Entre la transcendencia y la decadencia
José Ojeda Bustamante
El domingo 1 de agosto, nuestro país realizará un ejercicio inédito para nuestra joven y aún incipiente democracia mexicana; organizada, desarrollada y validada por el INE, se llevará a cabo una consulta popular nacional de carácter vinculante promovida por el presidente de la república, cuyo objeto consiste según términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el esclarecimiento de hechos pasados en México.
Esta consulta tendrá un costo de 528 millones de pesos e implicará la instalación de entre 50 y 60 mil mesas receptoras a donde todos los ciudadanos con credencial de elector vigente, podrán responder de manera negativa o positiva a la siguiente pregunta:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Para comprender los alcances y limitaciones de este mecanismo en clave política y social, analicemos la cuestión, como cada semana; desde las antípodas.
Ya en otro momento abordamos que en democracias modernas y occidentales la figura que impera es la de la democracia representativa. Sin embargo, en México a diferencia de otros países no habíamos experimentado con otras figuras complementarias al esquema democrático existente.
De esta manera, la Consulta Popular, junto con el plebiscito y el referéndum, conforman los tres mecanismos de democracia directa que se practican en el mundo occidental y que cuentan con experiencias de larga data en América Latina.
Por citar sólo algunos ejemplos, este mecanismo de democracia directa ha sido utilizado para consultar procesos de paz en Colombia, reformar las constituciones para avalar la relección en Bolivia, o para poner fin a un marco legal heredado por regímenes militares, como fue el caso de Chile.
En México para efectos prácticos, el único mecanismo aprobado y normado desde 2014 es el de la Consulta Popular, el cual se actualizó en el año 2019 al agregar a la legislación vigente el tema de la revocación de mandato a realizarse en el año 2022. Legislación que dicho sea de paso, cuenta además con un carácter vinculante, es decir obliga conforme al resultado obtenido a realizar una acción administrativa o política por parte del gobierno.
Fundamentado en el Artículo 39 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” y que por consiguiente todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, la consulta popular es un instrumento valioso, una bala de plata que bien utilizada puede generar legitimidad y abonar a nuestra democracia, pero que mal utilizada puede abrir una caja de pandora y minar la credibilidad en las instituciones.
Toca pues ponderar sus alcances y limitaciones, ya que en sí, en torno al objeto de lo consultado se puede dar un aumento de su eficacia como instrumento o de su desprestigio, como desde ya se presentan voces de diferentes actores que apuntan sobre su elevado costo y lo vago e incluso abstracto de lo que se pregunta.
Al respecto cabe mencionar que en política forma es fondo y que antes de hacer mención al elevado coste de este ejercicio democrático los que critican la iniciativa, habrían de considerar su preciso encuadre respecto a lo que justamente se pretende criticar, ya que uno de los postulados del presidente de la república ha sido precisamente la recuperación de la memoria histórica respecto al saqueo deliberado y persistente cargado de frivolidad del cual había sido objeto nuestro país.
Para ello no está de más recordar el costo de la fastuosa e inservible estela de luz del sexenio de Calderón que ascendió a 1,300 millones de pesos o los 443 millones de dólares que pagó el gobierno de Enrique Peña Nieto por la compra de Agro Nitrogenados y que hoy en día tiene en jaque a sus más visibles operadores: Alonso Ancira y el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya.
Gobernar es decidir, incluso sobre las decisiones incomodas que pueden tener costos políticos. Que el instrumento exista no necesariamente implica que se ha de utilizar a la menor provocación y esto aplica para la consulta a realizarse ya en unas cuantas semanas, pero también para otras esferas de la vida pública y la construcción de nuestras sociedades.
Ya lo decía de una manera bella el filósofo Alemán Nietzsche cuando en su obra “Así hablaba Zaratustra” nos compartió una historia sobre ese proyecto inacabado y en construcción que es el hombre, y de las figuras que crea para garantizar su sobrevivencia.
Cuenta Nietzsche que cuando Zaratustra llegó a la ciudad, vio a la gente y se sorprendió: «El ser humano —dijo— es una cuerda, atada entre el animal y el sobrehumano, una cuerda sobre el abismo. Un peligroso sobrevuelo, un peligroso estar de camino, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y quedarse quieto. Lo que es grande en el ser humano es que es un puente y no un fin: lo que puede amarse en el ser humano es que es una transcendencia y una decadencia».
En nuestra Democracia, por consiguiente, no necesitamos melancolía del pasado o cinismo del presente. Necesitamos puentes que con distancia histórica planteen instrumentos que generen más y mejor democracia.
@ojedapepe