REDACCIÓN
Luego de una audiencia de 13 horas en la Casa de Justicia para deslindar responsabilidades del fraude cometido en la venta ilegal de predios de la ex fábrica La Covadonga en el Municipio de Puebla, el despacho de la parte demandante «Fundación Julita y Antonio Del Valle Institución de Asistencia Privada IAP» a cargo del abogado Jesús González Schmal envío a los medios de comunicación la siguiente «Nota de Prensa»:
A diferencia de los de cuello blanco del cartel inmobiliario de CDMX, el cartel poblano está encabezado por gavilleros que han destapado la cloaca de los primeros funcionarios públicos que son parte de esta mafia.
En el desarrollo de la causa penal seguida contra los invasores de los terrenos de la Covadonga, ya salieron los primeros funcionarios implicados que se prestan para pretender dar legalidad al desordenado desarrollo urbano y con ello evitar un desarrollo sostenido y sustentable y poniendo en riesgo la calidad de vida de más de 400 familias que con la ilusión de adquirir una casa o un negocio ven truncado su sueño por la complicidad de las autoridades.
Uno de ellos es el Notario Público número 4 de San Pablo del Monte, que sin verificar que el vendedor sea el legítimo dueño de los terrenos que se comercializan, realiza trámites notariales y con ello perfeccionan la simulación de un contrato de compraventa legítimo.
También ya salió involucrado el Director Jurídico de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, pues en la causa penal que se ventila por el citado despojo, ha sido omiso en presentar las denuncias por los delitos contra el desarrollo urbano respecto del asentamiento humano irregular en los terrenos de la Covadonga, así como de su omisión de presentar la denuncia en contra de los invasores por haber quebrantado los sellos de clausura que hace dos meses fueron colocados por la autoridad ante la falta de permisos y autorizaciones, todo ello en desacato a la instrucción que el titular de esa Secretaría, le dio para presentar dicha denuncia.
Otros miembros de la organización criminal, son algunas autoridades del Registro Público de la Propiedad de Cholula, ya que empleados de esa dependencia que cuentan con firma o clave electrónica para ingresar al sistema SIREP, crearon folios reales inmobiliarios sin contar con las escrituras que los respaldan. Por lo que la titular del registro ya ordenó tomar cartas en el asunto e investigar quien o quienes ilegalmente alteraron la base de datos electrónica de esa oficina.
La corrupción ha permeado diversas instancias gubernamentales afectando el orden público, su desarrollo urbano, la paz y el la tranquilidad de adquirir una propiedad; el que autoridades sirvan a un cartel inmobiliario deber ser visto con preocupación, si el gobierno del estado de puebla no se involucra en poner un alto a estos criminales y accionar todo el aparato administrativo en el que cuenta e investigar las actuaciones irregulares de las autoridades involucradas.