Los eurodiputados votan una resolución, con Los Verdes en contra, que busca unos estándares comunes para proteger los derechos fundamentales de las personas que ejercen la prostitución, en su inmensa mayoría mujeres.
MARÍA G. ZORNOZA / PÚBLICO
«Nunca conseguiremos la igualdad de género mientras aceptemos comprar el cuerpo de una mujer y la prostitución», afirma la sueca Helene Fritzon, vicepresidenta del Parlamento Europeo y responsable de temas de igualdad. La Eurocámara vota el jueves, previo debate el día anterior, una resolución que pide estándares europeos comunes en los 27 para garantizar los derechos fundamentales de las personas que se dedican a la prostitución.
A priori, el escrutinio saldrá adelante con los votos del Partido Popular Europeo, los Socialdemócratas y la Izquierda. Las filas de los liberales de Renovar Europa están divididas, mientras que el grupo de Los Verdes está en contra; su argumento es que cada persona debe tener la capacidad y el derecho de elección.
Siete eurodiputados de las familias S&D, Verdes y Renovar Europa han reflejado en el borrador una opinión minoritaria en contra del texto por considerar que términos como «prostitución» denotan juicios de valor y llevan adheridas connotaciones de criminalidad e inmoralidad, «estigmatizando a una comunidad marginada». Se muestran en contra de criminalizar cualquier aspecto de lo que denominan «trabajo sexual», alegando que fomentará la clandestinidad y la explotación.
El texto pide más medidas, tanto a nivel nacional como europeo, para proteger a estas personas, que en más del 90% de los casos son mujeres vulnerables, dado que el grueso de la actividad de la prostitución deriva de la trata y del tráfico de mujeres.
Por ello, instan a la Comisión Europea a legislar para establecer estándares comunes a lo largo y ancho del bloque comunitario que garanticen la seguridad y los derechos fundamentales de las personas que ejercen la prostitución. «Es el momento de que la Unión Europea frene este tipo de comercio. Estamos orgullosos del Mercado Interior, pero debemos parar el comercio con el cuerpo de la mujer dentro de él», reclama la eurodiputada alemana Maria Noichi, que denuncia en una charla con periodistas el «silencio de los sindicatos» en este tema.
En paralelo, aboga por crear campañas de prevención y de concienciación para reducir la demanda y por impulsar programas de salida y de reinserción en la sociedad. «Estas personas se enfrentan a la amenaza constante de persecución policial y judicial, y son marginadas y estigmatizadas», subraya la declaración.
Violencia y economía sumergida
El debate sobre la prohibición o no de la prostitución genera muchas divisiones sociales y políticas que generan fricciones dentro del propio feminismo. Y tiene muchas arterias: estigma, salud, violencia, pobreza, nacionalidad o situación de vulnerabilidad. El texto enfatiza que las mujeres que ejercen la prostitución se enfrentan a más vulneraciones de derechos humanos que la media. Un estudio de 2013 elaborado por el Ministerio Federal alemán de Familia, Mayores, Mujer y Juventud revelaba que el 41% de las mujeres prostituidas encuestadas habían sufrido violencia física o sexual en el contexto de la prostitución.
Noichi denuncia que, en su país natal, Alemania, el 90% de las personas que ejercen la prostitución son extranjeras. En esta línea, la resolución pide un enfoque global europeo para que la demanda y el mercado de la prostitución no se trasladen sin más de un Estado miembro a otro y las mujeres puedan estar protegidas frente a la explotación. Y para que las mafias no utilicen el aval o el resquicio legal para aprovecharse de las condiciones en países más pobres.La vía abolicionista, bajo la consigna de que sin demanda no hay prostitución, ha triunfado en Suecia. Es el modelo al que aspiran los impulsores de la resolución
Un informe reciente del Parlamento Europeo hace una radiografía de la situación a nivel europeo: los traficantes de personas son predominantemente hombres, muchos de ellos forman parte de mafias de China o Nigeria que se aprovechan de la libre circulación de Schengen para explotar a mujeres y niñas.
También se quiere abordar el componente lucrativo y la economía sumergida derivados de una actividad que mueve miles de millones de euros. En el centro de Bruselas, cerca de Gare du Nord, alquilar una ventana para ejercer la prostitución cuesta 250 euros al día. Para poder pagar la factura se necesitan entre 150 y 200 clientes al año, mientras que el propietario se embolsa unos 360.000 euros anuales.
En la era digital, la industria está pasando a las pantallas a un ritmo acelerado. Con un solo clic es fácil y accesible contratar cualquier servicio. Tras la irrupción de la guerra en Ucrania y su éxodo posterior, se multiplicaron los mensajes en la red que anunciaban la llegada de «carne fresca procedente de Ucrania».
Una UE dividida en su regulación
Entre los 27 Estados miembros, el marco regulatorio de la prostitución es muy dispar. En Austria, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia y Países Bajos está legalizada y regulada. En Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España es legal, pero no está regulada. En Croacia y Rumanía está penada. En Francia, Irlanda y Suecia se considera que pagar por ello es delito y se castiga a los clientes. El caso más radical lo encontramos en Lituania, donde es delito tanto por parte de las personas que la ejercen como por los clientes.
El modelo al que aspiran los impulsores de la resolución que se vota esta semana es el sueco. La vía abolicionista, bajo la consigna de que sin demanda no hay prostitución, ha triunfado en el país. Lleva 24 años en marcha y los datos revelan que esa demanda se ha reducido (del 13,6% al 7,9% entre 1995 y 2008) y que hay consenso generalizado en la sociedad y entre los partidos políticos.
Es aquí donde se mira el PSOE para impulsar una nueva ley en España. Por su parte, Bélgica se convirtió el año pasado en el primer país europeo y el segundo del mundo en despenalizar la prostitución, dando a las trabajadoras del sexo los mismos derechos que a los trabajadores autónomos, algo que solo hace Nueva Zelanda.