Por Luis Martínez
Recientemente, el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó desde sus redes sociales un prototipo de verificación de noticias denominado #DetectordeMentirasPuebla, que busca ser una réplica local del #DetectordeMentiras lanzado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El video, de más de cuatro minutos, presenta diversos dichos y hechos que una «voz en off» va aclarando o desmintiendo en una narrativa favorable a la llamada 4T y a los gobiernos federal, estatal y municipal afines. Aún se desconocen muchos detalles, como quién integrará el equipo detrás de este producto, y si formará parte de la futura área de Comunicación Social del Estado, del Sistema de Comunicación Estatal SICOM o si será un proyecto externo en alianza con algún medio o casa productora.
Esta cápsula audiovisual llamó la atención de algunos periodistas locales; sin embargo, muy pocos medios y opinadores comentaron sobre ella en sus canales digitales. Se habló mucho, pero se escribió poco, como suele suceder cuando no se quiere dejar rastro o correr el riesgo de cometer una imprudencia.
La pieza en cuestión plantea una importante discusión sobre los medios públicos y, en especial, sobre las verificaciones de hechos –o fact-checking– desde las narrativas oficiales.
Recordemos que en el sexenio pasado surgió «Infodemia», una iniciativa impulsada desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, donde, mediante monitoreo propio, se identificaban noticias falsas que luego se desmentían en redes sociales utilizando datos oficiales.
Para algunos periodistas y académicos, la verificación desde instancias oficiales carece de objetividad y, por ende, de validez, al privilegiar solo la narrativa oficial. En contraste, otros consideran que esta actividad responde a la abundancia de desinformación que busca, de alguna manera, dañar la imagen de las instituciones gubernamentales.
Lo cierto es que la desinformación es perjudicial, venga de donde venga, y toda acción para contrarrestarla es bienvenida; sin embargo, es fundamental entender los matices y, sobre todo, las motivaciones detrás de dichas acciones.
También es un hecho que existe una industria de la desinformación, tolerada e incluso amplificada por algunos medios de comunicación y periodistas, que busca manipular la percepción pública en torno al ejercicio gubernamental, ya sea a favor o en contra.
La sección «Quién es quién en las mentiras», emitida semanalmente durante las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue duramente criticada por medios independientes, especialistas y prensa internacional, debido a su falta de transparencia en cuanto a la metodología de verificación y los criterios para seleccionar las noticias a desmentir, su arbitrariedad en la elección de los contenidos y su constante acoso y descalificación a medios críticos como Reforma o Latinus.
El volumen de desinformación que circula en redes sociales es tan amplio que resulta útil (y es necesario decirlo claro), que tanto dentro como fuera del oficialismo se empleé con matices editoriales y políticos. La manipulación radica en la selección y en el tono de la aclaración, independientemente de si proviene de un canal oficial, de un medio en búsqueda de convenio o de un medio políticamente adverso al sujeto de la desinformación.
Hoy, desmentir o hacer fact-checking puede ser rentable, como cualquier género periodístico –sea entrevista, artículo de opinión o reportaje–, siempre que encuentre al cliente adecuado; y, por supuesto, el sector público y partidista suele ser uno de los mejores clientes.
Los gobiernos de la llamada 4T han apostado por fortalecer los canales públicos de comunicación. En radio, televisión e internet existen productos audiovisuales producidos desde las instituciones y gobiernos.
Al ser un producto financiado con dinero público, según la Ley Mexicana de Radiodifusión vigente, debe difundirse información imparcial, objetiva, oportuna y veraz, que contribuya al debate político de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales.
Sin embargo, es necesario entender que cualquier gobierno, independientemente de su naturaleza, está cargado de valores, ideologías e intereses, y por tanto la agenda de sus medios públicos siempre reflejará estos elementos. Los gobiernos e instituciones públicas tienen el legítimo derecho de difundir, socializar y reivindicar su gestión; es tarea de los medios de comunicación y la sociedad analizar y debatir sobre la validez de lo expuesto. Así, aunque estemos o no de acuerdo con la actuación de una institución pública determinada, esta tiene el derecho de usar recursos propios para difundir su labor y combatir la desinformación que le afecta.
La clave radica en la transparencia de procesos y metodologías, en hacer público el gasto y en identificar a las personas involucradas en las labores de verificación y su difusión.
El producto #DetectordeMentirasPuebla, en principio, apela al derecho legítimo de una institución, fuerza política o persona de verificar y aclarar datos erróneos, imprecisiones o desinformación en una especie de derecho de réplica. Sin embargo, a diferencia del producto nacional emitido en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la versión local está cargada de juicios de valor y se acerca más a una pieza propagandística que a un verdadero ejercicio de verificación.
En la versión nacional se presentan datos, documentos y referencias a fuentes oficiales y abiertas, mientras que en la versión local se emiten descalificaciones y conjeturas subjetivas.
Hasta ahora, las dos o tres cápsulas emitidas, al no contar con evidencia de uso de recursos públicos en su producción ni con el involucramiento de instituciones oficiales, son productos propagandísticos; sin embargo, sería preocupante y muy delicado que este formato se mantenga si se formaliza el proyecto de verificación desde el gobierno estatal entrante en diciembre.
Es crucial que las autoridades electas en cualquier orden de gobierno asuman su compromiso con la democracia, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a la información. Es válido y justo que las instituciones gubernamentales también promuevan prácticas en contra de la desinformación, siempre y cuando se ejecuten con transparencia, se haga pública su metodología y se identifiquen a las personas y equipos responsables de su desarrollo.
Y, fundamentalmente, es muy importante que estos canales públicos de verificación y comunicación institucional se mantengan al margen de prácticas que fomenten la descalificación y el estigma contra los medios de comunicación, distinguiendo claramente entre desinformación y crítica. En estos tiempos, parece que solo se valida la información que respalda nuestras creencias, mientras se silencia y descalifica la crítica y la información incómoda.
Aún están a tiempo.