Los herederos del cantaor abren una pugna legal y económica con el Ayuntamiento de San Fernando por la explotación de los derechos para abrir su museo. La familia reclama más dinero para vivir con dignidad
JESÚS A. CAÑAS/ Cádiz/ EL PAÍS
Camarón de la Isla mira a cámara y espeta con rostro cansado: “Si es verdad que he aportado algo al flamenco quiero que quede algo, al menos la mitad, para mis niños y mi familia”. Una voz de alguien que no aparece en plano le instruye: “Ahí lo vas a decir (…), ‘voy a centrar todos mis esfuerzos en recuperar lo que es mío”. Hasta que el cantaor le responde: “¿Y por qué no lo dices tú?”. Apenas un mes después de esa entrevista en TVE, José Monje Cruz (San Fernando, 1950-Badalona, 1992) fallecía. Sus palabras avanzaban el conflicto que se gestaría tras su muerte en torno a los derechos de autor de sus canciones. Y, 28 años después, parecen casi premonitorias de la pugna que enfrenta ahora a sus herederos con el Ayuntamiento de San Fernando a cuenta de los derechos de explotación de la marca en un nuevo museo, construido por la institución, y sus posibles rendimientos económicos. La familia justifica su reivindicación en que los descendientes del artista puedan vivir con dignidad del legado de su padre.
El mítico Mercedes blanco de Camarón ya luce aparcado en la planta baja del centro de interpretación en el que se han invertido casi cuatro millones de euros, procedentes de fondos europeos. Notas personales de sus canciones, premios, fotos e incluso camisas aguardan a los aficionados que, cada año, visitan La Isla para buscar las huellas del cantaor en su casa natal, la fragua familiar o su tumba. Todo lo que el Consistorio denomina Espacio Camarón y que ahora englobará también a su museo. Hasta hace unos días parecía que el único obstáculo que impedía la apertura del nuevo edificio tenía que ver con las restricciones por la covid.
Pero el 5 de diciembre los abogados de la familia —integrada por su viuda, Dolores Montoya La Chispa, y sus cuatro hijos— anunciaban medidas legales contra el Ayuntamiento si abría el museo por carecer de licencia sobre los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual de la marca Camarón de la Isla.
Una acusación que rechaza la institución local. Ahora se han sumado unas diligencias preliminares mediante las que la familia pide, ante un juzgado que no ha especificado, información al Ayuntamiento para que “muestre los derechos que dice haber adquirido”, pero de los que ellos aseguran no tener constancia, según confirma por correo electrónico Paco Moreno, representante y único portavoz de unos herederos, que han optado por guardar silencio. Desde 2014, la familia de Camarón recibe una asignación mensual de 2.500 euros, que se ajusta conforme al IPC. Este fue el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los herederos, que debería prolongarse durante 50 años. La cantidad se reparte entre la sociedad Promociones Canastera, S.L. (91,93%), administrada por La Chispa, y María José Monje (8,07%), hija de Camarón nacida de una relación anterior y que no tiene un papel protagonista en esta disputa. En total la suma ascendería a 1,5 millones de euros —de los que ya se han abonado 180.000 euros— por la cesión de bienes y por la creación del Espacio Camarón, donde se engloba el museo. El acuerdo dice que los proyectos deben ser autorizados por los herederos como propietarios de los derechos de las marcas “Camarón de la Isla”, registrada desde 2001, y “Camarón”, desde 2014.
La interpretación de esa frase es la que ahora ha encendido un conflicto que se hizo latente con el fin de las obras del museo y ha estallado ante su inminente apertura. “Es un convenio muy genérico que se podría haber detallado mejor, pero está claro que el espíritu es la licencia para utilizar la marca”, asegura Emilia López, letrada de Menta Abogados, un bufete especializado en derechos de propiedad intelectual contratado por el Ayuntamiento. El representante de la familia, Paco Moreno, no lo ve así. En su opinión, la prueba de ello es que la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha ofrecido a la viuda un nuevo pago único de 150.000 euros por usar la marca, “sin venir respaldado de ningún informe pericial”. La regidora admite oferta, pero no el motivo: “Además de lo que se paga mensualmente, en acto de buena disposición y para evitar conflictos, le ofrecimos eso y un porcentaje de la explotación con beneficio directo, como puede ser un concierto, o por merchandising”.
La familia ha rechazado el ofrecimiento. Según la abogada que defiende al Ayuntamiento, los herederos reclaman una cantidad mayor, “algo así como el doble anual” —unos 300.000 euros—, mientras que el portavoz de la familia niega que se haya exigido esa suma, aunque puntualiza que la cifra de 150.000 no es proporcional y reclama un análisis aséptico sobre el valor de los derechos. En opinión de Emilia López, la familia “puede salir perdiendo con un informe pericial. Cuando se quiere valorar, se establece el canon hipotético en función a otros casos similares. Y hay museos en los que las familias no reciben nada”.
Enrique Montiel, experto en Camarón y conocedor de la familia, hizo posible en 2014 el acuerdo entre los herederos y la institución. Ahora asiste “entristecido” al entuerto. No es la primera vez que los Monje se ven en una situación similar. Tras aquella entrevista en la televisión pública al cantaor, en 1992, se desató un conflicto —ya cerrado— con Paco de Lucía, a cuenta de los derechos de autor de las canciones, ya que el guitarrista era autor de parte de su repertorio. En 2014, Dolores Montoya se quejó de no haber recibido los derechos de autor por el filme Camarón (2005), de Jaime Chávarri, y que le dio un Goya a Óscar Jaenada por su interpretación de la estrella. “Me da pena esta situación porque sé que los hijos no tienen trabajo. Pero deberíamos pensar todos en Camarón, no solo en los beneficios que puede producir”, dice Montiel.
Desde que murió Monje, su familia subsiste con dificultades con las rentas de un comercio que La Chispa regenta desde hace años en La Línea de la Concepción, donde vive con sus cuatro hijos y sus nietos. Al portavoz de la familia le duele que les acusen de “peseteros”, mientras tienen que “dar continuas explicaciones sobre el uso de una legítima herencia a la que tienen derecho”. José Carlos Conde, productor del documental Camarón. De La Isla al mito, financiado por Netflix, sabe de ese contexto que rodea a los herederos: “Tienen muchos miedos, la familia no está preparada como para opinar técnicamente. Quizás ha habido mucha gente a su alrededor queriendo opinar y han sufrido a muchos que se han portado mal con ellos”. “Es triste que vivan humildemente de un pequeño comercio mientras otros se lucran haciendo constante merchandising sin contar con el consentimiento de ellos”, zanja el representante de la familia.
EL CASO DE ROCÍO JURADO, LOLA FLORES O RAPHAEL
El caso de los derechos de marca de Camarón de la Isla y su museo amenaza con acabar en un conflicto judicial entre su familia y el Ayuntamiento de San Fernando, enfrentados a cuenta del dinero que el consistorio debe pagarles por los derechos de explotación de la marca. Si no hay acuerdo, la Justicia deberá valorar pericialmente si el convenio entre ambas partes que establece el pago de 1,5 millones en 50 años es suficiente. Y ahí puede tener mucho que decir lo que ha ocurrido en otros casos similares de insignes figuras artísticas con museos. El caso más cercano y similar es el del museo de la cantante Rocío Jurado (en la imagen, con Camarón en un programa de televisión en los ochenta), en Chipiona. Construido pero cerrado desde hace años, el pasado mes de enero el Ayuntamiento de la localidad alcanzó un acuerdo por el cual pagará a la heredera universal, Rocío Carrasco, un canon anual de 30.000 euros por las piezas y los derechos, una cantidad similar a la que reciben los Monje Cruz. En el futuro museo de Lola Flores en Jerez —ya licitado— aún no se ha rubricado acuerdo alguno con la familia, y en el de Paco de Lucía, también por hacer, ya se está trabajando en uno que también establecerá contraprestación económica por la cesión de objetos y derechos, según confirma el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce. En Linares (Jaén), desde 2011 funciona otro equipamiento similar con objetos del cantante Raphael. En este caso, la concejala de Cultura de Linares, Ángeles Isac, asegura que no existe contraprestación económica alguna. El único requisito fue que se habilitara un lugar digno, informa Ginés Donaire.
Fuente: https://elpais.com/cultura/2020-12-12/camaron-la-marca-de-la-discordia.html