La cabeza del Supremo aprovecha su último informe de labores para describir el ambiente de hostilidad creado por el oficialismo como caldo de cultivo para sacar adelante la reforma judicial
Zedryk Raziel / El País
La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha hecho por primera vez un duro y abierto posicionamiento contra la reforma judicial, instaurada en México por Morena y con la que la elección de todos los jueces será sometida al voto popular a partir de 2025. Piña, que como cabeza del Poder Judicial había mantenido un perfil moderado, ha descrito en su informe de labores anual cómo se comenzó a gestar un ambiente de ataque y persecución a los jueces desde que Morena llegó a la presidencia de México, en 2018, con el objeto de socavar la independencia del Poder Judicial. Ha señalado que los ministros del Supremo han sido tachados de “traidores del pueblo” y corruptos por anular leyes y reformas que no fueron tramitadas debidamente en el Congreso. Ha afirmado que la enmienda judicial se ha implementado sin un diagnóstico previo y que su implementación coloca a México frente a un escenario desconocido a nivel mundial. Aunque no queda mucho por hacer, dado que la reforma ya está en la Constitución, Piña ha utilizado la que quizá sea su última oportunidad para alzar la voz.
“La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó —inclusive de manera violenta— cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de los juzgadores federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes”, ha señalado Piña, en referencia —aunque sin mencionarlo explícitamente— al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente solía utilizar su popular Mañanera para exhibir a los jueces que lo mismo ordenaban la suspensión de uno de sus megaproyectos de infraestructura o la liberación de un presunto delincuente por deficiencias en su captura.
Piña, que ha dado su discurso frente a algunos ministros del Alto Tribunal y representantes del Gobierno de Claudia Sheinbaum, ha afirmado que el proyecto de la reforma judicial nació cuando la Suprema Corte falló contra casos considerados por el oficialismo como de interés nacional y necesarios para la transformación de la vida pública, uno de los leitmotivs de Morena. “Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y a sus integrantes, y al legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional, se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del Gobierno, se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador— de un proyecto político dominante”, ha referido Piña.
La ministra ha reseñado los tres fallos del Supremo que sentaron las bases para que Morena diera impulso a la reforma judicial. Primero, la anulación del cambio legal que pretendía pasar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo policiaco de naturaleza civil. Segundo, la anulación del decreto presidencial por el cual López Obrador pretendía blindar la información relativa a los proyectos de infraestructura prioritarios, haciéndolos pasar como “de seguridad nacional”. Tercero, la anulación de la reforma electoral —el “Plan B”— que fue aprobada con un enorme desaseo procedimental en las dos Cámaras del Congreso, donde Morena tiene la mayoría. “Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, los ministros que votamos en contra de lo que el Gobierno percibió como contrario a su proyecto político fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco”, ha señalado la jueza.
Piña ha referido que desde que se presentó la reforma judicial se volvió una práctica generalizada de las autoridades “violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales, en contravención directa de la Constitución; desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular; y amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”. La ministra ha sostenido que esos ataques contra la independencia judicial constituyen “una muy peligrosa práctica antidemocrática” que incluso ha sido señalada por la Relatora de la ONU para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite.
La ministra ha indicado que la enmienda judicial se ha procesado sin un diagnóstico de los problemas que supuestamente pretende resolver. Piña ha citado como ejemplo la crítica recurrente a que hay demasiadas personas en prisión a la espera de una sentencia. “¿No es esto precisamente lo que ocasiona en gran medida la prisión preventiva oficiosa, que más que en ningún otro periodo de la historia de México se ha impulsado y continúa promoviéndose actualmente?”, ha cuestionado, en referencia a la férrea defensa del oficialismo de esa medida que obliga a los jueces a encarcelar a presuntos culpables antes de que concluya su juicio.
Piña ha señalado que el Gobierno impulsó la militarización de la Guardia Nacional con el argumento de que las policías y las fiscalías de los Estados son incapaces de hacer frente al crimen organizado. De nuevo, ha preguntado la ministra: “¿Por qué entonces todos los esfuerzos se han concentrado en la transformación del Poder Judicial Federal? ¿Dónde están las propuestas para remediar los profundos problemas de las instituciones policiales y las fiscalías, así como la atención a los millones de víctimas de delitos en México y quienes, por otra parte, viven el horror del sistema penitenciario?”. Antes de la reforma judicial, la persona que presidía la Corte debía presentar un informe de labores al término de cada año. Piña ya no estará al frente del Supremo cuando concluya 2025. Su periodo terminará anticipadamente, cuando deba entregar la toga a algún ministro electo por voto popular.