Teresa Montaño (México), Óscar Parra (Colombia), Waldo Fernández (Cuba) y una periodista nicaragüense son los informadores acogidos en Madrid este año gracias al programa de Reporteros Sin Fronteras para profesionales de la información latinoamericanos que se encuentran en peligro por ejercer su oficio.
JAIRO VARGAS MARTÍN / PÚBLICO
Una de las cuatro sillas del escenario queda vacía, aunque la voz de la periodista nicaragüense que no puede ocuparla sí se escucha. Entre los asistentes al acto, una silueta se alza y se disculpa por no poder mostrar su rostro ni dar su nombre. «Desde que estoy aquí hablando, para el régimen de Daniel Ortega estoy infringiendo la Ley 1055, que puede conllevar penas de cárcel». Se refiere a la criticada y conocida como ley de «traición a la patria», aprobada el año pasado en el país centroamericano junto a otras reformas legislativas que han ido en paralelo con una oleada de represión gubernamental contra cualquier sombra de oposición ante las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre.
«Hablar de lo que está mal en Nicaragua te puede llevar a la cárcel», incide. «También se han aprobado otras leyes restrictivas como la de «ciberdelito» y la de «agente extranjero». Todas han matado la libertad de prensa. Ser periodista independiente ya es un delito allá. El apagón informativo es histórico, no tiene precedentes», afirma.
Nicaragua ocupa el puesto 121 en la lista de países en los que Reporteros Sin Fronteras (RSF) mide la libertad de prensa. En lo que va de año ha habido 115 obstaculizaciones de coberturas, 83 de ellas con procesos penales abiertos y cinco mujeres periodistas han sufrido violencia sexual, según RSF. Más de una decena de reconocidos periodistas se han exiliado, al igual que políticos opositores, intelectuales o incluso abogados de los perseguidos. También se han cerrado y saqueado periódicos y se ha detenido a directores de medios críticos con el sandinismo oficialista. Con razón esta periodista «amenazada por el régimen» siente pavor al ver pasar a la Policía cuando está sentada en la terraza de un bar de Madrid, donde lleva acogida varios meses para escapar, aunque sea temporalmente, de esta situación.
Su voz es la de una de las personas beneficiarias del Programa de Acogida a Periodistas de América Latina que desarrolla desde hace cuatro años la sección española RSF con la colaboración y financiación del Ayuntamiento de Madrid. «Este programa es la joya de la corona«, en palabras de Aurora Mínguez, nueva presidenta de RSF, que este miércoles ha presentado en la Casa de América la cuarta edición de este proyecto. «Si por algo existimos es para proteger y ayudar a periodistas en dificultades», ha añadido. Y en América Latina son mayoría los países «donde ser periodista es una profesión de riesgo», porque casi todos los indicadores medidos por RSF están en rojo, ha recordado.
Desde 2018, Madrid ha sido el refugio temporal de 14 profesionales de la información cuya integridad y seguridad corría peligro en Latinoamérica por ejercer su oficio. Y según ha anunciado Santiago Saura, concejal del Ayuntamiento capitalino y responsable del área de Internacionalización y Cooperación de la ciudad, el programa de RSF podrá contar con una nueva edición ya presupuestada para 2022. «Es nuestro compromiso con la libertad de prensa y con los periodistas», ha dicho Saura, acompañado de la vicealcaldesa Begoña Villacís, quien ha cargado contra «involuciones» en este campo en España, con «señalamientos de periodistas» o vetos de algunos partidos a la cobertura de determinados medios de comunicación, ha ilustrado, en clara alusión a las prácticas de Vox.
México: asesinatos, secuestros y presiones políticas
A Teresa Montaño Delgado, por ejemplo, fundadora y directora de la plataforma de investigación The Observer, la despidieron el año pasado del diario para el que era corresponsal, El Heraldo de México, por presiones del Gobierno, denuncia. Con más de 20 años de experiencia, sufrió «presiones para firmar el despido voluntario» después de publicar una investigación sobre contratos millonarios para el alquiler de coches por parte del Estado de México para funcionarios y reporteros. Una partida de la que salía beneficiada también el grupo empresarial del que formaba parte el mismo periódico que la despidió.
Teresa Montaño: «Recibía amenazas y muchas mañanas tenía ataques de pánico»
«La única manera de explicar despidos así de abruptos es porque te convertiste en alguien incómodo hasta para tu propio medio. Solo se explica cuando esos medios han subvertido los principios básicos del periodismo», ha explicado Montaño.
Pero no terminó ahí la persecución. En agosto de 2020, la periodista fue víctima de un secuestro exprés, el robo de su coche, dinero y ordenadores con información sensible de sus investigaciones y recibió amenazas. «Vivir con ese miedo es algo terrible. Ya recibía muchas amenazas y muchas mañanas tenía ataques de pánico. Gestionar todo esto es muy difícil», ha explicado, con la voz entrecortada, cuando se refería a las consecuencias también para su familia. «Sin embargo, los Tribunales no han encontrado a los responsables», ha lamentado.
México ocupa el puesto 143 de la clasificación de 180 países en los que RSF analiza el estado de la libertad de prensa. Es el país donde más periodistas se asesinan y dónde más impunidad disfrutan sus verdugos. En 2020 hubo ocho informadores asesinados y en lo que va de 2021 ya son siete. Los últimos han sido Fredy López, muerto a tiros la semana pasada a las puertas de su casa en San Cristóbal de las Casas (Chiapas), y el fotoperiodista Alfredo Cardoso, secuestrado en su domicilio de Acapulco (Guerrero) y torturado antes de morir.
Sin embargo, recuerda RSF, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, «sigue estigmatizando a los periodistas durante las mañaneras, unas largas y tediosas comparecencias en las que trata de desmentir las informaciones que no se ajustan a los intereses de su presidencia. «México es un estado democrático pero sus instituciones no operan adecuadamente. Los periodistas estamos muy expuestos a la violencia; por investigar, pero también solo por ser mujer», ha criticado la directora de The Observer.
Señalado por el Ejército colombiano
«En América Latina ven a los periodistas como un enemigo porque los gobiernos no son transparentes», ha resumido Óscar Parra, periodista especializado en datos, profesor en la Universidad Nacional de Colombia y director del medio independiente Rutas del Conflicto.
Su acogida en España se debe al peligro que ha supuesto para él y para sus jóvenes compañeros de medio que el Ejército colombiano les haya acusado de mantener vínculos con grupos guerrilleros disidentes de los acuerdos de paz firmados hace cinco años por el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
Óscar Parra: «Que te señalen conlleva un peligro físico para nosotros, nuestras familias y nuestras fuentes»
«Mi caso es uno de muchos. Somos cerca de 40 periodistas perfilados por la inteligencia militar», ha advertido. Nadie sabe en qué consisten esas relaciones, porque tampoco hay transparencia en las acusaciones, lamenta el periodista. «Esto genera mucha angustia», ha subrayado. No solo por las posibles implicaciones penales que puedan tener, sino por la diana que se le coloca en un país que aún sufre continuas masacres de grupos paramilitares y otros grupos criminales organizados.
En Colombia, la violencia es una vieja y sangrienta realidad. Hasta el 20 de octubre, más de 270 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en 77 masacres, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). «Que te señalen es una amenaza enorme, conlleva un peligro físico para nosotros, nuestras familias y nuestras fuentes», ha sostenido.
La razón de este señalamiento, resume Parra, son las informaciones de su medio sobre vínculos y pagos de determinadas empresas a militares a cambio de que se investigue a líderes comunitarios que se oponen a grandes proyectos empresariales que afectan a sus territorios. Se vigila con medios y fondos del Ejército durante las movilizaciones contra las acciones de esas compañías, y posteriormente, esos líderes son víctimas de un proceso judicial, cuando no de un atentado. «Colombia es uno de los países más peligrosos para los líderes sociales que defienden el medio ambiente. La situación es bastante jodida», ha ilustrado el informador.
Colombia está en el puesto 134 de la lista de RSF sobre libertad de prensa, y ha caído cuatro puestos desde el último informe. No ha ayudado la represión de las graves protestas del pasado abril, donde se contabilizaron 220 ataques a periodistas, «la mitad de ellos por parte de las fuerzas de seguridad», ha recordado la presidenta de RSF.
Las campañas de intimidación y acoso contra reporteros que denuncian fraude y corrupción gubernamental o violaciones de derechos humanos han seguido siendo frecuentes, al igual que los espionajes o procesos judiciales «que te arruinan la vida» aunque no lleguen a nada, ha recordado Parra. Entre la censura y la autocensura, el periodismo tradicional colombiano «cada vez tiene menos credibilidad e interés» y apenas realiza investigaciones de calado en el país por el miedo de los periodistas y por la connivencia con las grandes empresas y los gobiernos, ha advertido Parra.
Cuba: prohibidos los medios privados
Para Waldo Fernández, periodista independiente en Cuba, «realizar nuestro trabajo fuera de los medios estatales ya es en sí mismo un acto de valentía». Según la Constitución cubana, todos los medios de comunicación privados están prohibidos, lo que deja a la isla caribeña en uno de los últimos puestos de la lista sobre la libertad de prensa de RSF, en concreto, en el 171 de 180.
Waldo Fernández: «Cada vez que llaman a mi puerta tengo temo que sea la Policía política con una citación»
Esto se traduce en un día a día tenso y lleno de temores, ha resumido Fernández, que ha pasado por dependencias policiales en varias ocasiones por ejercer su labor a través de internet. «Estaremos sobre ti hasta que cierres los ojos», asegura que le advirtieron en una de sus últimas detenciones. «Me han intentado procesar por multitud de delitos, incluido el lavado de dinero [por recibir pagos de medios extranjeros]», ha expuesto.
«Sí, tengo miedo. Cada vez que llaman a la puerta de mi casa tengo el temor de que sea la Policía política con una citación», ha aseverado. Porque Fernández nunca ha sido detenido mientras trabajaba, «siempre es con el paso de los días, vienen a tu casa y te citan o te llevan esposado», ha dicho.
La última vez ocurrió más de una semana después de las grandes protestas sociales que se vivieron en varias ciudades del país. No le detuvieron, pero le pusieron una multa de 2.000 pesos cubanos (unos 72 euros), «una cifra considerable en Cuba», ha detallado.
«La situación en Cuba se degrada cada día y el Gobierno de Díaz Canel no está cambiando las cosas», ha lamentado Aurora Mínguez, que insiste en la lista de «depredadores de la prensa» que elabora su organización es cada día más larga, y algunos de ellos empiezan a verse de nuevo en Europa.
Fuente: https://www.publico.es/sociedad/programa-acogida-rsf-amenaza-prensa-independiente-america-latina-nuestro-acto-valentia.html