Continuará promoviendo la militarización de tareas civiles, señala.
EDUARDO ORTEGA / EL FINANCIERO
El principal riesgo político hacia el final del sexenio es la “creciente radicalización del presidente Andrés Manuel López Obrador”, cuyos principales objetivos son asegurar el triunfo de su partido en 2024 y, con ello, garantizar la continuidad de su proyecto político, aseguró Integralia Consultores.
De acuerdo con la consultoría encabezada por Luis Carlos Ugalde, el oficialismo pondrá en marcha acciones para debilitar a los contrapesos del Ejecutivo, a las autoridades electorales y a las oposiciones, al tiempo de exacerbar la polarización e intensificar las movilizaciones sociales con fines político-electorales.
“En consecuencia, será un año de riesgo político alto”, se concluye en el reporte Diez riesgos políticos para 2023, el cual prevé dos riesgos de “muy alta” probabilidad de ocurrencia: el oficialismo intensificará los embates contra la autonomía y eficacia del Instituto Nacional Electoral, y los grupos criminales aprovecharán los procesos electorales para imponer o extender acuerdos con las nuevas administraciones, con el fin de operar con impunidad.
Integralia estima, por otra parte, cinco riesgos que tendrán una “alta” probabilidad de que ocurran; entre ellos se encuentra la intensificación de los actos anticipados de precampaña de los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República.
Asimismo, se prevé que la hegemonía regional de Morena se agudizará con el triunfo electoral en al menos una de dos entidades federativas en disputa; el Ejecutivo continuará promoviendo la militarización de tareas y responsabilidades civiles, lo que acrecentará la dependencia del gobierno hacia las Fuerzas Armadas y propicia más su empoderamiento político y económico, y en el quinto año de gobierno, continuará el aumento de percepción y de ocurrencia de corrupción, así como la omisión de fortalecer las capacidades institucionales para combatirla.
Como un riesgo “alto” se proyecta que continúen las tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá, por diversas disputas en el marco del T-MEC, las cuales derivan en deterioro económico e incertidumbre jurídica, particularmente por la política energética y la prohibición de importación de maíz transgénico.
En ese sentido, de instalarse paneles de controversias en 2023, advierte la consultoría, México tendría altas probabilidades de perder en ambos temas, lo que resultaría en afectaciones para inversión privada.
En un rango de “media” probabilidad de que ocurra se encuentran los siguientes riesgos: el Ejecutivo mantendrá los ataques contra el Poder Judicial de la Federación; una recesión en Estados Unidos, además de que las finanzas públicas se tornarán más vulnerables.