México y Guatemala son los únicos países que han experimentado una disminución en sus puntuaciones generales desde el primer reporte, en el 2019.
ARTURO ROJAS / EL ECONOMISTA
México se ubicó en el lugar 12 de 15 naciones de América Latina (AL) medidas en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023, elaborado por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, con una puntuación de 3.87, en una escala de 0 a 10, en donde ésta última cifra significa que el país tiene mecanismos fuertes para la lucha contra el flagelo.
Por cuarto año consecutivo, México disminuyó su puntaje en el informe realizado por las organizaciones; entre 2022 y 2023 pasó de 4.05 a 3.87.
Según los datos del informe, México obtuvo este año calificaciones inferiores en los tres ámbitos evaluados por el Índice en comparación con el año anterior:
En el rubro de Sociedad Civil y Medios de Comunicación, en donde se mide la movilización de ONG en combate a la corrupción y mejoras en la educación, en la edición anterior el país obtuvo una calificación de 6.22; para este año fue de 5.62.
En Democracia e Instituciones Políticas, que analiza los procesos legislativos y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas políticas, la puntuación disminuyó también de 3.72 a 3.62.
En tanto que en Capacidad Legal, que contempla rubros como qué tan garantizada está la independencia judicial y el acceso a la información, se redujo de 3.68 a 3.56 puntos.
El ranking de este año es liderado por Uruguay (6.99); Costa Rica (6.76) y Chile (6.67). En contraparte Guatemala (2.86); Bolivia (2.56) y Venezuela (1,46), ocupan los últimos lugares.
ONG y medios
El estudio anual resaltó la disminución en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, la cual atribuyó a que estos sectores se enfrentan a condiciones adversas, que incluye la tasa más alta de violencia contra periodistas, fuera de Ucrania.
Asimismo, se señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha protagonizado constantes ataques contra periodistas y miembros de la sociedad civil.
Esto se suma a las acusaciones sobre el uso del software espía Pegasus, que ha sido utilizado contra periodistas, activistas y funcionarios gubernamentales encargados de los derechos humanos, a pesar de las negativas por parte del Estado.
En el ámbito político, se destacaron las protestas masivas contra la reforma electoral propuesta por el jefe del Ejecutivo, la cual buscaba, entre otras cosas, reducir los recursos del Instituto Nacional Electoral.
En cuanto a la capacidad legal, se mencionó la postura López Obrador hacia organismos independientes como el INE y el Instituto Nacional de Transparencia, este último operando sin el quórum necesario desde abril de 2023, cuando el mandatario vetó a los comisionados nombrados por el Senado.