MARISA CRUZ / EL MUNDO
179 votos a favor, 171 en contra y ninguna abstención. Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno con el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados y tres más. Los escaños de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria le han abierto de nuevo las puertas de La Moncloa con cuatro años por delante que ya se vislumbran difíciles, sometidos a las exigencias de todos ellos y muy especialmente del independentismo catalán que ayer mismo, esgrimiendo sus votos imprescindibles, ya le advirtió frente a la tentación de jugar con la suerte.
Hoy mismo, la portavoz de Junts Miriam Nogueras volvió a incidir en que la negociación con el PSOE tendrá que ser «diaria» y que «con cada acuerdo que se cumpla, Cataluña tendrá que estar más cerca de la independencia». Desde Bruselas, Carles Puigdemont respaldó a su portavoz en el Congreso y aseguró que lo hace «muy bien».
Sánchez afronta ahora la labor de formar un nuevo Ejecutivo que se presume más corto que el que ha tenido hasta la fecha, más político y más entrenado para desplegar un relato construido sobre dos pilares: el enfrentamiento radical con la oposición, a la que espera rodear con un cordón sanitario y, la negociación, en aras del «reencuentro» y la «convivencia», con los secesionistas.
La legislatura, bautizada gracias a la concesión de una amnistía a los condenados y encausados por el proceso soberanista catalán, estará tutelada por minorías que no reúnen más allá del 6% de los votos, pero que han logrado imponerse aprovechando la necesidad del líder socialista de contar con sus escaños para seguir en el poder. Y cuenta ya con un ambiente en contra en la calle, con manifestaciones multitudinarias en contra de la amnistía como las que se produjeron en toda España el pasado domingo y que se volverán a repetir este sábado en el centro de Madrid.
El nuevo presidente del Gobierno fiel a la teoría que propugna «hacer de la necesidad virtud» ha aceptado todas las condiciones y exigencias planteadas por el independentismo y el nacionalismo. Las más onerosas política, económica y socialmente son las que ha puesto sobre la mesa Carles Puigdemont, el prófugo al que un día Sánchez prometió traer de vuelta a España en unas condiciones muy distintas a las que le brinda ahora con el borrado completo, sin pasar por los tribunales, de sus presuntos delitos.
El líder socialista, aplaudido con entusiasmo por sus diputados, buena parte de los cuales, al igual que él, renegaban hace apenas unas semanas de la posibilidad de conceder una amnistía y hoy la aceptan con fervor, ha escuchado por boca de todos sus nuevos socios la advertencia de que no tiene en la mano un «cheque en blanco».
También, a resultas del discurso frentista que dedicó al primer partido de la Cámara, el PP, ya sabe que Feijóo no le dará, si lo necesita, oportunidades de pacto, porque Sánchez, en estas dos jornadas ha empeñado la mayor parte de sus intervenciones, al margen de cuál fuera su interlocutor, a hacer una oposición implacable a los populares, a arremeter contra los gobiernos que presidieron y a atacar a los actuales ejecutivos autonómicos que encabezan.
En las intervenciones del ya nuevo presidente han abundado palabras como «diálogo», «reencuentro», «convivencia», «pluralismo», «progresismo», «avance» para referirse al futuro que empieza a liderar con sus nuevos socios. Y respecto al pasado con él al frente del país ha hablado de «logros indiscutibles» y sólo «errores involuntarios». Todos los males, incluida la intentona secesionista de 2017, se los ha atribuido al PP a quienes ha acusado de sembrar «odio» y «discordia» y a los que insistentemente ha metido en el saco de la «ultraderecha».
A lo que no dedicó ni un minuto Sánchez fue a explicar su abrupto «cambio de opinión» respecto a la amnistía que antes consideraba incompatible con la Constitución y ahora enarbola como el paso imprescindible para la reconciliación y la resolución del «conflicto político» catalán. Tampoco nombró ni en una sola ocasión a Carles Puigdemont ni a Oriol Junqueras, líderes ambos de los partidos con los que ha suscrito una alianza para poder reeditarse al frente del Gobierno.
Sánchez emprende así un nuevo mandato encadenado a independentistas y nacionalistas. Un mandato en la cuerda floja que tiene que superar dos test de estrés inminentes: la aprobación de la ley de amnistía frente a todos los recursos de inconstitucionalidad que se presenten contra la misma y el alumbramiento de unos Presupuestos del Estado que acomoden las peticiones económicas de todos sus aliados y además prevean la vuelta a las reglas fiscales que ya se dibujan en la Unión Europea. Un mandato, finalmente, en el que tendrá enfrente al Senado, donde su rival, Feijóo, goza de mayoría absoluta; a 13 de las 17 comunidades autónomas gobernadas por los populares y a buena parte de la calle que protesta contra sus pactos.
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El nuevo presidente del Gobierno ha dinamitado en su debate de investidura todos los puentes con el ya líder de la oposición, capaz de aglutinar sin dificultad 172 votos en su contra, lo que le obliga a conseguir para cada una de sus iniciativas la renovación de la mayoría absoluta que hoy le ha arropado. En la nueva aritmética que dominará el Congreso de los Diputados se evidenciará la relevancia del independentismo catalán porque bastará que Junts o ERC le den la espalda para que su Gobierno se tambalee e incluso caiga.
Para conseguir su investidura, el socialista ha firmado extensos pactos con sus nuevos socios que más allá de la amnistía, contemplan multitud de traspasos competenciales, contraprestaciones financieras y mesas de negociación sobre reclamaciones identitarias que incluyen, incluso, abordar el debate del derecho de autodeterminación. Sobre su cumplimento pondrán todos la lupa porque todos también han advertido en el curso de estas dos jornadas que no confían en su palabra.
Fuente: https://www.elmundo.es/espana/2023/11/16/6555e2bfe9cf4a4c0a8b4572.html