Luis Alberto Martínez
Está por concluir el primer mes de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un periodo que sin duda ha representado un verdadero reto para la mandataria. Este primer mes se ha caracterizado por dos grandes coyunturas: el aumento de la violencia originada por las disputas territoriales del narcotráfico y el impacto de la reforma judicial que, tras alcanzar su punto constitucional, desató la estridencia de la oposición y los grupos de interés.
Lo que varios analistas vislumbran como un polvorín sembrado por los Estados Unidos para generar un escenario de escalada de violencia en el inicio de la administración de Sheinbaum ha resultado en cientos de muertes, principalmente en Sinaloa, donde la captura y detención de «El Mayo» Zambada desató una ola de sangrientas disputas territoriales. A este escenario se suma el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas y el incremento de la violencia en Guanajuato.
Es infame e irresponsable que algunos medios de comunicación y partidarios de la debilitada oposición mexicana hagan análisis tan superficiales, repartiendo culpas y olvidando el origen de este terrible problema. Tampoco es aceptable que quienes buscan defender la postura oficial minimicen la situación o eludan la responsabilidad de ciertos actores políticos por el simple hecho de pertenecer a la 4T.
Seamos claros: el narcotráfico está profundamente enraizado en todo el país. Décadas de complicidad, corrupción, impunidad y desigualdad social han amplificado un problema para el que no existe una solución tajante y a corto plazo. Las voces de la oposición —opinadores, influencers y voceros— mantienen una inconformidad eterna y contradictoria. Ante la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, acusaron al gobierno de militarización; sin embargo, al mismo tiempo, exigen que todo el peso de las fuerzas armadas caiga contra el narcotráfico.
Exigen sin reservas que el Estado mexicano envíe a miles de elementos al frente de una batalla en la que, como el propio Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, reconoce, estamos en desventaja frente a grupos criminales extremadamente armados.
No es insensato aceptar que la delincuencia organizada tiene una gran capacidad de respuesta; tampoco es una traición a la patria admitir que el Estado Mexicano actual está superado ante un problema que, insisto, fue generado tras décadas de malos gobiernos.
La politización y la necesidad de analizarlo todo desde el propio «bando» parecen desarmarnos como sociedad y nos privan de la capacidad de, primero, comprender el fenómeno y, segundo, impulsar desde la sociedad civil alternativas para la pacificación de nuestro país.
Mientras la derecha se centra en señalar al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, eludiendo los sexenios anteriores y las condicionantes en justicia, impunidad y desigualdad creadas por el neoliberalismo, la 4T justifica la complicidad e inacción de gobernadores y autoridades locales surgidas del propio movimiento. Mientras tanto, la violencia crece.
Por otro lado, la reforma constitucional al Poder Judicial continúa generando un ruido político incesante que, me parece, llevó a la aprobación de la Supremacía Constitucional en el Senado. Las continuas protestas y reclamos por parte de trabajadores del PJF, alentados por decenas de grupos de interés que ven en riesgo inminente sus privilegios, aún dominan parte de la agenda mediática.
Mucho ruido. Un ruido tan estridente que parece distraernos de lo verdaderamente importante. En casi un mes de gobierno, Claudia Sheinbaum ha demostrado temple, fortaleza, respeto, eficiencia y, sobre todo, algo que no necesitaba demostrar, pero que está haciendo: su propia visión del país que todas y todos deseamos.
Hasta la próxima.