Al menos por dos vías los tentáculos del crimen organizado tocan al gobernador de Nuevo León, Samuel García. El primero es por una red de factureras que sirven para el blanqueo de dinero; la segunda, por las ligas de “negocio” que tiene el hermano de su jefe de Oficina.
Por Arturo Rodríguez García / Proceso
El despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA), sociedad civil en la que son socios el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, tenía ganancias tan modestas en 2015 que apenas ingresó un millón 923 mil pesos durante ese año.
También en ese año la carrera de García Sepúlveda arrancó al conseguir una curul en el Congreso local. En paralelo al avance político del hoy polémico mandatario de Movimiento Ciudadano, no sólo crecieron exponencialmente los ingresos del despacho, sino que una segunda sociedad civil fue creada con el nombre GMA Firma Jurídica Fiscal, que en conjunto han obtenido más de dos mil 400 millones de pesos entre 2016 y 2023.
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La facturación de ambos despachos fue especialmente notoria a partir de que en octubre de 2021 García Sepúlveda asumió la gubernatura, de acuerdo con una investigación financiera realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL), que ha identificado un monto de 427 millones 843 mil pesos que los despachos han recibido por presuntos desvíos del gobierno.
La evolución de los ingresos de FJFA fue exigua en 2016, ejercicio fiscal en el que apenas ingresó cuatro millones 100 mil pesos. Para 2017 los ingresos fueron por 59 millones 906 mil pesos y en 2018, año en que García Sepúlveda contendió y ganó un escaño en el Senado, la facturación del despacho que tiene con su padre cerró el año con casi 70 millones de pesos.
En 2017 fue creada GMA Firma Jurídica Fiscal, que en su primer año de actividad obtuvo ocho millones 892 mil pesos; casi duplicó ingresos al año siguiente cuando facturó servicios por 16 millones 351 mil.
Para 2019, cuando García Sepúlveda empezaba a ser conocido por el contenido viral en el que ha cifrado su ascenso político, los despachos también comenzaron a fructificar:
Ese año, FJFA tuvo una facturación por 103 millones 646 mil pesos, mientras que GMA Firma Jurídica obtuvo 31 millones; en 2020, la primera firma facturó 123 millones y la segunda 20 millones. Pero 2021 significó el despegue de los dos despachos, pues entre enero y septiembre, periodo de campaña por la gubernatura, la primera firma tuvo ingresos por 165 millones 224 mil pesos y la segunda por 27 millones 199 mil.
Al asumir Samuel García la gubernatura, en octubre de 2021, los ingresos crecieron de manera notable: FJFA facturó de octubre a diciembre de 2021 poco más de 119 millones de pesos, mientras que GMA Firma Jurídica Fiscal tuvo ingresos por 32 millones 271 mil pesos.
El crecimiento en los ingresos no paró: en 2022 FJFA tuvo entradas por 418 millones 571 mil pesos; GMA las tuvo por 159 millones 746 mil; en 2023 la primera ingresó 743 millones 418 mil pesos, mientras que la segunda obtuvo 237 millones 691 mil pesos.
Para 2024 los ingresos de ambas firmas ascendieron, en el caso de la más longeva, a 24 millones 741 mil pesos, y la segunda a 45 millones 874 mil pesos.
En total el despacho FJFA, de 2015 a la fecha, ha tenido ingresos por mil 833 millones 730 mil pesos, mientras que GMA Firma Jurídica Fiscal ganó 579 millones 813 mil pesos. Un total de dos mil 413 millones de pesos, de los cuales mil 781 millones 377 mil pesos fueron facturados al mismo tiempo que Samuel García Sepúlveda se ha desempeñado como gobernador de Nuevo León.
Los clientes de los García
La investigación realizada por la FGJENL se basó en la colaboración con el Servicio de Administración Tributaria y ha permitido avanzar el caso a un nivel de desagregación que permite ver quiénes son los principales clientes de los García, padre e hijo, hasta ubicarlos por sector.
Los dos despachos se han especializado en la recuperación de créditos fiscales, es decir, condonaciones y otras maniobras dedicadas a la disminución del pago de impuestos, coincidentemente, en el contexto de dos cruzadas lanzadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo son la mejora de la recaudación y la eliminación del outsourcing.
De acuerdo con el giro de la clientela identificada por la FGJENL, los despachos de García Mascorro-García Sepúlveda tienen como cliente principal a filiales del Grupo Gentor.
Se trata de Corporación Trasnacional de Inversiones, que ha pagado a los despachos 335 millones 700 mil pesos; la sigue Corporativo Integral CSI, que le ha pagado 201 millones; además, 147 millones han sido obtenidos de la asesoría a otro cliente identificado como Corporación Interamericana de Telecomunicaciones; 76.6 millones a Servicios Corporativos DMS y, finalmente, 7.4 millones de pesos a Recolección y Disposición de Desechos Ambientales. De manera directa Grupo Gentor le ha pagado cerca de 10 millones.
Una revisión realizada por Proceso permite advertir que Grupo Gentor es un corporativo dirigido por Javier Garza Buffington, la nueva generación de esa rama familiar cuyo jerarca fue Issac Garza Sada, padre del fundador de Gentor, Javier Garza Sepúlveda, cuyo hijo Javier Garza Calderón fundó Grupo Domos y quien, ya en retiro, se convirtió en un promotor del lopezobradorismo entre las élites empresariales del país.
Pero es el tercero de los Javier Garza quien ahora es presidente del consejo de administración del mencionado grupo, que posee inversiones diversificadas tanto en lo financiero como en telecomunicaciones, construcción, vivienda, servicios básicos como la recolección de basura, y energía.
Otros clientes de los despachos están enfocados en el sector energético, concretamente a combustibles y lubricantes. Entre éstas destacan empresas como Enerey Latam, empresa dedicada a la comercialización de petrolíferos a la que el despacho FJFA le ha facturado poco más de 78 millones; además, BSQ Global Corporation, que preside Lety Santos, una empresa contratista con operaciones en ciudades con refinerías, originada en Cadereyta.
Igualmente existen varias cadenas gasolineras, constructoras y algunas empresas que son proveedoras del gobierno, destacadamente Jacer, una de las firmas clave en la investigación por el pago de 202.9 millones de pesos al despacho FJFA.
Entre los clientes, como en los casos mencionados, se ubican los grupos empresariales de las familias más acaudaladas de Nuevo León que…
Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0015 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.