Policías, soldados y marinos activos y en retiro buscan crear un partido político para hacer escuchar sus propuestas en materia de seguridad pública. En este proceso electoral 2024 dos integrantes de esta organización aspiran al Senado como “candidatos no registrados”.
Gabriela Hernández / Proceso
PUEBLA, Pue. (Proceso).– Policías y elementos de las Fuerzas Armadas en activo y en retiro se organizan para crear un partido político en 2025.
Rechazados por los órganos políticos tradicionales, elementos de esa nueva organización participarán en las elecciones del 2 de junio próximo bajo la figura de “candidatos no registrados”.
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De acuerdo con los entrevistados, su incursión en la política busca proponer iniciativas que se hagan realidad para mejorar las condiciones de vida y laborales de policías, militares y marinos, así como planes en materia de seguridad pública para el país, basados en su experiencia en campo. “Los partidos y sus candidatos querían sumarnos para obtener nuestro voto y sólo ofrecen ocurrencias o estrategias inviables”, critican.
Así, en el actual proceso electoral los policías inactivos Sergio Iban Torres Bravo y Juan Carlos Mendoza Quiroz, con 32 y 27 años de trayectoria, respectivamente, participan de manera inédita como candidatos no registrados al Senado por el estado de Puebla.
El 25 de abril último esta organización ya tuvo sus primeras asambleas en Puebla, en las que nombraron a dirigentes estatales y municipales. La intención, agregan, es agruparse con otras asociaciones ciudadanas, como la Organización Mundial de Pueblos Originarios, la Asociación Ciudadana Agraria y el Colectivo de Ecoproductores Cuatlicue.
Los militares que se han sumado a este proyecto político argumentan no estar de acuerdo con el papel que se le ha dado al Ejército en este sexenio, donde lo mismo “son gaseros, albañiles o administradores”, funciones que, consideran, han degradado a la institución.
Aseguran que la encomienda que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de estar a cargo de grandes obras como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, dio paso a actos de corrupción de los altos mandos castrenses, mientras que la tropa subsiste en condiciones precarias.
Una militar integrante de este movimiento –quien solicitó hablar bajo reserva de su identidad– explica que, aunque hay becas y prestaciones asignadas a la milicia, en su mayoría estos beneficios son acaparados por la élite, y son pocos los que llegan a los mandos medios y rasos.
Candidatos no registrados
Torres Bravo, aspirante al Senado, cuenta con dos maestrías y dos doctorados. Comenzó su carrera como policía raso hasta ser comisario en San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y San Matías Tlalancaleca.
En entrevista, menciona que fue la difícil situación laboral que vive la mayoría de los uniformados, en particular los municipales, lo que generó que integrantes de corporaciones policiacas y militares se empezaran a organizar en el país y buscar la manera de llegar al Poder Legislativo para hacerse escuchar.
Torres es el presidente de la Red Nacional de Asociaciones Policiales y del Consorcio Internacional de Consultores en Estudios de Prevención del Delito y Seguridad Pública.
Cuenta que también están articulados con organizaciones como Centuriones de Hermosillo, Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México, Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de la Justicia y la agrupación Disciplina Lealtad Civil (DLC).
Relata que, cuando el Frente Amplio por México anunció que se abriría a la participación ciudadana, policías de 22 estados acordaron en votación que lo apoyarían a él para que contendiera en el proceso interno para elegir candidato presidencial, en el cual finalmente fue designada Xóchitl Gálvez.
Luego, agrega, al ver que las tres opciones partidistas definieron sus candidaturas con “los mismos de siempre”, sin abrir realmente espacios a los ciudadanos, buscaron registrarse como aspirantes independientes, pero se toparon con múltiples trabas de las autoridades electorales, hasta que decidieron que la única figura legal que les quedaba era la de “candidatos no registrados”.
En ese contexto buscaron a más agrupaciones ciudadanas del país que igual no tuvieron otra vía para participar en los comicios de 2024. Asegura que son alrededor de 120 ciudadanos de distintas entidades del país los que actualmente hacen campaña como candidatos no registrados en un movimiento encabezado por Gerardo Ferrétiz de León, quien se promueve por la Presidencia de la República.
En Puebla, además de Torres y Mendoza, otros dos ciudadanos contienden por un cargo de elección popular mediante esa figura.
Por la gubernatura participa el activista en derechos humanos Ángel Manuel López Rafael y por la alcaldía de Cuautlancingo, el empresario Javier López Sevilla.
Al carecer de los recursos que sí disponen los candidatos oficiales, los policías inactivos exponen que la estructura con la que cuentan son sus propios excompañeros de corporación, mientras que sus campañas políticas las realizan vía redes sociales y en medios de comunicación.
Critican propuesta de partidos
Para esta organización de policías y militares en activo y en retiro no hay nada más que ocurrencias y programas inviables en las propuestas de los políticos tradicionales en materia de seguridad pública.
Como ejemplo, exponen que hay candidatos que proponen instalar más cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad, cuando una persona sólo puede monitorear, a lo mucho, tres aparatos al mismo tiempo.
“Si proponen tres mil nuevos artefactos de este tipo para Puebla, eso implicaría la contratación de tres mil nuevos elementos para que haya una vigilancia efectiva en tres turnos”.
También están los ofrecimientos que políticos hacen campaña tras campaña a los uniformados, como aumento de sueldos, capacitación y equipamiento; y que en los hechos “sólo quedan en simulaciones”, denuncian.
Torres explica que una auténtica propuesta en materia de seguridad debe partir de un nuevo modelo de policía que esté coordinado a un modelo de seguridad pública nacional. Califica como un error que el gobierno federal tenga una Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero use a los militares en tareas contra el crimen.
No hay una coordinación, agrega, porque cada gobierno estatal implementa sus estrategias a modo, y la llamada mesa de coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad, en los hechos, se trata sólo de un desayuno en donde se da un “parte de las novedades”.
Despolitizar a la policía
Juan Carlos Mendoza inició su carrera policial como custodio y logró ocupar distintos cargos en la policía estatal. A su paso por la corporación, relata, pudo constatar las diferencias entre policías operativos y los excesos que cometen directores y jefes, así como los abusos y extorsiones de los que son objeto los elementos de bajo rango.
Denuncia que las condiciones de los policías en Puebla pueden ser deplorables: además de percibir bajos salarios, en muchos municipios tienen que comprar sus uniformes, calzado y equipo, tienen que cubrir horarios agotantes, no les brindan alimentos dignos, carecen de sanitarios e instalaciones funcionales por lo que tienen que dormir en cartones o sentados en las patrullas.
La mayoría de los integrantes de los cuerpos policiales, en particular los municipales, dice, carecen de prestaciones como seguro social, vivienda, Fonacot y seguro de vida. Tampoco tienen derecho a jubilación.
Mendoza también expone que cada tres años, con la llegada de un nuevo gobierno, los uniformados viven en la incertidumbre de quedarse sin trabajo. Si mueren en servicio, lo más común es que sus familias sólo reciban el pago de gastos funerarios o tres meses de sueldo como compensación.
Sergio Torres añade que, aunque está establecido que a trabajo igual corresponde salario igual, para todos los policías a nivel nacional se aplican las mismas obligaciones y requisitos a cumplir, pero los salarios y prestaciones que perciben son diferentes.
Hay elementos en Monterrey que ganan 30 mil pesos, mientras que en municipios de Puebla les pagan cuatro mil 500 mensuales.
Indica que, al no respetarse la carrera profesional de servicio, los puestos directivos son ocupados por personas que llegan por razones políticas o compromisos de campaña y muchas veces carecen de conocimientos y capacidades para resolver los problemas de seguridad pública.
“La mayoría de los mandos no sabe sobre seguridad pública y son ellos los que regularmente hacen acuerdos con los grupos delictivos. Llegan para hacer dinero y se van. Son cargos que se entregan porque van a redituar al presidente municipal o al gobernador”, denuncia el candidato.
De manera paradójica, una de las principales propuestas de los policías-candidatos es precisamente “despolitizar” la seguridad pública y las corporaciones.
“Mientras existan las decisiones políticas, mandos impuestos por políticos y la seguridad sea un botín partidista y económico, no va a mejorar la situación actual del país”, expone Mendoza.
Torres asegura que en México sí hay policías con vocación y que muchos de ellos se han capacitado con maestrías y doctorados, pero en la mayoría de los casos esos perfiles son desaprovechados porque los mandos no quieren ser “opacados” o “contrariados”.
Así, buscan que se respete la carrera policial, se paguen salarios dignos y prestaciones para los integrantes de las corporaciones porque, afirman, en la medida que los policías sientan pertenencia a la institución, y tengan una posibilidad de jubilarse, se reducirán los riesgos de corrupción e infiltración, y eso les incentivará a profesionalizarse.