Se recogen los casos emblemáticos de Monte de Chila y Pantepec
Yadira Llaven Anzures / La Jornada de Oriente
Durante la Guerra Sucia, en Puebla hubo más de 200 víctimas mortales de manera oficial, reveló el informe Fue el Estado (1965-1990), que se dio a conocer este viernes por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad, elaborado por Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, al documentar la lucha de 300 ejidos por el derecho a la tierra en la entidad, con casos emblemáticos como el Monte de Chila y Pantepec.
Al darse a conocer los resultados de esta investigación, los comisionados sostuvieron que el saldo de la represión durante 25 años en el país fue de al menos 8 mil 594 víctimas de detención y desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, masacres y otras violencias, incluida la sexual. Además del desplazamiento forzado de 123 mil 34 personas en 113 diferentes eventos.
El estudio consta de seis volúmenes y destaca el trabajo realizado en poco más de dos años que documenta 46 masacres, dentro de las cuales se logró identificar al menos a 385 personas fallecidas. Entre ellas, las ocurridas en Monte de Chila y Pantepec, Puebla; en El Tajito, Sinaloa; en Yahualica, Hidalgo, y en El Ámbar, Chiapas.
En el caso específico de Puebla, el informe está documentado en el segundo capítulo de la Parte 1, bajo el título “Violaciones graves a derechos humanos en contra de comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas en el marco de la contrainsurgencia”, en el que se amplia una gama de disidencias, muchas más de las que se habían reconocido históricamente.
Los investigadores, cuya responsabilidad concluye en septiembre próximo con el mandato de Andrés Manuel López Obrador, afirmaron que la institución perpetradora por antonomasia de las violaciones a derechos humanos en ese periodo fue el Ejército México, no solo porque las fuerzas armadas hayan sido las responsables directas de las atrocidades cometidas, sino porque constituyeron uno de los pilares ideológicos de un régimen presidencialista que se presentó ante la sociedad como civil, desmilitarizado y revolucionario.
El informe contrapone el número de víctimas, que en abril pasado reconoció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al emitir su Recomendación 98VG/2023, en el que acredita únicamente 814 víctimas de la guerra sucia, que se suman a las 275 que ya había documentado en 2001.
En 15 años, 300 ejidos lucharon por la tierra en Puebla
En el estado de Puebla, de 1970 a 1990, las Violaciones Graves a Derechos Humanos cometidas en contra de poblaciones campesinas organizadas en torno a la lucha por la tierra quedaron registradas en los informes emitidos por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Estas agencias dieron seguimiento a casi 300 ejidos que optaron por la estrategia de toma de tierras, principalmente en el periodo de 1970 a 1985.
Es constante la participación de fuerzas castrenses, policíacas y grupos armados de pistoleros al servicio de terratenientes, tanto en la región de la Huasteca Poblana como en la Sierra Norte de Puebla.
En la década de 1970 la toma de tierras se extendió de forma importante en todo el estado, particularmente durante el gobierno de Alfredo Toxqui Fernández de Lara.
La represión en contra de comunidades indígenas y campesinas se agudizó entre 1976 y 1979 con el despliegue de Grupos Mixtos de Seguridad conformados por miembros de la Policía Judicial y Preventiva del estado, que con apoyo de elementos del Ejército mexicano adscritos a la 25 Zona Militar llevaban a cabo los desalojos de la población movilizada.
En el informe se documentó la masacre de 25 campesinos ocurrida el 2 de junio de 1982, en Pantepec, contra un grupo de peticionarios de tierras que había iniciado gestiones para la conformación de un nuevo centro de población, que optó por tomar los terrenos del predio conocido como Rancho Nuevo, ubicado en Progreso de Allende, en la zona colindante con el municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
También se registró la masacre de Rancho Nuevo, el 20 de diciembre de 1977, cuando alrededor de las 4 de la madrugada, en el ejido de El Carrizal, agentes de la 25 Zona Militar y un grupo mixto de seguridad desalojaron a aproximadamente 20 campesinos que habían tomado terrenos propiedad de Antonio Villa Nueva Esqueda.
De igual manera, en 1978 fueron desalojados y detenidos arbitrariamente campesinos que ocupaban tierras en la localidad de Cebadillas.
Además, se incluyó la detención arbitraria de 40 campesinos de origen tutunakú en noviembre de 1980, por tomar las tierras conocidas como Ex Rancho La Sabana, para la conformación de un ejido.
Entre los detenidos hubo menores de edad y mujeres, una de ellas embarazada. Los trasladaron en un camión de redilas al rancho Las Palmas donde algunas personas fueron golpeadas y estuvieron retenidas por un día. De ahí los trasladaron al Ministerio Público de Xicotepec de Juárez, al día siguiente liberaron a la mayoría, sin embargo, a un grupo de 6 a 8 hombres, entre los que se encontraban Leonardo y Vicente Pérez Francisco, así como Reyes Tolentino, estuvieron detenidos por ocho días en un lugar no identificado. Hasta el momento no se sabe el paradero del señor Reyes Tolentino.
Monte de Chila, caso emblemático
En el informe Fue el Estado por último se destacó de manera amplia la lucha de los indígenas por la tierra que derivó en una masacre en Monte de Chila, municipio de Jopala, donde de manera oficial se habla de 120 asesinados, pero la gente de la región asegura que pudieron ser más de 300 los ejecutados.
Los comisionados señalaron que particularmente durante el gobierno del general Rafael Moreno Valle, se reprimió al movimiento campesino de peticionarios de tierras.
Entre los casos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos se encuentra la masacre de Monte Chila, el 28 de enero de 1970, en el municipio de origen tutunakú.
El 9 de abril de 1968 se publicó en el Periódico Oficial del estado de Puebla la dotación ejidal por 815 hectáreas, declarando como afectables cuatro propiedades aledañas al predio de Monte Chila. Dicha dotación se detuvo debido a un juicio de amparo promovido por Melitón Fosado Gutiérrez, uno de los propietarios afectados.
Es en este contexto, en 1969 campesinos tomaron los terrenos de Monte Chila, y para el año siguiente había aproximadamente 400 habitantes, en su mayoría personas de origen indígena.
Sin embargo, se corrió el rumor en pueblos cercanos que la gente de Monte de Chila era violenta y que había cometido violaciones, asesinatos, que le habían quitado la tierra a los ricos, lo que orilló a los habitantes a montar guardias ante el temor de la llegada de pistoleros.
En la madrugada del 28 de enero de 1970 miembros del Ejército mexicano adscritos a la 25 Zona Militar, acompañados por agentes de la Policía Judicial entraron al poblado de Monte Chila e iniciaron en varios momentos balaceras contra campesinos, bajo el pretexto de la detención de delincuentes.
Las cifras presentadas en la prensa y referidas en los informes de las corporaciones de inteligencia del Estado mexicano, afirman que hubo de 20 a 28 muertos. En las inscripciones del libro parroquial de Chicontla, se menciona que inicialmente fueron asesinadas 30 personas y en un segundo momento se hablaba de 80 más, dando un total de 120. No obstante, testigos indicaron que alrededor de 400 personas estaban en el lugar al momento de los hechos.
El Ejército impuso un cerco e impidió el ingreso a las autoridades civiles y familiares de las víctimas al Monte de Chila. Por más de un mes, los cuerpos estuvieron expuestos a la intemperie y fueron devorados por la fauna local.