39 de las 58 plazas de personas del Poder Judicial que se atrevió a denunciar presiones en casos que favorecían al gobierno federal serán renovadas en 2025 para ser ocupadas por personal elegido por voto popular
Alfredo Maza / Animal Político
Los puestos de la mayoría de las juezas y jueces que se enfrentaron a las presuntas “presiones” durante la administración del exministro Arturo Zaldívar, para resolver favorablemente temas emblemáticos para el Gobierno Federal, fueron sorteados para ser sometidos al voto popular en el 2025.
En el sorteo de este sábado resultaron elegidas las plazas de 13 juezas y jueces (de 19 en total) que fueron mencionados en la denuncia anónima presentada en abril pasado contra el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por haber sido presionados por al menos cuatro altos funcionarios del Estado mexicano.
Entre los nombres de las personas juzgadoras cuyos puestos serán sometidos a elección popular en 2025 están el del juez Adrián Fernando Novelo Pérez, conocido por emitir fallos en torno al Tren Maya; la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, que resolvió diversos amparos en torno al caso Lozoya; así como los juzgadores Abigail Ocampo Álvarez y Julio Veredín Sena, presionados por temas relacionados a extradiciones.
Además, serán sometidos a votación este 2025 los puestos de 36 personas en 28 tribunales colegiados de circuito donde despachan otros 26 magistrados y magistradas (de 39) que también fueron presuntamente “presionados” por altos mandos del Poder Judicial y que ahora salieron sorteados en la tómbola realizada por el Senado para elegir a las nuevas 850 personas juzgadoras que integrarán el Poder Judicial de la Federación (PJF).
En los tribunales en los que se abrieron plazas durante este sorteo trabajan personas juzgadoras como la magistrada Emilia Molina de la Puente, supuestamente presionada en torno a casos como C&A Mazatlán y Forever 21, y el magistrado Luis Vega Ramírez, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), que supuestamente fue presionado para que, a su vez, ejerciera coerción sobre otros jueces y magistrados.
En otras palabras, están en vilo los puestos de 39 de las 58 personas que aún están en activo en tribunales y juzgados del país y que se atrevieron a denunciar presiones por parte del Gobierno Federal, mientras que 24 personas titulares de estos órganos jurisdiccionales ya no aparecen en las bases de datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El caso Zaldívar
En abril de 2024 se dio a conocer que la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, ordenó iniciar una investigación en contra del exministro Arturo Zaldívar y diversos excolaboradores cercanos a él, acusados por presuntos actos de corrupción y por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.
Esto luego de que la ministra Piña recibiera una denuncia anónima presentada en contra de Zaldívar por presuntos actos de corrupción cometidos entre el 2019 y 2022 “que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa” y que supuestamente fueron realizados a través de Carlos Antonio Alpízar, entonces secretario general de la presidencia del CJF.
Luego de darse a conocer la noticia, el exministro Arturo Zaldívar dijo que la investigación tenía intenciones políticas de desprestigiar a exfuncionarios del CJF que, en su momento, emitieron criterios favorables al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, gracias a esta denuncia se supo, por ejemplo, que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presuntamente participaron en las presiones que juezas y jueces de distrito sufrieron en torno a diversos temas emblemáticos para la autonombrada Cuarta Transformación.
Incluso, a lo largo de los siguiente días, la Suprema Corte y el CJF recibieron más denuncias presentadas contra Zaldívar y su equipo en la que no solo se exponía a jueces que recibieron presiones, sino también a quienes supuestamente las aceptaron y más tarde participaron en las propias investigaciones del caso.
Tal fue el caso de una denuncia anónima presentada contra Juan Carlos Guzmán Rosas, secretario ejecutivo del CJF, señalado por su probable “actuación ilegal y parcial” al resolver los juicios de amparo relativos a la construcción de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).
Este funcionario, según la denuncia a la que tuvo acceso Animal Político, fue nombrado tiempo después como magistrado para ocupar su puesto dentro del máximo órgano de vigilancia de los tribunales y juzgados del país.
La tómbola para elegir a los nuevos jueces y magistrados federales
Pese a todo lo anterior, el 5 de febrero de 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales en la que incluyó una reforma al Poder Judicial de la Federación para que jueces, magistrados y ministros fueran elegidos mediante voto popular.
Luego de una serie de foros organizados para abrir el debate en torno a la reforma judicial, y luego de denunciar que no fueron tomados en cuenta, el jueves 19 de agosto de 2024, las y los trabajadores del PJF decidieron iniciar el paro nacional de labores para manifestarse en contra de la reforma judicial del presidente López Obrador. Días después, el 21 de agosto, se sumaron los jueces y magistrados federales de todo el país.
No obstante, luego de que el Congreso de la Unión y diversos congresos estatales del país aprobaron la reforma judicial, el 15 de septiembre el presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial.
En ella se estableció que el Senado tendría 30 días naturales, posteriores a la entrada en vigor de la reforma judicial, para emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria.
Para lograr su cometido, el Senado definió en un sorteo las plazas de magistrados de circuito y jueces de distrito que serán elegidas en la elección de 2025, donde finalmente se definió que se elegirán a 464 personas magistradas y 386 personas juezas.
El sorteo para definir a las personas juzgadoras se realizó mientras que afuera de la sede del Senado, poco más de 200 personas trabajadoras del Poder Judicial protestaban con consignas, tambores y pancartas, como lo han hecho por 53 días consecutivos.
El sorteo fue realizado por senadoras de Morena y Partido del Trabajo, con la ayuda de esferas blancas y tómbolas, en un proceso que duró alrededor de seis horas.
A las plazas que resultaron electas se sumaron las vacantes por renuncias o retiros programados.
Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano no asistieron al sorteo en muestra de protesta. Los integrantes del PRI, que sí llegaron y contribuyeron al quórum necesario para la realización de la sesión, dijeron ante medios que llegaron para vigilar que no hubiera manipulación y reiteraron que impugnarán las reformas a las leyes generales una vez que sean aprobadas en su conjunto por el Congreso.
Fuente: Animal Político