Por José Ojeda Bustamante / Desde las Antípodas
@ojedapepe
Entremos a los temas silenciosos que vive nuestra sociedad, el impacto del crimen organizado en la economía mexicana ha dejado de ser una cuestión relegada a los titulares de la nota roja para convertirse en un fenómeno que afecta directamente la vida cotidiana de todos los mexicanos. La inflación, que muchos asocian únicamente con factores económicos tradicionales, ha encontrado un nuevo y alarmante motor en la extorsión y control que los cárteles de la droga ejercen sobre la cadena de suministros alimentaria del país.
En los últimos años, los cárteles de la droga han expandido sus operaciones hacia el sector agrícola, apoderándose de hectáreas de cultivo, tomando control del transporte y los almacenes de alimentos, y, lo más preocupante, imponiendo los precios finales al consumidor. Esto ha convertido a productos como el aguacate, el limón y el mango en las primeras víctimas de este esquema, con estados como Michoacán, Zacatecas, Jalisco y Guerrero, entre otros, siendo los más afectados.
El impacto ha sido devastador. Los precios de estos productos, fundamentales en la dieta de millones de mexicanos, se han disparado, en algunos casos hasta en un 300%. Aunque este problema no es nuevo, ha alcanzado un punto crítico en la actualidad, afectando no solo a estos productos específicos, sino también a otros de primera necesidad. Este fenómeno ha encendido las alarmas en las cámaras empresariales y de comercio a nivel nacional, evidenciando una crisis que hasta ahora ha pasado inadvertida para muchos.
El control que los cárteles ejercen sobre el sector alimentario no se limita a la mera extorsión. Los proveedores de insumos y alimentos más grandes también han sido blanco de amenazas para retrasar entregas y elevar los precios finales en mercados públicos y centrales de abasto. Aquellos que se niegan a acatar las órdenes de estos grupos delictivos sufren consecuencias graves: desde el robo y destrucción de sus cosechas hasta la quema de camiones que transportan los productos.
El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, ha señalado que, aunque no se cuentan con datos duros para evaluar el impacto exacto de la inseguridad y las extorsiones sobre la formación de precios, la evidencia anecdótica sugiere que este es un factor importante y creciente que contribuye al proceso inflacionario. Este problema, agrega Heath, ya no puede ser considerado como «coyuntural» sino como «estructural», enraizado en la economía mexicana y dificultando la capacidad del Banco de México para alcanzar su meta de inflación del 3%.
La situación es compleja. Aunque es difícil medir el impacto exacto de las extorsiones en la inflación, el traspaso a precios es real y afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales. Las denuncias de extorsión son escasas, con un estimado de que el 98.9% de los casos no se reportan por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o la complejidad del proceso de denuncia.
El encarecimiento de productos como el limón en estados como Michoacán, donde el control del crimen organizado es particularmente fuerte, es un ejemplo claro del alcance de este problema. Los productores, bajo amenaza, se ven obligados a acatar los precios impuestos por los extorsionadores o abandonar sus tierras, lo que reduce la oferta y eleva aún más los precios.
Este fenómeno no solo incrementa los costos de operación y producción, sino que también deteriora el tejido social y la confianza en las instituciones. Es un problema que afecta a todos: desde el pequeño comerciante que debe pagar cuotas para operar sin represalias, hasta el consumidor final que ve cómo el precio de los productos básicos se dispara.
Es urgente que las autoridades y la sociedad civil trabajen juntas para erradicar este delito que está destruyendo nuestra economía y nuestra paz social. No se trata solo de combatir la inflación, sino de recuperar la confianza en un país que no puede permitirse que el crimen organizado controle lo que ponemos en nuestra casa, en nuestra mesa.
Desde las antípodas no podemos dejar pasar estas problemáticas estructurales de nuestro México, en un mal que camina y se mueve a diario; hay que caminar a un refacultamiento ciudadano sin lugar a duda.