Por Jesús Manuel Hernández
Las palabras del gobernador de Puebla rumbo al proceso electoral del 6 de junio dejan entrever que sabe mucho de las posibilidades de actos violentos que pueden llevar a la judicialización y quizá al riesgo de anular el proceso con lo que el ambiente se llevaría al extremo.
La violencia ha estado presente desde hace varias semanas al menos en el entorno de la selección de candidatos por la capital. El ataque en despoblado quizá sea el sello de la contienda, que para muchos es alimentado intencionalmente y no producto de la casualidad.
Un espíritu de las viejas “tribus” perredistas parece rondar las mesas donde se toman las decisiones, desde donde emanan las órdenes.
Los poblanos de antes tienen la piel curtida por los hechos del pasado cuando el robo de urnas ante el riesgo de la derrota, desató confrontaciones. Ejemplos sobran, aunque muchos de los actores ya estén tres metros bajo tierra.
Pero el más reciente acontecimiento fue precisamente hace 3 años cuando se dio una extrema violencia en Puebla, como hacía muchos años no sucedía, quizá de cuando los cacicazgos dominaban la selección de candidatos y por supuesto el resultado, desde antes se sabía quién ganaba.
Una premisa es clara en este sentido, el ejercicio de la violencia proviene siempre de quien tiene el temor de perder, -baste citar los números conocidos de votos favorables a Barbosa con diferencia de Martha Erika Alonso lo que obligó al robo de urnas y actos provocativos para alejar a los electores de las casillas- quien inicia las acciones que desencadenan la violencia son aquellos candidatos que ven un enorme riesgo de perder y con ello una cadena de efectos que cambian el escenario, en este caso, la violencia mancharía el proceso, ofertaría hechos para judicializar las elecciones y luego el riesgo de nulificar, derivado de modificaciones a las leyes electorales.
El caso es que por suerte es el propio gobernador quien advierte de los riesgos y expresa su voluntad de intervenir para evitar actos violentos el 6 de junio, con lo cual surgen los especuladores.
¿A quién le conviene que se judicialice el proceso? ¿A los candidatos acaso, al ganador, al perdedor, a quien no contendió?
En esa lógica parece que se localiza la conclusión del silogismo. Habrá que cuestionarse quién saldría beneficiado de que el proceso se anulara, lo que queda claro es que ni al Presidente López Obrador ni a su proyecto le traería beneficio.
O por lo menos, así me lo parece.