La reciente invasión de la capital guerrerense por las bases de apoyo del grupo delictivo Los Ardillos puso en evidencia, una vez más, que el crimen organizado controla parte del territorio y del gobierno local.
LUIS DANIEL NAVA / PROCESO
CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- La escena de horror de siete cuerpos cercenados en el centro de Chilpancingo y un mensaje para la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, anunciaron el fin de la pax narca en la capital de Guerrero. Y evidenciaron la cercanía entre políticos y grupos criminales.
La crisis en Chilpancingo por la guerra entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, con la autoridad municipal como epicentro, se gestó en cuatro puntos de conflictos alrededor del municipio, explica el investigador Chris Kyle, de la Universidad de Birmingham, Alabama, quien desde hace 15 años sigue la violencia criminal en la zona Centro del estado.
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La banda de Los Ardillos fue fundada en Quechultenango, según fuentes de seguridad, por Celso Ortega Rosas, “La Ardilla”, asesinado el 26 de enero de 2011. El grupo quedó en manos de sus hijos, Celso, Iván y Antonio Ortega Jiménez.
El 8 de mayo de 2017 se conformó la Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo, liderada por el extinto Humberto Moreno Catalán, Onésimo Marquina Chapa y Salvador Alanís Trujillo, para enfrentar al Cártel del Sur. Después de haber desplazado a este último surgió el grupo Los Tlacos.
Un primer punto de conflicto entre ambos, dice Chris Kyle, se dio cuando Los Ardillos consolidaron su control sobre Quechultenango, de 2008 a 2011.
Después surgió en Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango), una zona disputada entre Los Tlacos y el Cártel del Sur, más otras células delictivas en la sierra, que involucró el control de la amapola hasta antes de 2017 y los negocios alrededor de las minas de oro, con lapsos de violencia de 2010 a 2011, 2015 a 2021 y 2022 a la fecha.
Una tercera confrontación se dio con la expansión de Los Ardillos a Chilapa y Zitlala de 2014 a 2020, y la cuarta con la lucha por el control del Valle de Ocotito, que inició en 2011 y continúa.
Finalmente, el conflicto entre Ardillos y Tlacos se concentró en Chilpancingo, donde existía una frágil tregua que se remonta al desplazamiento del Cártel del Sur en 2019.
“En parte implica una división de los derechos de extorsión en diferentes industrias. Esto se desestabilizó el verano pasado, en la guerra de corta duración por la distribución y venta del pollo. Pero ahora algo ha alterado las cosas”, indica el investigador.
Para Kyle, autor del libro Feeding Chilapa: The Birth, Life and Death of a Mexican Region (Alimentando Chilapa: nacimiento, vida y muerte de una región mexicana, University of Oklahoma Press, 2022), las relaciones entre los grupos criminales y autoridades siempre han sido las mismas:
“Los funcionarios políticos de todos los niveles quieren tres cosas. En orden de prioridad: ganar elecciones o nombramientos para cargos públicos; mantenerse con vida (y mantener con vida a sus familias) y mantener el nivel de violencia en la comunidad producido por la competencia entre grupos criminales lo más bajo posible mientras se cumplen los primeros puntos”.
Los funcionarios, enfatiza, toleran la competencia entre grupos criminales cuando los niveles de violencia se mantienen por debajo de los niveles “extremos”.
“El umbral de tolerancia es probablemente más bajo en Chilpancingo que en cualquier otro lugar, debido a que tiene una clase media grande y una gran cantidad de profesionales, incluidos los políticos. Pero el nivel actual de violencia está debajo de lo que se necesitaría para provocar una respuesta significativa de autoridades estatales o federales”, advierte.
Mensajes ominosos
A la desaparición, el 9 de junio, de tres integrantes de una familia, una menor de edad y otros tres hombres y el posterior hallazgo de sus cuerpos, le antecede el homicidio del médico Miguel Ángel Casarrubias, director del Centro de Salud de Quechultenango.
El crimen se lo adjudicaron cuatro de los hombres que aparecieron sometidos en videos filtrados a los medios el 15 y 19 de junio:
“Asesinamos al doctor (cerca) de Aurrerá porque curaba a los enfermos de Los Ardillos, nos mandó ‘El Uno’, por mando de Jesús Baltazar Moreno, alias ‘El M’”, de Corral de Piedra, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Vino el hallazgo, la madrugada del 24 de junio, de los siete cadáveres con un mensaje hacia la alcaldesa de Morena, Norma Otilia Hernández, para recordarle que estaba pendiente un segundo desayuno, así como para su síndico Andrei Marmolejo, al que acusaron de presionar a comerciantes para dar cuotas a Los Tlacos.
Chris Kyle reflexiona que el choque entre estos grupos criminales puede estar relacionado con la agitación de Los Tlacos generada por la Familia Michoacana en la región Norte, donde le disputa dominios.
Pero tampoco ve que Los Ardillos quieran provocar “una guerra total” por Chilpancingo, porque eso llamaría demasiada atención de las fuerzas de seguridad federales, además de que tendrían que redirigir gastos significativos a armas y entrenamiento. “Parece que están reaccionando a las violaciones de un acuerdo”, dice el experto.
El 5 de julio salieron a la luz fotos y un audio donde la edil morenista ofrece ayuda a un sujeto que ha sido identificado líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez. En otra filtración del encuentro, en un restaurante, la alcaldesa platica estrategias de seguridad del gobierno estatal y federal de las que se dice excluida.
La presidenta municipal y el síndico ya fueron interrogados por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las diligencias de la carpeta de investigación FED/GRO/CHILP/0000617/2023.
El mismo miércoles 5, la policía estatal detuvo y puso a disposición de la FGR a Jesús Echeverría, «El Topo», presunto jefe de plaza en el Valle del Ocotito, junto a un presunto cómplice de nombre Bernardo Chávez, ambos vinculados a proceso por delitos contra la salud y posesión de cartuchos exclusivos del Ejército.
La detención desató manifestaciones de transportistas, pero también una serie de ataques a partir de la medianoche del viernes 7 contra unidades de las rutas de influencia de Los Ardillos y luego contra taxistas de la capital. Al menos seis choferes fueron asesinados, tres de ellos calcinados dentro de sus unidades.
El sábado 8 de julio, Chilpancingo vivió escenas semejantes a las de una guerra civil. Taxis y autos particulares consumiéndose en llamas, patrullas y ambulancias con torretas en todas direcciones, helicópteros, choferes baleados y sangrando por las calles.
Tumultos de gente en las combis y en las redes sociales reportes de ataques que parecían no tener fin.
“Te dejo hasta (la tienda) Liverpool y me echo de reversa. Ya quemaron a dos compas en Tixtla. A otro lo tablearon por Petaquillas, le quitaron su taxi y regresó caminando.
“Si quieren llamar la atención que sólo quemen los taxis. Si nos dicen que no circulemos, no lo hacemos, entendemos, pero por qué nos matan. Solo llevamos de comer a nuestras casas”, dijo a este reportero un chofer a las tres de la tarde, a media jornada de terror.
La presión fue llevada al límite el siguiente lunes, cuando la base social de Los Ardillos irrumpió en la capital y doblegó a las fuerzas del gobierno estatal y federal.
Los 300 policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional fueron arrollados y humillados por la furia enardecida de tres mil campesinos armados con piedras, palos y machetes.
Los flamantes vehículos Black Mamba de la Policía Estatal recibieron disparos de arma de fuego. A uno de ellos le dejaron pegadas las llaves y fue exhibido como trofeo.
Obligadas y con una gobernadora ausente, al siguiente día las autoridades cedieron la construcción de caminos y seguridad a rutas de transporte a cambio de que liberaran a 13 agentes y funcionarios retenidos.