Puebla.. . .
En el Amparo Indirecto 984/2022 se documentó la violación de los derechos de los ejidatarios por la institución que encabeza Luis Hernández Palacios Mirón, razón por la que se otorgó el amparo de la justicia federal a los habitantes de Malacatepec junta auxiliar del municipio de Santa Clara Ocoyucan.
Ante esta sentencia, la Procuraduría Agraria interpuso en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito un recurso de revisión para modificar la resolución, acto que quedó plasmado en expediente 210/2023. A la fecha el caso se dirime.
Resistencia de ejidatarios continúa
A la fecha, ante el avance del grupo inmobiliario de los Posada Cueto que ya ha comprado casi la totalidad de las parcelas pertenecientes al municipio de Santa Clara Ocoyucan, pobladores y ejidatarios se mantienen en resistencia en un campamento en los cerros La Sombra y Tepetomapla, tierras comunales que aún no han sido alcanzadas por los empresarios.
Los integrantes del “Campamento de Resistencia y Lucha en Defensa de la Tierra y Agua de Malacatepec” siguen sufriendo todo tipo de presiones y acosos para abandonar su lucha. Además de las amenazas de desalojo violento de sus propias tierras por “guardias blancas” existen otras medidas de presión como obligar a quienes se niegan a entregar la tierra a “encajonarlos” sin dejarles salidas de sus terrenos.
Pero quizá el acoso más grave ha sido la suspensión del servicio de agua potable. Los pobladores se ven obligados a adquirir pipas, pero el acoso es tal que la empresa ha bloqueado a piperos y los costos del servicio se ha incrementado hasta 800 pesos.
De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley Agraria, las tierras ejidales no son vendibles, pese a lo cual Grupo Proyecta pretende adquirirlas ante la mirada de la Procuraduría Agraria que hasta la fecha sigue negando algún posicionamiento al respecto.
“Ellos (Procuraduría Agraria) tienen que detallar porqué dicen que no tienen nada, tiene que explicar el porqué de cada punto, de cada asambleas donde se cedió la tierra, confiamos en la ley” sostuvieron abogados de Cruz Jiménez y Tomasa Zambrano, algunos de los ejidatarios que interpusieron el amparo.